Con 18 años, la argentina Vanina Alderete es una sobreviviente de la expresión más salvaje de la violencia machista. Cuando tenía 11, su padre asesinó a su madre y a sus dos hermanos y la dejó a ella gravemente herida.
Cinco veces había acudido su madre a la policía para denunciar las agresiones y amenazas del marido. "Ellos decían que no estaban para prevenir sino para reprimir, y le sugerían que no nos metiera a los niños en problemas de pareja", contó la joven.
Ahora Alderete, que vive en la nororiental provincia de Salta, ganó un juicio al Estado que deberá pagarle una indemnización de casi 250,000 dólares por haber faltado a su deber de protegerla de la tragedia.
El gobierno provincial adelantó que apelará la sentencia. "Todo lo que pregonan sobre los derechos de la infancia y la mujer queda en la nada con la apelación", criticó su abogado, Oscar Juárez.
La de Alderete es una expresión dramática de feminicidio, como se denomina a los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de tales. El padre, condenado a cadena perpetua, dejó a la joven sin familia.
Con un cuchillo de cocina el agresor mató a su esposa y a sus hijos de ocho y cinco años, y creyó haber asesinado también a la mayor, pero la niña logró huir. Estuvo tres meses hospitalizada con graves heridas y ahora vive con un abuelo.
El triple asesinato ejemplifica contra lo que se lucha en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que el viernes 25 abrió16 jornadas de actividades a nivel mundial para concienciar sobre lo que activistas califican como "un genocidio silencioso", que victimiza a la mitad de la humanidad.
Justamente, para dar visibilidad a estos casos de violencia brutal y forzar políticas que pongan fin a la agresión sistemática de la mujer, en los últimos cinco años la figura del feminicidio está siendo incorporada al código penal de países latinoamericanos.
Pero juristas expertas en derechos de género, convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), se manifestaron, en general, escépticas sobre la eficacia de la figura.
Mucho mejor que incorporar una nuevo tipo penal difícil de probar, las especialistas se inclinan por exigir un registro oficial de estas muertes y recomiendan mejorar la respuesta del Estado ante las denuncias de mujeres atacadas.
"Yo quisiera restarle neutralidad a la ley penal, pero el tema es cómo hacerlo porque en cinco países de la región donde existe el feminicidio la figura conduce más a la impunidad que a la sanción", dijo la abogada Susana Chiarotti.
Chiarotti integra el consejo consultivo de Cladem y el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El tratado, conocido como Convención de Belém do Pará, obliga a los Estados americanos a actuar "con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer". Pero el compromiso se incumple en casos como el de Alderete.
"Es vergonzoso que el Estado en lugar de reparar, apele el fallo", sostuvo la argentina Chiarotti.
El feminicidio fue incorporado a la legislación de Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador y México. "Para algunos estados este es el camino fácil, crear una nueva figura, pero el derecho penal aparece cuando la mujer ya murió", alertó.
A su juicio, sería mejor avanzar en la prevención, mejorando la participación del Estado desde el momento en que la mujer hace la denuncia inicial. Pero no todas las juristas están convencidas de renunciar a tener el nuevo delito en la ley.
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