Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.
Como resultado, en julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el norteño y fronterizo estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como "de alto riesgo" para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.
En mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estadales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.
Tan solo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas en el estado, según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, pero el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones entre 2005 y ese año, cinco veces por año.
Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
El fiscal recuerda: "En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)".
Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas.
En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la CorIDH, por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.
"Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados", abunda Castresana.
De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.
El fiscal advierte: "Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente".
"Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero", abunda.
El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.
"Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de derechos humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los derechos humanos importen".
Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: "No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas".
Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros países.
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