En Argentina, contratos laborales débiles promueven despidos (1)

Trabajadores estatales en huelga por unos 10,000 despidos desde que el nuevo presidente Mauricio Macri comenzó su gobierno. 

Desde que asumió el nuevo gobierno, 20.000 empleados públicos fueron despedidos en Argentina. Un fenómeno explicado como una “limpieza” de “militantes” de la gestión anterior, que se facilita por la precariedad laboral en el sector, pese a los avances de formalización del empleo de la última década.

“Hemos encontrado un Estado puesto al servicio de la militancia política”, justificó el centroderechista Mauricio Macri, en la Presidencia desde el 10 de diciembre, tras ocho  años de mandato de la centroizquierdista Cristina Fernández, y cuatro de su ya fallecido marido, Néstor Kirchner, ambos del opositor Frente para la Victoria.

“Queremos un Estado sin la grasa de la militancia”, reforzó su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en alusión a supuestas contrataciones clientelares.

El Observatorio del Derecho Social, de la Central de Trabajadores de Argentina, contabiliza como  despedidos a una mayoría de empleados de ministerios y empresas estatales, y de gobiernos provinciales y municipales, cuyos contratos eran temporales y finalizaban el 31 de diciembre.

Pero en muchos casos se trataba de trabajadores con entre cinco y 10 años de antigüedad, laborando en esas condiciones.

En La Plata, capital de la occidental provincia de Buenos Aires, ahora gobernada por Cambiemos, la coalición de Macri, fueron despedidos 4,500 trabajadores públicos, que además resultaron reprimidos cuando reclamaron por la medida.

“La forma de enterarnos de los despidos fue traumática”, relató una de esas afectadas, Marcela López que trabajaba desde hace ocho años en un programa municipal de asistencia a personas sin hogar, con un contrato que se renovaba cada tres meses.

“Cuando llegué a mi lugar de trabajo me habían sacado de la planilla. Nos mandaron a personal y  nos dijeron que estábamos despedidos, aunque ellos no plantean despido, dicen que es contrato vencido”, lamentó López, sostén de su familia y con un hijo discapacitado.

El gobierno argumenta que son “ñoquis”, como se llama popularmente en Argentina a los empleados públicos que solo concurren a su puesto para cobrar el 29 de cada mes, día tradicionalmente dedicado a comer ese tipo de pasta en el país.

Pero López y otros despedidos aseguran que tienen como demostrar su asistencia al trabajo y su idoneidad profesional.

“Creo que el tema de los ñoquis es algo histórico que tiene que ver con un sistema de funcionamiento de la política. A mí no me parece mal que se quiera ordenar eso. Pero no puede ponerse a todo el mundo en esa categoría. Sobre todo a quienes si trabajamos y que transformamos un programa en una política pública”, aclaró.

Julio Fuentes, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), consideró que si el gobierno quisiera detectar quien “cobra sin trabajar”, “nadie va a salir a defenderlo”.

“Pero eso se tiene que hacer sobre la base de un análisis serio, con participación de la organizaciones sindicales, con garantías para que no se cometan arbitrariedades”, dijo el también presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales.

En las diversas dependencias estatales, trabajadores denuncian que son interrogados para saber quien los recomendó, cual es su trayectoria y formación profesional. Algunos denunciaron que se revisaron sus perfiles en redes sociales para constatar su militancia política.

 “¿Está el Estado hoy en condiciones de hacer un relevamiento exhaustivo, sistemático de las condiciones del empleo público cuando no existen siquiera estadísticas oficiales, o un organismo dedicado exclusivamente a compilar y sistematizar esta información?”, cuestionó el docente Gonzalo Diéguez, director del programa de gestión pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

Para la ATE, es una maniobra para justificar despidos indiscriminados y reducir el Estado, en el marco del plan de ajuste emprendido.

Esa arbitrariedad, consideró Fuentes, es posible gracias a la precariedad del trabajo público, iniciado con la flexibilización laboral neoliberal de los años 90 en Argentina.

“Hace mucho que venimos denunciando en América Latina, y en Argentina en particular, la situación de lo que se denomina, contrato basura o empleo informal, pero que en definitiva son formas que han tomado los gobiernos para burlarse  de la Constitución”, que garantiza la estabilidad del empleo público, destacó.

Lea Empleo, Página 2.