Argentina: caso inédito de usura en negocios (2)

Simpatizantes argentinos critican a los inverisonistas "buitres".

Fondos Buitre, página 2. 

“Esa prohibición, sin fundamento jurídico alguno y dictada al margen de sus facultades legales, no tiene efecto práctico porque la Argentina pagó de todos modos el vencimiento”, observó Drucaroff.

Pero “advertido” por Griesa de que transferir los fondos a las cuentas de los bonistas violaría su fallo, el BoNY retuvo el pago.

“Griesa no tiene facultades para impedir que Argentina pague deudas a terceros que no son parte del juicio. Tampoco tiene facultades sobre fondos que no son del país, no puede embargarlos”, sostuvo el abogado.

“No hay default”, pero en cambio “se plantea una situación jurídica absolutamente inédita”, dijo.

“El BoNY deberá dar cuentas a 92.4 por ciento y a Argentina por no cumplir su función. Podrá decir que actúa así porque de la sentencia de Griesa se desprende que pueden imputarle desacato al juez y, a mi criterio, en tal caso Griesa será también responsable de haber impedido que el dinero llegue a los acreedores”, analizó.

Para la economista de la Universidad de Buenos Aires Fernanda Vallejos, la letra de los contratos establece que el default solo se produciría “si Argentina no pagara”. Pero el país “no solo tiene vocación y capacidad de pago, sino que ya pagó y lo va a seguir haciendo”, dijo.

Eso, a su juicio, es independiente de las calificadoras de riesgo, “que en su afán de habilitar el negocio financiero a los buitres, por el cobro de seguros contra default”, inventan figuras como el default selectivo, “que no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con la solvencia financiera de Argentina”.

El problema, aduce el gobierno, no son los 1,500 millones de dólares exigidos por el juez y los demandantes, sino en cómo se multiplicaría esa deuda, si los bonistas que aceptaron las quitas pleitearan para que se les pague lo mismo, al otorgar mejores condiciones a otros.

El gobierno cita valores de hasta 500,000 millones de dólares, lo que retrotraería a la gravísima crisis que ocasionó el impago de 2001.

“Semejante derrumbe de las reservas no solo afectaría el comercio internacional, sino que volvería ingobernable la paridad cambiaria; por tanto, el resto de las reservas terminaría corriendo la misma suerte, se terminarían fugando en el vano intento de frenar la estampida del precio del dólar”, vaticinó el analista político Alejandro Horowicz.

Vallejos advirtió que el fallo desestimula toda reestructuración de deuda soberana, por favorecer “a una pequeña minoría, que se corresponde con la cara más salvaje del capital financiero internacional”.

“¿Quién aceptaría una reestructuración como la argentina, si litigando en tribunales de algún país se puede obtener ese nivel de rentabilidad cobrando el 100 por ciento del valor nominal?”, cuestionó.

Para la economista, se requiere un marco regulatorio internacional “que preserve los procesos de reestructuración de deuda soberana” y “ponga límite a la absoluta desregulación de los mercados financieros que avasallan Estados y someten a los pueblos”.

Los fondos buitres ya están en la mira de gobiernos y organismos internacionales, en los que crece el consenso sobre que se les debe controlar.

Casi todos ellos “estuvieron involucrados en la última crisis financiera internacional (estallada en 2008) mediante maniobras de especulación muy variadas y, en muchos casos, directamente delictuosas”, recordó Drucaroff.

“En teoría buena parte del sistema financiero ‘formal’ los repudia y los considera contrarios a la ‘ética’ de los negocios. Pero no se ha dado ningún paso concreto para limitar sus actividades que, en alto porcentaje, se realizan a través de paraísos fiscales”, sostuvo.

Un tema en el cual el default o no default argentino es apenas una arista del iceberg.