Por Alfredo Santana
Una demanda federal ante la Admisnitración del Seguro Social por un grupo de seis personas que perdieron sus beneficios monetarios por, entre otras cosas, haber sido erroneamente acusados de cometer felonias, logro la adjudicación de 500 millones de dólares para aquellos que perdieron sus beneficios, y para personas con discapacidades severas que no puedan trabajar.
Los fondos serán puestos a disponibilidad de los peticionarios a partir de la última semana de Abril, o comenzando Mayo. El monto de 500 millones beneficiaría a por lo menos unas 200,000 mil personas en la nación que perdieron sus beneficios a consecuencia de ser erroneamente acusados de cometer crimenes menores. El arreglo no incluye a personas que cometieron crimenes menores, y por ello perdieron sus beneficios.
El caso que llevó a este arreglo se llama Martinez v. Astrue. Se inició en las cortes federales del noveno distrito, con sede en Oakland, al comenzar el 2006.
Marilyn Holle, abogada decano del organismo Disability Rights California, indicó que la región de Los Angeles recibirá una partida de unos 20 millones de dólares por concepto de la demanda.
Holle, quien trabaja en casos relacionados a acceso de servicios médicos para niños con discapacidades severas, y en casos donde individuos con necesidad de sillas de ruedas puedan usar el Medi-Cal para obtener sillas electricas tanto motorizadas como personalizadas, mencionó que pocas son las ocasiones que buenas noticias salen al público para beneficio de los que menos tienen.
“Muchas de estas personas, quienes habían perdido sus viviendas, sus posesiones, podrán reingresar a viviendas de manera regular e independiente”, mencionó Holle. “Sin embargo, muchas de ellas van a necesitar ayuda de profesionales para hacer buen uso financiero de sus beneficios, ya sea del seguro social, o de ingresos del seguro social (SSI)”.
Gerald McIntyre, abogado director, y consejero de demandantes del Centro Legal Nacional para Ciudadanos Jubilados, dijo que los problemas relacionados a la perdida de beneficios del seguro social para ciertas personas con records de felonias comenzó en 1996, cuando el Congreso aprobo una ley, firmada por el presidente Bill Clinton, que autorizaba a la agencia federal a negar el pago de beneficios a personas que “huían” de sus domicilios, ya sea por evitar ser enjuiciados, o porque sufrían de abuso doméstico.
McIntyre dijo que un poco menos del 1% del total de recipientes de seguro social en el país tiene record criminal.
“Inicialmente, muy pocos fueron inculpados. Los problemas reales iniciaron cuando muchos comenzaron a ser denegados de beneficios, y a su vez fueron capturados, pero sin presentarseles cargos algunos”, dijo McIntyre.
“Esto sucedio con varios Veteranos de Guerra. Agencias como el FBI y policías locales empezaron a comparar datos, para checar posibles criminales”, indicó McIntyre.
Eventualmente, personas que nunca cometieron crimenes, o fueron citadas a presentarse en cortes federales, perdieron sus beneficios. Muchos fueron arrestados por la policía por no comparecer, o por desconocer de los casos.
McIntyre indicó que personas afectadas entre Enero 1 del 2000 y Diciembre 31 del 2006 son las que calificaran para estos fondos. Los fondos son retroactivos, y cubrirán los periodos cuyos beneficios fueron negados. El abogado calcula que cada individuo que califique puede recibir entre $10,000 y $40,000 dólares.
Una vez que la Administración del Seguro Social comience a enviar notificaciones de adjudicación, habrá un periodo de seis meses posteriores para remitir formas y cumplir con los requisitos de la agencia para obtener los beneficios.
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