Se pueden distinguir cinco grupos de discapacidades: visceral, motriz, mental, visual y auditiva. Estas discapacidades pueden ser congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias en la persona.
Discapacidad Visceral
Implica el daño y la limitación en la función de órganos internos. Ejemplo: fibrosis quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, etc.
Discapacidad Motriz
Esta discapacidad implica la limitación del normal desplazamiento físico. Las personas que tienen este tipo de discapacidades pueden ser semiambulatorias o no ambulatorias. En el caso del tipo inicial, se movilizan ayudadas por elementos complementarios, como ser muletas, bastones, andadores, etc. En el caso siguiente, las no ambulatorias sólo pueden desplazarse con silla de ruedas. Esto implica la fundamental importancia de estos elementos para las personas con discapacidad.
Las causas de esta discapacidad pueden ser por secuelas neurológicas, miopáticas, ortopédicas o reumatológicas. Las secuelas neurológicas se dividen en cerebrales (parálisis o hemiplejía) o medulares.
Resumen informativo de la Parálisis Cerebral.
La Parálisis Cerebral es un deterioro permanente pero no inalterable de la postura y el movimiento que surge como resultado de un desorden cerebral no progresivo debido a factores hereditarios, episodios durante el embarazo, el parto, el período neonatal o durante los dos primeros años de vida.
La Parálisis Cerebral no es una dolencia, no es una enfermedad. Es una discapacidad física provocada por una lesión al cerebro, una lesión que puede tener lugar antes de nacer, durante el nacimiento, o en los primeros días posteriores al mismo.
A veces es el resultado de una enfermedad tal como la meningitis en la primera infancia; en otras oportunidades se relaciona con la incompatibilidad del factor Rh en sangre. Otras posibles causas son la desnutrición durante la gestación, los partos distócicos y los accidentes post-parto.
Si bien no está totalmente comprobado, en algunos casos se le atribuyen factores genéticos.
Discapacidad Mental
La discapacidad mental se divide en cuatro grados:
•Leve: la persona se puede autoabastecer.
•Moderada: se autoabastece pero bajo la supervisión de profesionales.
•Severa: el autoabastecimiento depende de la asistencia.
•Profunda: esta persona requiera cuidados controlados por sus impedimentos físicos.
Las causas de esta discapacidad son tres: factores prenatales, peri natales y post natales.
Para la comunicación con la persona con discapacidad mental es importante utilizar un lenguaje sencillo, y si no se entiende el mensaje, repetirlo con otras palabras. También es fundamental dirigirse directamente a la persona y no a un acompañante
Discapacidad Visual
Una definición para esta discapacidad es la de falta, disminución o defectos de la visión. Por eso, hay que distinguirlos entre dos grupos: las personas con ceguera y las personas con disminución visual.
Las personas con ceguera han perdido absolutamente su capacidad de ver, mientras que las personas con disminución visual presentan una cierta pérdida que se refleja de diferentes modos: imposibilidad de distinguir colores, molestia ante la iluminación o percibir sólo una parte del ambiente.
Esta discapacidad puede ser parcial o total, congénita o adquirida.
Las causas que llevan a la ceguera o la disminución visual pueden ser afecciones de la retina, del cristalino, de la cornea, ambliofía, glaucoma o por accidentes.
Algunos consejos para el trato con personas con discapacidad visual son:
•Presentarse y despedirse en voz alta para que sepan nuestra presencia o ausencia.
•Para ayudarlos a desplazarse (por ejemplo, para cruzar calle) primero se le debe preguntar qué quiere hacer y luego hay que ofrecerles el brazo y no tomar el de la persona.
•Para direccionarlos, decir "a la derecha o a la izquierda", nunca "allá", "ahí", etc.
•Es importante que las puertas estén abiertas o cerradas, nunca entreabiertas para evitar golpes.
Discapacidad Auditiva
En este tipo de discapacidad están incluidos las personas sordas y las hipoacúsicas. En las sordas, el resto auditivo no es susceptible de ser recuperado. En las segundas, se puede trabajar en la rehabilitación del resto auditivo.
Algunos consejos para el trato con personas con discapacidad auditiva son:
•Llamar su atención tocándoles el hombro.
•Hablar de frente a la persona, y hacerlo despacio, modulando las palabras para facilitar la lectura labial.
•No tener nada en la boca al hablarle.
•Usar gestos que ayuden la comprensión.
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
martes, 20 de abril de 2010
jueves, 15 de abril de 2010
Seguro social pagará millonaria suma a jubilados, discapacitados(2)
El periodo pudiese extenderse solo para personas que puedan calificar, pero no reciban notificacion de la agencia, por no tener domicilio de residencia, o por encontrarse extraviadas.
En general, los records criminales comenzaron a darse de esta forma:
La identidad de presuntos criminales era escaneada al someter nombres, apellidos y números de seguro social enlos archivos judiciales. Si ellos correspondian a los sospechosos, automaticamente comenzaban a negarseles beneficios del seguro.
En segunda instancia, las agencias de seguridad utilizaron los días de nacimiento. Si personas coincidian con los nombres y los datos, los beneficios también se cancelaban. Ese fue el caso de Rosa Martinez, una residente de Redwood City, en el norte de California.
Martinez fue erroneamente confundida comenzando el año 2008 con una homónima Rosa Martinez, quien cometió una felonia de posesión de drogas en 1980 en Miami, Fla. Los cheques del seguro social, “los cuales son los conductos de vida para nosotros”, fueron cancelados, y negados por cuatro meses consecutivos, hasta que el caso de identidad erronea fue solventado.
“No es fácil quedarse en la nada, y decir ‘me quede sin casa’. Le doy gracias a Dios que puedo hablar al respecto. Si no hubiese sido por familiares y amigos, me hubiera quedado en la nada”, dijo Martinez, quien vive cerca de la bahía de San Francisco. “No importa cuan pequeño uno sea, uno debe ser tratado con justicia y respeto. Por eso estamos aquí”.
“Cuento con una salud en deterioro. Y con lo que paso, pues me puse peor”, dijo Martinez, flanqueada por McIntyre y Holle. “Una vez que obtuve mi certificación médica de nuevo, comence a recibir mis fondos otra vez”.
Por su parte, Nicole Perez, abogada de Legal Aid Foundation de Los Angeles (LAFLA), mencionó que a partir de esta negociación legal, su organismo realizará una serie de reuniones especificas en la ciudad para informar a personas retiradas, o con discapacidades, de la disponibilidad de los nuevos fondos.
Perez dijo que será una tarea “abrumadora” encontrar a personas que han perdido su residencia, y que califiquen para estos fondos, “ya que muchos son vagabundos, no tienen donde vivir, y tienen roces con las policías”.
Perez indicó que reuniones comunitarias serán organizadas, en particular donde haya densidad de personas jubiladas, para informales de estos nuevos fondos, y guiarlos en el llenado de aplicaciones, y peticiones.
La abogada dijo que se enfocarán en contactar a personas afroamericanas, y que no dominen el inglés como lengua materna. Estos segmentos de la población son los que menos acceso tienen a este tipo de fondos.
LAFLA colocará una lista para que personas con casos similares al de Martinez v. Astrue escriban sus datos, y se les de seguimiento en la evaluación de la posibilidad de calificar por beneficios. Para informacion adicional, visite el sitio www.lafla.org/service.php.
En general, los records criminales comenzaron a darse de esta forma:
La identidad de presuntos criminales era escaneada al someter nombres, apellidos y números de seguro social enlos archivos judiciales. Si ellos correspondian a los sospechosos, automaticamente comenzaban a negarseles beneficios del seguro.
En segunda instancia, las agencias de seguridad utilizaron los días de nacimiento. Si personas coincidian con los nombres y los datos, los beneficios también se cancelaban. Ese fue el caso de Rosa Martinez, una residente de Redwood City, en el norte de California.
Martinez fue erroneamente confundida comenzando el año 2008 con una homónima Rosa Martinez, quien cometió una felonia de posesión de drogas en 1980 en Miami, Fla. Los cheques del seguro social, “los cuales son los conductos de vida para nosotros”, fueron cancelados, y negados por cuatro meses consecutivos, hasta que el caso de identidad erronea fue solventado.
“No es fácil quedarse en la nada, y decir ‘me quede sin casa’. Le doy gracias a Dios que puedo hablar al respecto. Si no hubiese sido por familiares y amigos, me hubiera quedado en la nada”, dijo Martinez, quien vive cerca de la bahía de San Francisco. “No importa cuan pequeño uno sea, uno debe ser tratado con justicia y respeto. Por eso estamos aquí”.
“Cuento con una salud en deterioro. Y con lo que paso, pues me puse peor”, dijo Martinez, flanqueada por McIntyre y Holle. “Una vez que obtuve mi certificación médica de nuevo, comence a recibir mis fondos otra vez”.
Por su parte, Nicole Perez, abogada de Legal Aid Foundation de Los Angeles (LAFLA), mencionó que a partir de esta negociación legal, su organismo realizará una serie de reuniones especificas en la ciudad para informar a personas retiradas, o con discapacidades, de la disponibilidad de los nuevos fondos.
Perez dijo que será una tarea “abrumadora” encontrar a personas que han perdido su residencia, y que califiquen para estos fondos, “ya que muchos son vagabundos, no tienen donde vivir, y tienen roces con las policías”.
Perez indicó que reuniones comunitarias serán organizadas, en particular donde haya densidad de personas jubiladas, para informales de estos nuevos fondos, y guiarlos en el llenado de aplicaciones, y peticiones.
La abogada dijo que se enfocarán en contactar a personas afroamericanas, y que no dominen el inglés como lengua materna. Estos segmentos de la población son los que menos acceso tienen a este tipo de fondos.
LAFLA colocará una lista para que personas con casos similares al de Martinez v. Astrue escriban sus datos, y se les de seguimiento en la evaluación de la posibilidad de calificar por beneficios. Para informacion adicional, visite el sitio www.lafla.org/service.php.
Seguro social pagará millonaria suma a jubilados, discapacitados(1)
Por Alfredo Santana
Una demanda federal ante la Admisnitración del Seguro Social por un grupo de seis personas que perdieron sus beneficios monetarios por, entre otras cosas, haber sido erroneamente acusados de cometer felonias, logro la adjudicación de 500 millones de dólares para aquellos que perdieron sus beneficios, y para personas con discapacidades severas que no puedan trabajar.
Los fondos serán puestos a disponibilidad de los peticionarios a partir de la última semana de Abril, o comenzando Mayo. El monto de 500 millones beneficiaría a por lo menos unas 200,000 mil personas en la nación que perdieron sus beneficios a consecuencia de ser erroneamente acusados de cometer crimenes menores. El arreglo no incluye a personas que cometieron crimenes menores, y por ello perdieron sus beneficios.
El caso que llevó a este arreglo se llama Martinez v. Astrue. Se inició en las cortes federales del noveno distrito, con sede en Oakland, al comenzar el 2006.
Marilyn Holle, abogada decano del organismo Disability Rights California, indicó que la región de Los Angeles recibirá una partida de unos 20 millones de dólares por concepto de la demanda.
Holle, quien trabaja en casos relacionados a acceso de servicios médicos para niños con discapacidades severas, y en casos donde individuos con necesidad de sillas de ruedas puedan usar el Medi-Cal para obtener sillas electricas tanto motorizadas como personalizadas, mencionó que pocas son las ocasiones que buenas noticias salen al público para beneficio de los que menos tienen.
“Muchas de estas personas, quienes habían perdido sus viviendas, sus posesiones, podrán reingresar a viviendas de manera regular e independiente”, mencionó Holle. “Sin embargo, muchas de ellas van a necesitar ayuda de profesionales para hacer buen uso financiero de sus beneficios, ya sea del seguro social, o de ingresos del seguro social (SSI)”.
Gerald McIntyre, abogado director, y consejero de demandantes del Centro Legal Nacional para Ciudadanos Jubilados, dijo que los problemas relacionados a la perdida de beneficios del seguro social para ciertas personas con records de felonias comenzó en 1996, cuando el Congreso aprobo una ley, firmada por el presidente Bill Clinton, que autorizaba a la agencia federal a negar el pago de beneficios a personas que “huían” de sus domicilios, ya sea por evitar ser enjuiciados, o porque sufrían de abuso doméstico.
McIntyre dijo que un poco menos del 1% del total de recipientes de seguro social en el país tiene record criminal.
“Inicialmente, muy pocos fueron inculpados. Los problemas reales iniciaron cuando muchos comenzaron a ser denegados de beneficios, y a su vez fueron capturados, pero sin presentarseles cargos algunos”, dijo McIntyre.
“Esto sucedio con varios Veteranos de Guerra. Agencias como el FBI y policías locales empezaron a comparar datos, para checar posibles criminales”, indicó McIntyre.
Eventualmente, personas que nunca cometieron crimenes, o fueron citadas a presentarse en cortes federales, perdieron sus beneficios. Muchos fueron arrestados por la policía por no comparecer, o por desconocer de los casos.
McIntyre indicó que personas afectadas entre Enero 1 del 2000 y Diciembre 31 del 2006 son las que calificaran para estos fondos. Los fondos son retroactivos, y cubrirán los periodos cuyos beneficios fueron negados. El abogado calcula que cada individuo que califique puede recibir entre $10,000 y $40,000 dólares.
Una vez que la Administración del Seguro Social comience a enviar notificaciones de adjudicación, habrá un periodo de seis meses posteriores para remitir formas y cumplir con los requisitos de la agencia para obtener los beneficios.
Una demanda federal ante la Admisnitración del Seguro Social por un grupo de seis personas que perdieron sus beneficios monetarios por, entre otras cosas, haber sido erroneamente acusados de cometer felonias, logro la adjudicación de 500 millones de dólares para aquellos que perdieron sus beneficios, y para personas con discapacidades severas que no puedan trabajar.
Los fondos serán puestos a disponibilidad de los peticionarios a partir de la última semana de Abril, o comenzando Mayo. El monto de 500 millones beneficiaría a por lo menos unas 200,000 mil personas en la nación que perdieron sus beneficios a consecuencia de ser erroneamente acusados de cometer crimenes menores. El arreglo no incluye a personas que cometieron crimenes menores, y por ello perdieron sus beneficios.
El caso que llevó a este arreglo se llama Martinez v. Astrue. Se inició en las cortes federales del noveno distrito, con sede en Oakland, al comenzar el 2006.
Marilyn Holle, abogada decano del organismo Disability Rights California, indicó que la región de Los Angeles recibirá una partida de unos 20 millones de dólares por concepto de la demanda.
Holle, quien trabaja en casos relacionados a acceso de servicios médicos para niños con discapacidades severas, y en casos donde individuos con necesidad de sillas de ruedas puedan usar el Medi-Cal para obtener sillas electricas tanto motorizadas como personalizadas, mencionó que pocas son las ocasiones que buenas noticias salen al público para beneficio de los que menos tienen.
“Muchas de estas personas, quienes habían perdido sus viviendas, sus posesiones, podrán reingresar a viviendas de manera regular e independiente”, mencionó Holle. “Sin embargo, muchas de ellas van a necesitar ayuda de profesionales para hacer buen uso financiero de sus beneficios, ya sea del seguro social, o de ingresos del seguro social (SSI)”.
Gerald McIntyre, abogado director, y consejero de demandantes del Centro Legal Nacional para Ciudadanos Jubilados, dijo que los problemas relacionados a la perdida de beneficios del seguro social para ciertas personas con records de felonias comenzó en 1996, cuando el Congreso aprobo una ley, firmada por el presidente Bill Clinton, que autorizaba a la agencia federal a negar el pago de beneficios a personas que “huían” de sus domicilios, ya sea por evitar ser enjuiciados, o porque sufrían de abuso doméstico.
McIntyre dijo que un poco menos del 1% del total de recipientes de seguro social en el país tiene record criminal.
“Inicialmente, muy pocos fueron inculpados. Los problemas reales iniciaron cuando muchos comenzaron a ser denegados de beneficios, y a su vez fueron capturados, pero sin presentarseles cargos algunos”, dijo McIntyre.
“Esto sucedio con varios Veteranos de Guerra. Agencias como el FBI y policías locales empezaron a comparar datos, para checar posibles criminales”, indicó McIntyre.
Eventualmente, personas que nunca cometieron crimenes, o fueron citadas a presentarse en cortes federales, perdieron sus beneficios. Muchos fueron arrestados por la policía por no comparecer, o por desconocer de los casos.
McIntyre indicó que personas afectadas entre Enero 1 del 2000 y Diciembre 31 del 2006 son las que calificaran para estos fondos. Los fondos son retroactivos, y cubrirán los periodos cuyos beneficios fueron negados. El abogado calcula que cada individuo que califique puede recibir entre $10,000 y $40,000 dólares.
Una vez que la Administración del Seguro Social comience a enviar notificaciones de adjudicación, habrá un periodo de seis meses posteriores para remitir formas y cumplir con los requisitos de la agencia para obtener los beneficios.
miércoles, 7 de abril de 2010
Consumidores mexicanos alerta por abusos en costos(2)
En la edición 2009 del reporte "Panorama de las comunicaciones", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que México tiene los servicios de Internet por banda ancha y de telefonía residencial y celular más caros de la treintena de países que la integran.
Precisamente, en estos dos sectores las empresas de Slim detentan la hegemonía.
La OCDE, con sede en París, aglutina entre sus 31 miembros a las naciones más desarrolladas del planeta. Los miembros latinoamericanos son México y, desde enero, Chile.
En diciembre, el senado mexicano aprobó un proyecto de reforma al artículo 17 de la Constitución para abrir la puerta a las demandas colectivas de los consumidores, como se estila en países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Uruguay.
La variante facilita el acceso a la justicia de un grupo a través de la acumulación en un solo procedimiento de reclamaciones individuales. Por ejemplo, si un perjudicado entabla una querella contra alguna empresa, el fallo abarcaría a todos los afectados.
"En México se tuvo un gran adelanto con la creación de la Profeco, pero nos hemos quedado retrasados con las acciones colectivas, por ejemplo", dijo el profesor José Ovalle, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Los cambios legales están en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, tras aprobar un dictamen favorable, lo trasladaría al pleno del Congreso legislativo para su validación final en el primer semestre de este año.
Luego pasaría a los parlamentos estaduales, a modo de sumar un mínimo de 17 aprobaciones para que la reforma constitucional cobre vigor.
"Los consumidores tenemos un gran poder, porque decidimos qué consumimos. Queremos que prevalezca el interés público sobre los intereses empresariales", señaló Alejandro Calvillo, presidente de la no gubernamental El Poder del Consumidor, también organizadora de la convención de este sábado.
La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992 regula las acciones de grupo, pero sólo faculta a la Profeco a promoverlas y no a los consumidores directamente perjudicados. En las últimas décadas, el ente vigilante sólo ha aplicado esta facultad a lo sumo en tres ocasiones.
Además, está en ciernes una transformación de la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, que contendría disposiciones contra los monopolios y un endurecimiento de las sanciones existentes.
En febrero, la CFC estipuló una multa de unos 11 millones de dólares para seis compañías farmacéuticas por ponerse de acuerdo para ganar las licitaciones convocadas por la seguridad social mexicana y venderle sus medicamentos a precios inflados entre 2003 y 2006.
"Es una reforma necesaria. Tiene que darle legitimación o facultades a los consumidores o a las organizaciones de consumidores para que puedan ejercer acciones directamente ante los tribunales", planteó Ovalle.
Consumidores mexicanos alerta por abusos en costos(1)
Los consumidores mexicanos se enfrentan a una coyuntura marcada por alzas en los precios de productos básicos, recesión económica e indefensión ante abusos cometidos por proveedores de bienes y servicios.
Ese fue menú que organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los consumidores de todo el país analizaron en su primera convención nacional , que se realizó en marzo pasado en la capital del vecino país del sur.
"Queremos construir la agenda nacional de los consumidores, para enfrentar las prácticas monopólicas o los servicios que no se cumplen como se ofrecen", dijo la activista Dolores Rojas, coordinadora de campañas de la oficina mexicana de la organización no gubernamental Oxfam, una de las responsables de la convención.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), surgida en 1976 y adscrita a la Secretaría (ministerio) de Economía, es la encargada de velar por los derechos de los usuarios de bienes y servicios, pero su marco legal no le da colmillos filosos para perseguir penalmente a quienes no respetan esas garantías.
"Hay un traslado de recursos importante de los consumidores a los grandes consorcios de la industria alimenticia, en la que un grupo tiene el control del mercado", señaló el presidente de la Fundación El Barzón, Alfonso Ramírez, que reúne a productores agropecuarios, comerciantes, industriales y prestadores de servicios.
El Barzón es otro de los convocantes a la reunion. Esta fue antes de la celebración del Día Mundial del Consumidor el 15 de marzo.
Esta organización de usuarios de servicios financieros nació luego de la crisis bancaria de 1995, que pulverizó los ahorros de muchos titulares de cuentas corrientes.
En febrero, México registró una inflación mensual de 0,58 por ciento, la más alta para un periodo similar en seis años, presionada por incrementos en los precios de frutas, verduras y servicios públicos.
En 2009 la economía mexicana, la más afectada en América Latina por la crisis financiera originada en el vecino Estados Unidos, se contrajo en seis por ciento.
Más de 400,000 personas perdieron el empleo. Se estima que unos 48 millones de personas, de los 107 millones de habitantes de esta nación latinoamericana, viven en situación de pobreza.
Sin embargo, los mayores dueños de la riqueza no fueron afectados. Al contrario, aumentaron sus fortunas, como lo demuestra el listado mundial de magnates difundido por la revista estadounidense Forbes.
El mexicano Carlos Slim escaló al sitial de hombre más rico del mundo, con un capital de 53,500 millones de dólares, con el cual superó al estadounidense Bill Gates, ex presidente de la fabricante de programas de computación Microsoft, y al también estadounidense Warren Buffett, un inversionista especulador.
Los nueve millonarios mexicanos incluidos en la clasificación aumentaron sus caudales en 63 por ciento, al pasar de los 55,100 millones de dólares reportados en el ranking de 2009 a los actuales 90,300 millones, según estimaciones de la revista financiera El Semanario.
Entre esos magnates figuran Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga, los dueños de las dos mayores cadenas privadas de la televisión mexicana que monopolizan la pantalla. Además, Forbes incluyó en su lista a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el capo del narcotraficante Cartel de Sinaloa, con una riqueza de 1,000 millones de dólares.
"Hay una relación directa entre esa riqueza y las prácticas monopólicas", analizó Ramírez.
Slim es dueño de la mayor empresa de telefonía residencial y móvil de América Latina, Telmex, declarada dominante en México por la Comisión Federal de Competencia (CFC), el mayor órgano regulador en la materia. También posee cadenas de restaurantes y una constructora de infraestructura.
De hecho, en 2010 se conmemora el 20 aniversario de la privatización de la empresa Teléfonos de México, adquirida por Slim, y los 15 años de la apertura del mercado del servicio telefónico de larga distancia.
Anualmente, cada familia mexicana transfiere unos 5,700 dólares a las arcas de las corporaciones monopólicas, especialmente en rubros como las telecomunicaciones, las finanzas y la energía, según cifras de la CFC.
martes, 6 de abril de 2010
Escuelas elementales en Argentina no son tan accesibles
Contribución de Infancia Hoy.
En Argentina, cerca del 85 por ciento de los menores de edad con alguna discapacidad motriz que van al colegio abandonan los estudios por la falta de accesibilidad de los edificios. Se calcula que en la ciudad de Buenos Aires, sólo el cinco por ciento de las escuelas privadas están preparadas para recibir adecuadamente a estos niños y, en el caso de las estatales, la cifra asciende al 25 por ciento.
Estos datos se desprenden de un relevamiento hecho por el organismo no lucrativo Acceso YA en el 2006. Si bien no hay disponible una actualización de las cifras, la directora del Organismo No Gubernamental (ONG) Evangelina Gálligo explica que la estadística no ha cambiado y que "son muy escasos los colegios que hicieron reformas".
"Desde principio de año reclamamos a través de un pedido de información pública saber cuáles fueron las obras realizadas entre 2005 y 2008 y el presupuesto que se les asignó pero no obtuvimos respuesta, así que la semana pasada presentamos un amparo", dijo Gálligo.
Además, en 2007 la organización presentó otra acción reclamando que se cree un plan de accesibilidad. Se espera que en los próximos días se dicte la sentencia.
En el relevamiento realizado sobre cerca de 700 escuelas porteñas, se destaca que la mayoría de las que no cumplen con los requisitos mínimos, son religiosas.
"Muchos de estos colegios pertenecen al Arzobispado de Buenos Aires y varios son subsidiados hasta en un 70 por ciento", reflexiono Gálligo.
Evangelina Gálligo cuenta que hacen reclamos en los colegios, pero los chicos no obtienen respuesta y a partir de allí surgen los casos de deserción escolar. Además, dijo, muchos suelen sentirse discriminados y terminan yendo a una escuela esencial, aunque su capacidad intelectual sea como la de cualquier persona sin problemas motrices.
Con respecto al actual gobierno porteño, a cargo de Mauricio Macri, Gálligo ironizo y resalto que los cambios fueron no positivos, al comparar ésta con otras gestiones.
"Entre los compañeros de colegio hay solidaridad, pero lo que falta es la voluntad política para resolver la situación. Hay que reivindicarlos como sujetos de derecho", sentencio.
Pero la construcción de rampas para ingresar no es lo único que se necesita para que los chicos con problemas motrices puedan ir a un colegio normal; debe haber un sistema de transporte equipado correctamente; dentro de las instituciones no deben haber desniveles (y, en tal caso, hay que colocar ascensores), las puertas deben ser lo suficientemente anchas como para permitir el paso de sillas de ruedas, y los baños también deben ser accesibles.
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