La situación de asesinatos de mujeres en la mexicana Ciudad Juárez no ha cambiado y el problema persiste, desde que en 2003 la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió diversas recomendaciones para investigar estos feminicidios, advierte el fiscal español Carlos Castresana.
En una entrevista durante una visita a México, el abogado penalista con destacada actuación en América Latina sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo.
"Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando", afirma.
Castresana lamenta que la impunidad prevalezca en México, después que en 2003 formó parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados.
El especialista, quien vino al país para participar en un seminario sobre justicia y género, asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.
Entre 2007 y 2010, Castresana dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo mandato de la ONU.
Hace ocho años el gobierno mexicano solicitó a la ONUDD que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.
Entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.
Tras la investigación los expertos realizaron un informe que, según el especialista en derechos humanos, reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. "Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal", critica.
Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque "si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal", apunta Castresana.
Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.
Como resultado, en julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el norteño y fronterizo estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como "de alto riesgo" para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.
En mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estadales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.
Tan solo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas en el estado, según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, pero el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones entre 2005 y ese año, cinco veces por año.
Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
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