El periodo pudiese extenderse solo para personas que puedan calificar, pero no reciban notificacion de la agencia, por no tener domicilio de residencia, o por encontrarse extraviadas.
En general, los records criminales comenzaron a darse de esta forma:
La identidad de presuntos criminales era escaneada al someter nombres, apellidos y números de seguro social enlos archivos judiciales. Si ellos correspondian a los sospechosos, automaticamente comenzaban a negarseles beneficios del seguro.
En segunda instancia, las agencias de seguridad utilizaron los días de nacimiento. Si personas coincidian con los nombres y los datos, los beneficios también se cancelaban. Ese fue el caso de Rosa Martinez, una residente de Redwood City, en el norte de California.
Martinez fue erroneamente confundida comenzando el año 2008 con una homónima Rosa Martinez, quien cometió una felonia de posesión de drogas en 1980 en Miami, Fla. Los cheques del seguro social, “los cuales son los conductos de vida para nosotros”, fueron cancelados, y negados por cuatro meses consecutivos, hasta que el caso de identidad erronea fue solventado.
“No es fácil quedarse en la nada, y decir ‘me quede sin casa’. Le doy gracias a Dios que puedo hablar al respecto. Si no hubiese sido por familiares y amigos, me hubiera quedado en la nada”, dijo Martinez, quien vive cerca de la bahía de San Francisco. “No importa cuan pequeño uno sea, uno debe ser tratado con justicia y respeto. Por eso estamos aquí”.
“Cuento con una salud en deterioro. Y con lo que paso, pues me puse peor”, dijo Martinez, flanqueada por McIntyre y Holle. “Una vez que obtuve mi certificación médica de nuevo, comence a recibir mis fondos otra vez”.
Por su parte, Nicole Perez, abogada de Legal Aid Foundation de Los Angeles (LAFLA), mencionó que a partir de esta negociación legal, su organismo realizará una serie de reuniones especificas en la ciudad para informar a personas retiradas, o con discapacidades, de la disponibilidad de los nuevos fondos.
Perez dijo que será una tarea “abrumadora” encontrar a personas que han perdido su residencia, y que califiquen para estos fondos, “ya que muchos son vagabundos, no tienen donde vivir, y tienen roces con las policías”.
Perez indicó que reuniones comunitarias serán organizadas, en particular donde haya densidad de personas jubiladas, para informales de estos nuevos fondos, y guiarlos en el llenado de aplicaciones, y peticiones.
La abogada dijo que se enfocarán en contactar a personas afroamericanas, y que no dominen el inglés como lengua materna. Estos segmentos de la población son los que menos acceso tienen a este tipo de fondos.
LAFLA colocará una lista para que personas con casos similares al de Martinez v. Astrue escriban sus datos, y se les de seguimiento en la evaluación de la posibilidad de calificar por beneficios. Para informacion adicional, visite el sitio www.lafla.org/service.php.
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