domingo, 29 de abril de 2012
sábado, 28 de abril de 2012
martes, 24 de abril de 2012
Argentina expropia petrolera española(1)
A diferencia del respaldo unánime cosechado por
Argentina en América Latina a su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas,
la decisión de expropiar 51 por ciento de la petrolera YPF, controlada por la
española Repsol, mostró las posiciones muy diversas que conviven en América
Latina.
México, cuya empresa estatal de hidrocarburos Pemex tiene 9.49 por ciento de las acciones de la firma trasnacional Repsol, fue sorprendido por la medida en vísperas de la llegada a Puerto Vallarta, en el occidente de ese país, del presidente del gobierno español Mariano Rajoy, quien asistió al capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial de 2012.
Rajoy viajó luego a
"Aquí no expropiamos, presidente Rajoy", lo tranquilizó el mandatario anfitrión durante un encuentro empresarial en el que expresó la necesidad de su país de captar "la experiencia y los capitales" de los consorcios españoles.
Desde el foro de Puerto Vallarta, también el ministro de Economía de Chile, Pablo Longueira, se manifestó en discordancia con la medida de Fernández al indicar que "daña las futuras inversiones en América Latina".
"La decisión
Pero la gran mayoría de los países latinoamericanos eligieron fórmulas evasivas respecto
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que era "un tema entre Argentina y España", mientras que su par de Brasil, Dilma Rousseff, sostuvo categóricamente que no interfiere en los asuntos de otros estados, por lo cual su gobierno no emitirá opinión alguna.
Los matices y divergencias expresadas ante la decisión de Argentina respecto de YPF contrastaron con el clima de entendimiento, no sin discusión, que reinó en la VI Cumbre de las Américas de hace apenas una semana en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, con Santos llamando a destacar el potencial de la región a partir de una unidad "que no supone uniformidad".
El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el argentino Carlos "Chacho" Álvarez, dijo que "cualquier estrategia de mayor integración o de cooperación en la región debe apoyarse en la premisa básica de la pluralidad y la diversidad de proyectos y modelos".
"Nadie puede indicar a un país qué línea debe seguir ni hay una matriz modélica latinoamericana a la que todos deban ajustarse", remarcó. "Cada uno tiene su trayectoria histórica, su contexto, su sistema productivo y la legitimidad social de su proyecto", explicó.
Argentina expropia petrolera española(2)
En ese escenario de diversidad, lo que rescata Álvarez es que "hay una revalorización de América Latina", que por primera vez en su historia logra conciliar regímenes democráticos en casi todos los países, con crecimiento sostenido de las economías y reducción de los índices de pobreza, indigencia y marginalidad.
Los gobiernos "tienen una mayor vocación de avanzar en la cooperación, ya que la integración es más difícil", admitió y lo hacen conscientes de que la región en su conjunto "es observada por su potencial económico".
"América Latina comienza a gobernarse a sí misma, ya no hay tutelajes políticos o económicos, ni somos campo propicio para las inversiones de un determinado país. Hay otros polos, como Asia-Pacífico. No se puede seguir pensando la realidad con premisas de hace 20 años", observó.
Por su parte, Federico Merke, profesor de ciencias políticas la Universidad de San Andrés en Argentina, comentó que la región constituyó "un espacio de concertación, que tiene sus límites", porque la deseable integración está frenada.
A pesar de ello, Merke entiende que los estados están acercándose, pero desde una posición de mayor fortaleza. "Hay un mayor énfasis en la autonomía y la recuperación de espacios de decisión" respecto de Estados Unidos, apuntó.
"Estados Unidos se torna menos relevante para América del Sur, en particular, que ve emerger a otros jugadores como China", indicó. "Se percibe el ascenso de otras potencias y eso abre mayores oportunidades para la autonomía de la región", añadió.
La potencia del Norte sigue siendo sí una referencia fuerte en México y América Central, donde comparten una agenda común relacionada al comercio, pero también al envío de remesas de dinero por parte de los emigrantes y a la política de control al narcotráfico, aclaró.
Respecto de la medida adoptada por el gobierno argentino, Merke la enmarcó "en un nuevo clima de época sudamericano, relacionado con el regreso con fuerza del Estado a sitios claves de la economía y la sociedad y la percepción muy fuerte de que el futuro va a estar condicionado por el control de los recursos naturales".
Aunque consideró que Argentina puede sufrir represalias y que incluso podría ser apartada del Grupo de los 20 países ricos y emergentes, la decisión que adoptó el gobierno "hubiera sido 'contra natura' en la época del Consenso de Washington (años 90 donde imperaba el neoliberalismo), pero ahora resulta menos costosa", Merke dijo.
domingo, 22 de abril de 2012
miércoles, 18 de abril de 2012
Poca previsión de tormenta en Buenos Aires (1)
Los 18 muertos por una tormenta que se abatió sobre Buenos Aires fueron una trágica muestra de la imprevisión ante los eventos meteorológicos cada vez más poderosos y habituales en la capital argentina y sus suburbios.
"Argentina debería estar adaptada a tormentas severas porque siempre las tuvo. Lo que se está acelerando ahora es la intensidad y la frecuencia de las lluvias", dijo la meteoróloga Carolina Vera.
Además de las víctimas mortales, el temporal del 4 de abril puso en situación de emergencia a 32,000 familias de barrios vulnerables, provocó daños totales o parciales en más de 200 escuelas, dejó sin luz ni agua a cientos de miles de personas y derribó unos 40,000 árboles.
"En nuestro barrio fallecieron dos chicos. A uno de 13 años se le cayó encima un árbol y a un adolescente que dormía en la calle lo tapó una pared", comentó el sacerdote católico Lorenzo De Vedia, de un vecindario precario del sur capitalino.
Ese barrio, la Villa 21-24 de Barracas, fue uno de los más afectados. "Se volaron chapas (de techos), se mojaron colchones. Son las cosas que tiene la pobreza estructural en la que ellos viven", apuntó.
El distrito capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su área metropolitana suman una superficie de 3,833 kilómetros cuadrados en la que viven 12,8 millones de personas, según el censo de 2010.
La tormenta se desató bruscamente, con lluvia abundante, granizo y vientos de casi 100 kilómetros por hora en algunas zonas del oeste y sur de la ciudad y sus alrededores.
Los registros más precisos y continuos que guarda Argentina son de lluvias y datan de hace más de un siglo. Esos estudios "muestran una tendencia al aumento de la abundancia y la frecuencia de precipitaciones", dijo Vera.
Hay una variabilidad natural de la atmósfera que puede generar este tipo de tormentas por sí sola, pero en este caso "hay algunas evidencias de que estaría asociada al cambio climático", explicó.
Vera es directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Ella es una de las autoras del "Informe especial sobre el manejo de riesgos en eventos extremos y desastres para avanzar en la adaptación al cambio climático", conocido por sus siglas en inglés SREX y publicado el 28 de marzo por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Varias investigaciones recopiladas por el IPCC muestran la relación entre eventos extremos y cambio climático, pero para otros fenómenos, como las olas de calor, dijo Vera.
No obstante, cuando se trazan modelos climáticos a futuro y se proyectan escenarios de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero se ve un incremento de precipitaciones en el centro y el este del país, aseveró.
Ante estas proyecciones, Argentina "no está hiperpreparada". Necesitaría más radares meteorológicos, más recursos humanos para manejarlos y planes de contingencia para desastres.
"El gobierno compró radares que nos permiten mejorar los pronósticos, pero falta personal capacitado. Habría que formar gente. De hecho hay intención de hacerlo, pero hoy el Sistema Meteorológico Nacional no está del todo preparado", dijo.
Poca previsión de tormenta en Buenos Aires (2)
El pronóstico tampoco resuelve todo. Una vez que se da el alerta, la población debe saber qué hacer. "No se ven todavía acciones de manejo de desastre. La gente entra en pánico y muchos viven en casas con techos de chapa que se vuelan", comentó.
Para la doctora en geografía Claudia Natenzón, del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, la cuestión es que "no se desarrollaron acciones preventivas".
Natenzón, que investiga la vulnerabilidad social ante el cambio climático, explicó que prevenir implica anticiparse al evento meteorológico para evitar un daño grave cuando este se produce.
Para eso se requieren conocimientos científicos sobre lo que puede ocurrir, aun considerando grados de incertidumbre, puestos al servicio de planes de prevención.
En una tormenta, "los puntos de entrada" que elevan riesgos son los árboles ancianos o enfermos sin podar, el cableado, los techos de chapa que vuelan con el viento, y los de policarbonato que ceden bajo el granizo, ejemplificó.
Otros elementos de riesgo son la cartelería cada vez más profusa, con sostenes que no toleran vientos de temporal, o los techos sin paredes en tinglados o gasolineras. Uno de esos techos colapsó con la última tormenta y aplastó a un joven, matándolo.
Esas acciones preventivas no se han aplicado, "tal como se puso de manifiesto", dijo Natenzón.
Su colega en el Programa, la antropóloga Ana Murgida, admitió que "algunas medidas pueden ser caras", pero "el costo de la catástrofe siempre es mayor, recae sobre las cuentas públicas e impacta de modo más grave sobre sectores más vulnerables".
Buenos Aires es una ciudad costera y, como tal, debe prepararse para inundaciones más frecuentes y dañinas asociadas a tormentas, por la elevación del nivel del mar, advierte la investigación "Cambio climático y ciudades: Informe de la primera evaluación de la Red de Investigaciones sobre Cambio Climático Urbano", de la que participó Natenzón.
A raíz de las inundaciones, la urbe sufrirá pérdidas inmobiliarias de unos 80 millones de dólares anuales en 2030 y de 300 millones de dólares anuales en 2050. "Esos montos no incluyen las pérdidas de productividad de los desplazados o heridos", aclara el estudio, publicado en junio de 2011 por Cambridge University Press.
Prevenir también implica desarrollar "estrategias de respuesta y recuperación rápida", dijo Murgida. De lo contrario, las sucesivas catástrofes "van agudizando la vulnerabilidad de los más pobres".
La última tormenta tuvo una magnitud impensada en otras épocas, por la cantidad de personas afectadas y muertas, de casas destruidas, de servicios interrumpidos y de esfuerzo del Estado por asistir a los damnificados, dijo Murgida.
Una semana más tarde, miles de familias seguían sin vivienda, electricidad ni agua, y miles de niños y adolescentes de esos mismos barrios, continuaban sin escuelas a las que asistir y ponerse bajo techo, al menos por un rato.
Pena Nieto cheated on his wife, but leads in polls
Voters in Mexico still favor the PRI candidate for the presidency, despite he admitted cheating on his first wife, fathering two children with different women, Reuters reported.
Institutional Revolutionary Party front-runner Enrique Pena Nieto has widened his big lead over struggling ruling party candidate Josefina Vazquez Mota, with just 2 1/2 months to go until the July 1 election, an opinion poll showed on Sunday.
The ex-governor of the State of Mexico, a populous region flanking the capital to the north, made a number of gaffes at the end of 2011, most notably when he struggled to name three books that influenced him. Pena Nieto admitted to his out of wedlock fatherhood this year.
Pena Nieto, 45, has had his share of troubles along the way.
But none of these has done lasting damage to his populist bid, because voters believe he is more likely to end the violence plaguing Mexico and reinvigorate the economy.
The latest voter survey by polling firm BGC for Mexican newspaper Excelsior showed support for Pena Nieto, running at 50 percent, according to BGC's Website.
That score was 3 percentage points higher than a previous BGC/Excelsior poll published on March 26.
Vazquez Mota, the candidate from President Felipe Calderon's National Action Party (PAN), slipped one point to 29 percent. Third placed contender and 2006 runner-up, leftist Andres Manuel Lopez Obrador, fell back two points to 20 percent.
Pena Nieto has led the polls for more than two years and can put the PRI back in power after more than a decade on the sidelines. The centrist faction ruled Mexico for 71 years straight until the PAN ousted it in 2000.
Vazquez Mota is trying to shake off discontent with the PAN, whose reputation has suffered due to a surge in lawlessness that followed the army-led offensive Calderon launched against drug gangs shortly after he took office in December 2006.
More than 50,000 people have since been killed in fighting between the gangs and their clashes with security forces.
Many of the victims have been young people lured by the prospect of quick cash from the gangs. The PAN has also struggled to create enough jobs for Mexico's growing population.
Vazquez Mota's campaign has been undermined by squabbling within the PAN, as well as a number of mishaps on the election trail, including the botched staging of a major rally last month that left her addressing a half-empty stadium stands.
Lopez Obrador, the former mayor of Mexico City, is still trying to win back voters he alienated after his narrow loss to Calderon in 2006. He accused the PAN of robbing him and declared himself the rightful president of Mexico, launching massive street protests in the capital that eroded his support.
The latest poll for Excelsior surveyed 1,200 registered Mexican voters from Monday through Wednesday and had a margin of error of 2.9 percentage points, BGC said.
sábado, 14 de abril de 2012
Proponen alternativas a guerra anti-drogas(1)
América Latina alza la voz en la VI Cumbre de las Américas para cuestionar la "fallida" guerra contra las drogas ilícitas y plantear alternativas, como la polémica despenalización, con el fin de reducir la barbarie emanada del narcotráfico, principalmente en México y los países centroamericanos.
Todo apunta a que en la cumber del sábado 14 y el domingo 15 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, habrá acuerdos sobre la necesidad de reformular la lucha antinarcóticos pero no adónde debe reenfocarse.
"Hemos tenido una política guerrerista que no ha dado resultados mientras los narcos sí han tenido éxito en infiltrar los estamentos del Estado y corromper a amplios sectores de la ciudadanía", dijo la guatemalteca Carmen Aída Ibarra del no gubernamental Movimiento Pro Justicia.
En ese contexto, "es legítimo que se busquen alternativas porque si mantenemos esta guerra, que no es significativa por la cantidad de droga incautada y los arrestos, los muertos los seguiremos poniendo nosotros", dijo, en alusión a los países de América Central.
La escalada de violencia que sufre América Central por el narcotráfico alcanzó niveles "alarmantes", agravada por la corrupción, la pobreza y la desigualdad, advirtió el informe de 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, una entidad de la Organización de las Naciones Unidas.
En el istmo, utilizado como puente para llevar las drogas producidas en el sur hasta Estados Unidos, operan más 70,000 pandilleros, y las tasas de homicidios llegan a 82 por cada 100,000 habitantes en Honduras, 65 en El Salvador y 40 en Guatemala, según el estudio.
En México, "más de 35,000 personas murieron entre 2006 y 2010" producto de la lucha antidrogas, añade.
Ante la mortandad, mandatarios y exmandatarios latinoamericanos han elevado la voz para reformular la lucha contra el negocio de las drogas ilícitas, hasta ahora concentrada en medidas represivas de los países latinoamericanos en asociación con Estados Unidos.
El presidente guatemalteco, el derechista Otto Pérez Molina, planteará en la cumbre "la despenalización parcial o completa del tráfico y consumo de drogas" para reemplazar la "fracasada" guerra al narcotráfico, quizás la propuesta más polémica.
"El consumo y la producción de drogas deben ser legalizados, pero con ciertos límites y condiciones", sugirió Pérez en una columna publicada en vísperas de la cumbre por el diario británico The Guardian, en clara oposición a Estados Unidos, considerado el máximo consumidor de drogas del mundo, pero cuyas autoridades rechazan su despenalización.
"Esta idea ha despertado un proceso que tendrá resultados positivos para modificar una estrategia fallida que ha producido cosas terribles como ha pasado en México", dijo el guatemalteco Edmundo Urrutia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Proponen alternativas a guerra anti-drogas(2)
Los expresidentes Ernesto Zedillo, de México, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil y César Gaviria, de Colombia, también reiteraron su propuesta de "regular la comercialización, publicidad y consumo de las drogas, sin legalizarla", según una carta enviada a la cumbre en Cartagena.
Otros mandatarios, como Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Juan Manuel Santos, de Colombia, han mostrado apertura a otras alternativas antidrogas.
"Si encontramos que hay una mejor alternativa que impida que las organizaciones criminales se lucren y, tal vez, que se pueda enfrentar el problema del consumo en una manera más efectiva, entonces todo el mundo gana", dijo Santos.
La criminalización internacional del tráfico de drogas impide que cada país encuentre soluciones nacionales a sus problemas históricos, según el colombiano Ricardo Vargas, director de la no gubernamental Acción Andina e investigador del Transnational Institute, con sede en Holanda.
"Ese es el eje central de la discusión en México, Centroamérica y Colombia", dijo.
"En Centroamérica hay un conflicto social de base, estados todavía autoritarios como Honduras, un conflicto por la tierra, un poder muy grande de los terratenientes y discriminación de las comunidades indígenas", detalló Vargas. "El modelo de interpretar el narcotráfico asociado a violencia y, como respuesta, militarizar la región, lo que hace es agravar estos fenómenos" de modo que "Estados Unidos debería replantear esta situación".
Acción Andina, Transnational Institute y otras seis organizaciones civiles firmaron otra carta abierta en la antesala de la Cumbre, en la cual piden revisar los resultados de la guerra antidrogas, la cual ha provocado "la concentración, especialización y diversificación del crimen organizado".
Hay quienes creen que no hay otra salida.
"El primer paso es despenalizar el consumo de drogas y revisar las políticas de salud y educación de nuestros países, que pasa por un respeto a la vida, la democracia y las leyes", dijo Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado sobre Seguridad Nacional de la independiente Universidad Iberoamericana de México.
Estados Unidos "no juega un papel importante en atacar la raíz del problema, porque si bien ha reconocido que el gran consumo de droga en su territorio es un incentivo para la guerra antinarco en el resto del hemisferio, no hace gran cosa por reducirlo", aseguró.
Pero no todos están de acuerdo con la despenalización.
Los presidentes de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá han expresado su rechazo a esta medida por considerarla contraproducente en coincidencia con lo expresado por Estados Unidos, la última el miércoles 11.
"El presidente (Barack) Obama no apoya la despenalización. Pero acepta que estamos ante un debate legítimo", dijo Dan Restrepo, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Pero el debate sigue ardiendo mientras las delegaciones de la cumbre abruman Cartagena.
"Los carteles han penetrado la policía, la fiscalía, los jueces e incluso en El Salvador ha habido diputados financiados por el narcotráfico", dijo Roberto Cañas, analista salvadoreño.
Cañas consideró que "es momento de despenalizar las drogas" en razón de que hasta ahora "ha fracasado" la guerra antinarcóticos.
Aunque hay intereses muy poderosos para impedirlo, dijo, como "el blanqueo de dinero que es una actividad muy fuerte, de la cual no se dicen datos de El Salvador".
viernes, 13 de abril de 2012
viernes, 6 de abril de 2012
Delitos económicos de juntas argentinas(1)
A medida que avanzan los juicios contra represores de la dictadura argentina (1976-1983), salen a luz los delitos económicos perpetrados por el régimen contra más de 600 empresarios desposeídos de sus bienes."No teníamos militancia política ni relación con el gobierno, pero nos robaron todo, las siete empresas y el avión de la firma. No nos mataron de casualidad", contó Alejandro Iaccarino, que era un próspero empresario lechero en los años 70.
Se prevé que su demanda por reparación llegue a juicio este mismo año, en cuanto concluya el actual proceso contra los dos oficiales de policía acusados de secuestrarlo a él y a sus dos hermanos, "con el único objetivo de desapoderarnos de todo", aseguró Iaccarino.
La previsible condena contra los dos reos, ya presos, por privación ilegitima de libertad y otros delitos conexos, es el requisito necesario para que pueda abrirse el proceso sobre la reparación por daños económicos y morales.
El de los Iaccarino es uno de los más emblemáticos delitos económicos del régimen y, según adelantó la abogada de la familia, Florencia Arietto, "será la primera vez que se pida al Estado una reparación patrimonial por el despojo de bienes".
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es consciente de que el de Iaccarino no es un hecho aislado y, por eso, creó una unidad especial de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, cometidos con motivación económica durante el régimen.
La unidad está realizando un registro con más de 600 casos de empresas liquidadas, vaciadas, intervenidas o apropiadas con fines de robo, o por no ajustarse al modelo económico aperturista de la dictadura.
Estos casos quedaron invisibilizados hasta ahora por los horrores de la represión que se saldó con unos 30,000 desaparecidos, según fuentes no gubernamentales. Entre ellos hay los de empresas avícolas, textiles y vitivinícolas, además de imprentas, siderurgias, papeleras y bancos.
Hubo también empresarios que colaboraron con el despojo, como cómplices contra sus competidores o como denunciantes de trabajadores, sindicalistas o abogados laboralistas vinculados a sus firmas.
En enero, un fiscal de la norteña provincia de Jujuy pidió que los tribunales citaran como imputado al empresario Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, situado en la localidad de Libertador General San Martin.
La solicitud es parte de una causa en la que se investiga una redada efectuada en 1976, cuando se llevaron a unas 400 personas, de las cuales 55 siguen desaparecidas. En ese operativo se utilizaron camionetas con el logo de esa empresa agroindustrial.
En cambio, uno de los casos de empresarios despojados fue el de la familia Paskvan, con establecimientos avícolas en las provincias de Buenos Aires, en el oriente, y Santa Fe, en el centro. El caso fue aceptado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el inapelable tribunal continental con sede en Costa Rica.
También está bajo proceso la causa de Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, que fueron secuestrados por el régimen y, bajo cautiverio, obligados a renegociar un contrato de exportaciones con una firma de Hong Kong.
Se investiga asimismo lo sucedido con la firma Papel Prensa, proveedora de papel para diarios. Su dueño, David Graiver, murió en un accidente aéreo en 1976. Su familia fue secuestrada y obligada a traspasar acciones de la empresa bajo tortura.
Pero el caso Iaccarino tiene una característica única, según la abogada, que es la cantidad de pruebas documentales resguardadas por la familia que develan la trama del despojo.
Delitos económicos de juntas argentinas(2)
Los dos hermanos del empresario y su padre fueron secuestrados en noviembre de 1976 en la norteña provincia de Santiago del Estero, donde la familia tenía 25,000 hectáreas de campos y cabezas de ganado. Casi simultáneamente, Alejandro Iaccarino y su madre fueron capturados en Buenos Aires. "Entraron siete personas armadas al garaje del edificio donde vivíamos y nos llevaron", contó el empresario. Los padres fueron liberados en unos días, pero los tres hermanos estuvieron detenidos 22 meses en 14 centros de detención diferentes.
Al principio les informaron que estaban "a disposición del PEN" (Poder Ejecutivo Nacional), una figura que daba cierta legalidad a los prisioneros del régimen. Pero, para el traspaso de bienes los pasaron a la clandestinidad, explicó su abogada.
"Es un caso increíble, doblemente grave, porque a partir de enero de 1977, con el vil objetivo de quitarles los bienes, los trasladaron a un centro clandestino de detención, la Brigada de Lanús, en la provincia de Buenos Aires", relató.
En el trámite intervino un juez, su secretaria, y una escribana que fueron al centro de detención para realizar el poder que permitiera al padre ceder los bienes, a cambio, según le prometieron, de la libertad de sus hijos.
Los Iaccarino pidieron a la escribana que tomase nota de la dirección de la Brigada de Lanús y así se hizo. Gracias a ello, está documentado que ellos firmaron ese poder ante una escribana bajo secuestro.
"El daño físico, moral y patrimonial que nos infligieron es inestimable", recordó Alejandro Iaccarino.
"Teníamos siete empresas que funcionaban perfectamente, los balances lo acreditan. Habíamos logrado introducir tecnología y fortalecer toda la industria láctea de seis provincias del noroeste", destacó.
La persecución había comenzado sutilmente antes de los secuestros, cuando advirtieron que el estatal Banco Provincia, intervenido por la dictadura, comenzaba a cortarles el crédito para forzarlos a vender campos a precio vil.
"El gerente del banco, que nos conocía, nos decía que estábamos en una lista negra. Después supimos que teníamos siete personas dentro de nuestras empresas haciendo inteligencia para la dictadura", reveló.
También descubrieron que uno de los que intentó comprarles un terreno agrícola era sobrino del ministro del Trabajo (1979-1981) y ministro del Interior (1982-1983) durante dos gobiernos militares de la dictadura.
Pero la verdadera pesadilla se inició con los secuestros. "Yo estuve tres veces al borde de la muerte. Me encapuchaban y me llevaban desnudo a una camilla, me ataban de las muñecas y los tobillos y me torturaban con picana eléctrica", contó.
Una vez cedidos los bienes, los testaferros tomaron créditos millonarios con bancos amigos y no los cancelaron. Las empresas quebraron, los bancos también, y el Banco Central remató los bienes, que fueron adquiridos por otros empresarios de buena fe.
Ahora, solo quedan dos hermanos Iaccarino, Alejandro y Carlos. Los padres murieron y el mayor de los hermanos, Rodolfo, falleció en 2009, un mes después de recibir amenazas de muerte por parte de desconocidos.
La abogada sostiene que una vez que se tenga la condena contra Bruno Trevisán y Jorge Ferranti, los policías que los secuestraron y torturaron en la Brigada de Lanús, empezará la reclamación por la reparación económica, que será este mismo año.
"Los peritos judiciales estiman que el patrimonio que les quitaron a los Iaccarino equivale hoy a unos 40 millones de dólares, y lo vamos a exigir", anticipó la letrada. La intención de sus clientes, explicó, es mostrar en el juicio "todo el circuito creado con el fin de avanzar en una política económica de depredación".
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