Workers with disabilities are few, Labor Dept. finds

Only 19.2% of all people with any disabilities were employed in 2009, a report from the U.S. Bureau of Labor indicated, in its first ever survey of employment among people with cognitive or physical disabilities.

The unemployment ratio of persons with disabilities was 14.5%, higher than the rate of those without disabilities, which was 9.0%. This is the first news study focusing on the employment status of persons with a disability. The information in this study was obtained from the Current Population Survey (CPS), a monthly sample survey of about 60,000 households that provides statistics on employment and unemployment in the United States.

Beginning in June 2008, questions were added to the CPS that were designed to identify persons with a disability in the civilian population age 16 and older. The year 2009 is the first calendar year for which annual averages are available.

The collection of these data is sponsored by the Department of Labor's Office of Disability Employment Policy.

Highlights from the 2009 data are:

~For all age groups, the employment-population ratio was much lower for persons with a disability than for those with no disability. The unemployment rate of persons with a disability was well above the rate of those with no disability.

~Persons with a disability were over three times as likely as those with no disability to be age 65 or older. Nearly one-third of workers with a disability were employed part time, compared with about one-fifth of those with no disability.

Persons with a disability tend to be older than persons with no disabilities, reflecting the increased incidence of disability with age. In 2009, almost half of people with disabilities were at least 65 years old, compared with about one-tenth of those with no disability. Women were somewhat more likely to have a disability than men, thus reflecting the greater life expectancy of women. Among major race and ethnicity groups, the prevalence of a disability was higher for blacks and whites than for Asians and Hispanics.

Employment

In 2009, the employment-population ratio, the proportion of the population that is employed, was 19.2% for individuals with disabilities. Among those with no disability, the ratio was much higher, 64.5%. In part, this reflects the older age profile of persons with a disability; older individuals, regardless of disability status, are less likely to be employed.

However, across all age groups, persons with disabilities were much less likely to be employed than those with no disability. Persons with a disability who have completed higher levels of education were more likely to be employed than those with less education. However, at all levels of education, persons with a disability were less than half as likely to be employed than were their counterparts with no disability.

Workers with disabilities were more likely than those with no disability to work part time. Among workers with a disability, 32% usually worked part time in 2009, compared with 19% of workers without a disability.

A slightly larger proportion of workers with a disability worked part time, because of the ailing economy, than those with no disability, 8% and 6%, respectively. These individuals were working part time because their hours had been cut back or because they were unable to find a full-time job.

Workers with a disability were slightly more likely than those with no disability to work in service occupations, 20% compared with 18%.

In production, transportation, and material moving occupations, people with disabilities were employed at 14%, compared with 11% of regular workers. Those with a disability were less likely to work in management, professional, and related occupations, 31%, compared with 38%.

In 2009, 16% of workers with a disability were employed in federal, state, and local government, and 15% of those with no disability. 73% of workers with a disability were employed as wage and salary workers, compared with 78% of those with no disability. An 11% of workers with a disability were self-employed, compared to 7% of those with no disability.

Abuelas imparten lecturas de cuentos en Argentina(2)

"Nuestra actividad consiste en convocar a personas de la tercera edad con vocación y deseo de leer cuentos", explicó Natalia Porta, coordinadora del programa. Las mujeres son capacitadas por personal especializado en literatura para niños y se las asesora sobre cómo usar la voz, los gestos y otros recursos.

Una vez preparadas, las "abuelas" visitan una misma escuela en Resistencia, la capital de Chaco, y las localidades de sus alrededores, donde viven unas 400,000 personas, de las cuales el 60% son pobres. Van a escuelas públicas y particulares de enseñanza preescolar, elemental y secundaria.

"Llevan alimento espiritual para miles de niños con carencias varias, aborígenes, de barrios periféricos y comunidades marginales", sintetizó Porta. "Muchos no tienen cama, mesa de luz, libros ni una abuela que se siente junto a ellos de noche a leerles un cuento”, añadió. “Ellas compensan esa falta”.

"La fundación siempre enfocó la lectura como un tema clave del desarrollo, y además como un derecho", explicó. Por eso el programa fue seleccionado por la Cepal junto a otras 19 experiencias latinoamericanas. Si obtienen algun premio regional, este les permitirá solventar gastos de transporte y de un lugar donde guardar los libros.

En el programa “Abuelas” el objetivo es "promover la tradición de la lectura intergeneracional en la infancia", precisó Porta. Pero, al mismo tiempo, logran dar un nuevo significado al papel de mujeres mayores que están retiradas del mundo laboral y encuentran una nueva motivación en el contacto con los niños.

"Hay abuelas que tienen 80 años o más, pero vienen con gusto", asegura 'la abuela' Orellana. "Nadie nos obliga. Es una relación de amor que va y vuelve, los chicos nos quieren, nos abrazan, la escuela nos recibe con cariño también, y nos muestran que los niños están cada vez más interesados en la lectura".

El programa evalúa los resultados obtenidos mediante encuestas en las escuelas cada seis meses, pero además, la fundación está en contacto con las autoridades de la institución para supervisar el desarrollo del plan. Los profesores y maestros aseguran que el beneficio para los niños es muy alto y las abuelas afirman que para ellas también.

La idea fue transferida a otras 20 ciudades del nordeste del país y de otros países de América Latina. Pero además, el Ministerio de Educación de Argentina, con asesoramiento del mismo Giardinelli, lanzó en 2008 su propio programa "Abuelas y Abuelos Leecuentos", con más de 700 voluntarios que leen a 200,000 niños y niñas en 62 ciudades de distintas partes del país.

Muchos de los niños que participan de estos programas "nunca o muy raramente" tuvieron la oportunidad de que algún familiar les lea un cuento, y ahora, por su nueva experiencia, comienzan a pedirlo en casa.

Abuelas imparten lecturas de cuentos en Argentina(1)

Es "conmovedor", "muy gratificante" y "terapéutico", así describen su trabajo voluntario algunas de las 60 mujeres de la llamada tercera edad que participan del programa "Abuelas Cuentacuentos" en Argentina, destinado a despertar el amor por la literatura entre los pequeños.

Cada semana, estas mujeres van a una escuela y leen al mismo grupo de niños, que las aguardan con gran expectativa. "¡Son tan cariñosos y nos esperan con tantas ansias!", narra Federica Orellana, de 73 años, quien realiza esta labor desde 2004 en la nororiental provincia de Chaco, donde nació la idea.

"Si una semana hay feriado y no voy, me extrañan y cuando llego todos gritan 'abuela, abuela' y me quieren contar sus cosas, me traen sus libritos y quieren que me quede más tiempo del que tengo", relata esta mujer ya jubilada, quien, además, dice que el programa le devolvió a ella misma las ganas de leer.

Las mujeres se capacitan para leer a los niños y niñas cuentos o poesías de autores argentinos y de otros países, clásicos y contemporáneos.

Si la lectura de un cuento breve deja tiempo, terminan el encuentro con una poesía o un trabalenguas, y a veces siguen con libros que los mismos niños traen de su casa.

El plan nació en 2001 en Chaco, como una idea de la Fundación Mempo Giardinelli.

Nacido en esa provincia, Giardinelli es autor de novelas, cuentos y ensayos que ya fueron traducidos a 20 idiomas. Este también periodista y profesor universitario recibió, entre otros reconocimientos, el premio Rómulo Gallegos en 1993, lo cual le permitió concretar un largo sueño como fue crear la fundación para promover la lectura desde distintos abordajes.

El Programa Abuelas Cuentacuentos es el más reconocido de la fundación. Recibió una decena de premios, entre otros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Ahora fue elegido entre los 19 programas finalistas del concurso "Experiencias en Innovación Social", que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en conjunto con la Fundación W.K. Kellogg. En la Feria que se realizó el Noviembre previo en Guatemala, se premiaron cinco de los trabajos elegidos, provenientes de Argentina, Brasil, Perú, Chile, México, Costa Rica, Honduras y Uruguay.

Desde sus inicios hasta ahora, el programa fue creciendo y hoy las abuelas visitan unas 60 instituciones donde leen para unos 16,000 niños y niñas. También llevan la experiencia a orfanatos, hospitales pediátricos, comedores comunitarios, geriátricos, institutos para ciegos y cárceles. Pero el punto fuerte del programa sigue siendo la escuela.

Culver City Adds First CNG Paratransit Buses - News - Government Fleet

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Critican a "Comunidades Seguras" por deportaciones(2)

Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: "El mal llamado programa Comunidades Seguras es el nuevo esquema del Departamento de Seguridad Nacional para incluir a los policías locales en la aplicación de las leyes migratorias".

Por su parte, Francis Boyle, profesor de leyes en la Universidad de Illinois, dijo: "Esto es simplemente un ejercicio de prejuicio racial contra los latinoamericanos".

Los registros obtenidos por las organizaciones no gubernamentales "revelan una peligrosa tendencia", dijo el director ejecutivo de la NDLON, Pablo Alvarado.

"Este programa crea una explosión de medidas como las (implementadas en el sudoccidental estado) de Arizona, y cuyos resultados han demostrado ser desastrosos. Gracias al S-Comm, afrontamos la potencial proliferación del prejuicio racial, de la desconfianza hacia la policía local, del temor y de la xenofobia", alertó.

Según las organizaciones, información preliminar confirma que algunas jurisdicciones, como el condado de Maricopa, en Arizona, tienen tasas anormales de deportaciones de personas sin antecedentes penales a través del S-Comm.

El promedio nacional de deportados sin antecedentes es de 26%, pero esa cifra también varía ampliamente a lo largo del país. Llega a 54% en Maricopa, cuyo sheriff, Joe Arpaio, recibe cientos de demandas por abusos a los derechos civiles y es investigado por el propio Departamento de Justicia por realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes.

En una medida que expertos legales califican de inusual, ese Departamento amenazó esta semana con demandar Arpaio si no cooperaba en una investigación sobre su supuesto abuso de poder y acoso a personas de origen latinoamericano.

Todo esto amenaza con exacerbar el enfrentamiento entre la administración del presidente Barack Obama y el gobernador de Arizona, Jan Brewer. Las leyes migratorias de ese estado se han convertido en un tema de contención de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre.

El Departamento de Justicia inició una nueva acción legal contra la ley SB-1040 de Arizona, que permite a los agentes de inmigración detener a una persona si consideran tener razones suficientes para creer que reside en el país sin documentos.

Un juez federal concluyó que muchas secciones de la norma no podían aplicarse hasta que una corte de apelaciones se expidiera sobre su legalidad. El gobierno de Obama sostiene que las leyes federales deben ser las únicas sobre el tema.

Critican a "Comunidades Seguras" por deportaciones(1)

Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones señalaron que 79% de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras juveniles.

De las aproximadamente 47,000 personas deportadas a través del programa, desde su entrada en vigor en octubre de 2008 hasta junio de 2010, sólo 20% fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.

Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de policía detener a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".

Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador (NDLON, por sus siglas en inglés), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.

Las organizaciones dijeron que documentos oficiales obtenidos gracias a la ley de Libertad de Información "revelan un patrón de deshonestidad" en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que implementa el S-Comm.

El programa promueve la cooperación entre las autoridades migratorias nacionales y la policía del estado respectivo. Los agentes locales pueden aplicar leyes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados que comentan delitos para luego derivarlos a la ICE.

Funcionarios de la ICE declararon su intención de expandir el S-Comm a todas las jurisdicciones del país para 2013. Actualmente funciona en 544 jurisdicciones de 27 estados. El programa administra información de huellas digitales a través de la base de datos de las autoridades migratorias.

Los activistas señalaron que la ICE "ha sido deshonesta con el público y con las agencias del orden público locales sobre la verdadera misión y el impacto del S-Comm".

"Aunque la ICE considera al S-Comm una herramienta eficiente y bien confeccionada contra inmigrantes que constituyen una ‘importante amenaza’, en los hechos funciona como un sistema de redadas", añadieron.

Bolivia: Alza en consumo de drogas(2)

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) informó que durante los primeros siete meses del año incautaron 20 toneladas de pasta base y clorhidrato de cocaína, 2 toneladas más que las registradas en el mismo periodo del pasado año.

Además, la Felcn realizó 8,811 operativos, destruyó 17 laboratorios y detuvo a 2,446 personas, en actuaciones que ya cuentan con colaboraciones militares cuando son requeridas.

En 2009, la incautación total de cocaína alcanzó las 26 toneladas y, según la Felcn, 46% del total procedían del vecino Perú. Las autoridades locales aseguran que Bolivia ha pasado a ser un país de tránsito y refinación de la pasta de coca peruana, que luego se dirige a Brasil.

El Celin indicó que desde 2005 se pasó de 452 a 1,045 nuevos consumidores de marihuana por cada 100,000 habitantes de entre 12 a 65 años.

En La Paz es posible adquirir unos gramos de marihuana desde precios que oscilan de 80 centavos a 2.82 dólares, de acuerdo a la zona donde se oferte el producto, explicó Alcaraz.

En los mismos cinco años, los nuevos consumidores de clorhidrato de cocaína aumentaron de 78 a 223 personas por cada 100,000 habitantes, señaló.

Según Alcaraz, los indicadores colocan a Bolivia en la media de los índices de consumo de América Latina, por debajo de Chile, Brasil y Argentina.

La encuesta también determinó que en las principales ciudades un 75.6% considera un problema la expansión del consumo de drogas, mientras que en 1992 el tema solo preocupaba a 33.4% de la población.

Otro elemento reflejado por el estudio de este año es que 65.7 % de los encuestados opinó que el problema de las drogas debe ser resuelto tanto por los países productores como consumidores.

La preocupación de Alcaraz radica en la ausencia de programas de prevención que entre los años 1990 y 1998, estaba financiado por organizaciones privadas y no gubernamentales.

El especialista en prevención y con una maestría en salud mental, Mario Eguía, coincidió con esa opinión y se lamentó por la ausencia de políticas estatales claras para controlar el incremento del consumo ilícito de drogas.

"Existe una tendencia clara de negar la existencia del problema del consumo, o se acepta que Bolivia es un país de tránsito y productor de drogas, pero se niega el incremento del consumo", afirmó.

Eguía criticó la falta de participación del Estado en programas de prevención y recordó que en el pasado también fue mayor la cooperación internacional y de la empresa particular.

Los gobiernos anteriores establecieron diferentes formas de enfrentar el problema del consumo de estupefacientes, pero todas le dieron jerarquía al encargar de la tarea a un viceministerio (dirección general).

Sin embargo, desde que llegó a la Presidencia en enero de 2006, la lucha contra el consumo de drogas es responsabilidad de una unidad dentro de un viceministerio. "Eso refleja la importancia que se da a esa problemática", dijo Eguía.