Los programas de transferencia de ingresos,
que ya existen con diversas modalidades en muchos países latinoamericanos,
resultan un arma más efectiva contra la pobreza y la desigualdad social que el
crecimiento económico por sí solo, aseguran en su estudio dos economistas
argentinos.
Con distintos nombres y alcance, estos planes sociales se
implementaban en 2010 en 18 países, abarcando entonces a 19 por ciento de los
alrededor de 600 millones de habitantes de la región, logrando “una disminución
sustancial de la pobreza extrema y una notable caída de la desigualdad”, según
el trabajo publicado por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales
(Cedlas) de la estatal Universidad
Nacional de La Plata en Argentina.
América Latina continúa siendo la región del
mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, el informe “Políticas
sociales para la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y
el Caribe”, hace un recuento de
las modalidades regionales de transferencia de ingresos a los más pobres y
recomienda ampliar estos programas para erradicar la indigencia.
Gasparini y Cruces, director y subdirector del
Cedlas respectivamente, consideran que los programas no contributivos “fueron
la principal innovación” de las políticas sociales en la última década en la
región.
“Las transferencias monetarias son
instrumentos muy útiles como parte de una estrategia global de reducción de la
pobreza y las desigualdades”, dijo Gasparini. “Son relativamente fáciles de
implementar, administrar y monitorear, y tienen un impacto directo sobre el
nivel de vida de los beneficiarios”.
Gasparini
también destacó las ventajas de los condicionamientos de estos planes para
“incentivar ciertos comportamientos, como una mayor asistencia de los niños,
niñas y adolescentes a la escuela o a controles más frecuentes de salud”. Si
bien “no son la solución a problemas distributivos profundos, su relevancia no
debería minimizarse”, agregó.
Según el estudio publicado en marzo, aun en un
escenario de crecimiento económico sostenido, programas como Asignación Universal
por Hijo, en Argentina, y Beca Familia, en Brasil, “tienen un papel fundamental
para lograr mejoras distributivas”.
“La región no puede depender solo del
crecimiento económico, incluso si se da con pleno empleo, pues hace falta la
protección social”, dice el estudio.
Con matices, los diversos planes apuntan a
transferir mensualmente recursos monetarios del Estado a familias pobres o a
retirados que se desempeñaron en la economía informal y, por tanto, carecen de
pensiones. Entre los pobres, la mayoría exigen a cambio la asistencia a la
escuela y controles sanitarios a los menores de 18 años.
El Bono de Desarrollo Humano, de Ecuador, es
el que tiene mayor alcance, ya que llega a 44 por ciento de la población total
de ese país. Pero Beca Familia es el más grande en términos absolutos, pues
protege a 52 millones de los 198 millones de habitantes de Brasil.
A ellos se agregan Oportunidades, de México,
Bono Juancito Pinto, de Bolivia, Chile Solidario, Familias en Acción, de Colombia, Avancemos, de
Costa Rica, Red Solidaria, de El Salvador, Mi Familia Progresa, de Guatemala,
Programa de Asignación Familiar, de Honduras, Red Oportunidades, de Panamá,
Tekoporâ/ProPaís II, de Paraguay, Juntos, de Perú, Solidaridad, de República
Dominicana, Plan Equidad y Asignaciones Familiares, de Uruguay, y similares en
Nicaragua y Venezuela.
El plan que parece tener peores resultados es Oportunidades, por
el avance de la pobreza en México, que afectaba hasta fines del año pasado a
53,3 millones de sus 118 millones de habitantes, según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ante ello, el gobierno revisa sus reglas de
operación.
“La debilidad de origen es la concepción de
que el problema de la pobreza es de falta de capacidades de la población y que
lo que hay que apoyar y financiar es su aumento”, criticó Clara Jusidman,
presidenta honoraria de la organización no gubernamental Incide Social.
Lea Equidad, parte 2.
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