En la edición 2009 del reporte "Panorama de las comunicaciones", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que México tiene los servicios de Internet por banda ancha y de telefonía residencial y celular más caros de la treintena de países que la integran.
Precisamente, en estos dos sectores las empresas de Slim detentan la hegemonía.
La OCDE, con sede en París, aglutina entre sus 31 miembros a las naciones más desarrolladas del planeta. Los miembros latinoamericanos son México y, desde enero, Chile.
En diciembre, el senado mexicano aprobó un proyecto de reforma al artículo 17 de la Constitución para abrir la puerta a las demandas colectivas de los consumidores, como se estila en países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Uruguay.
La variante facilita el acceso a la justicia de un grupo a través de la acumulación en un solo procedimiento de reclamaciones individuales. Por ejemplo, si un perjudicado entabla una querella contra alguna empresa, el fallo abarcaría a todos los afectados.
"En México se tuvo un gran adelanto con la creación de la Profeco, pero nos hemos quedado retrasados con las acciones colectivas, por ejemplo", dijo el profesor José Ovalle, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Los cambios legales están en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, tras aprobar un dictamen favorable, lo trasladaría al pleno del Congreso legislativo para su validación final en el primer semestre de este año.
Luego pasaría a los parlamentos estaduales, a modo de sumar un mínimo de 17 aprobaciones para que la reforma constitucional cobre vigor.
"Los consumidores tenemos un gran poder, porque decidimos qué consumimos. Queremos que prevalezca el interés público sobre los intereses empresariales", señaló Alejandro Calvillo, presidente de la no gubernamental El Poder del Consumidor, también organizadora de la convención de este sábado.
La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992 regula las acciones de grupo, pero sólo faculta a la Profeco a promoverlas y no a los consumidores directamente perjudicados. En las últimas décadas, el ente vigilante sólo ha aplicado esta facultad a lo sumo en tres ocasiones.
Además, está en ciernes una transformación de la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, que contendría disposiciones contra los monopolios y un endurecimiento de las sanciones existentes.
En febrero, la CFC estipuló una multa de unos 11 millones de dólares para seis compañías farmacéuticas por ponerse de acuerdo para ganar las licitaciones convocadas por la seguridad social mexicana y venderle sus medicamentos a precios inflados entre 2003 y 2006.
"Es una reforma necesaria. Tiene que darle legitimación o facultades a los consumidores o a las organizaciones de consumidores para que puedan ejercer acciones directamente ante los tribunales", planteó Ovalle.
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