jueves, 26 de septiembre de 2013
martes, 24 de septiembre de 2013
sábado, 14 de septiembre de 2013
Yasuní enfrenta a ciudadanía y gobierno de Ecuador(1)
La decisión del gobierno de Ecuador de iniciar los pasos para
explotar parte del petróleo de una de las zonas más biodiversas del planeta, el
Parque Nacional Yasuní, desencadenó alarma general entre ambientalistas e
indígenas, que demandan realizar un referendo al respecto.
El president Rafael Correa ordenó archivar el 15 de agosto la Iniciativa Yasuní-ITT, destinada a dejar en el subsuelo la riqueza
hidrocarburífera del parque amazónico a cambio de una compensación económica
internacional, por la falta de aportes al fideicomiso abierto con ese fin.
La decisión da luz verde a la empresa estatal
Petroamazonas para que comience operaciones exploratorias en el parque, según
el decreto que pone fin a la iniciativa.
Los opositores a la explotación alertan de la
afectación que sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento
voluntario (tagaeri y taromenane) si se concreta la incursión petrolera en el
área protegida más grande del Ecuador, con 982,000 hectáreas.
Por ello, el 22 de agosto, la Confederacion de Nacionalidades Indigenas
(Conaie), (Conaie), la
Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), y la Confederación de Estudiantes
Universitarios y Acción Ecológica, entre otras organizaciones, presentaron ante
la Corte Constitucional su propuesta de referendo que, para ser aceptada, requiere
el respaldo de 584,116 firmas, cinco por ciento del padrón electoral.
La pregunta que se plantearía a la ciudadanía
es “¿Está usted de acuerdo que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del
ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?”
Correa instó a la ciudadanía a recoger las
firmas y dijo tener la seguridad de que su propuesta de extraer el crudo del
Yasuní, con el propósito de incrementar la obra pública con esos fondos,
resultaría vencedora.
El
gobierno asegura que solo se intervendrá una extensión de menos de uno por mil
de Yasuní, situado en el norte del país, y que no incidirá en la vida de los
pueblos aislados, ya que los campos que se explotarían (Ishpingo, Tambococha y
Tiputini, ITT) están alejados de la llamada zona intangible, donde habitan esas
nacionalidades.
José Lema, presidente del Colegio de
Ingenieros Geólogos del Ecuador, dijo que es posible que la extracción se
produzca como lo plantea el gobierno.
Como antecedente, citó los trabajos que Petroamazonas realiza en el campo Pañacocha, ubicado en otra
norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por
sus buenas prácticas ambientales.
“Petroamazonas viene desarrollando trabajos
similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se
realiza el oleoducto solamente” afirmó.
El experto considera que lo primero que se
debe realizar es una nueva evaluación de la zona para rediseñar el plan de
explotación.
“Puede cambiar, porque la metodología que se
uso en un principio (1993) fue una sísmica 2D”, que “determinó un nivel de
reservas de 920 millones de barriles” de crudo, analizó.
“Pero cuando se tenga una información más a
detalle, con una valoración volumétrica, se conocerá un volumen más real y, con
toda seguridad, será mayor a lo identificado”, adelantó.
"No sorprende"
que países ricos no hayan cumplido su parte en esta iniciativa, dijo la
analista de política internacional de Amigos de la Tierra, Karen Orenstein.
"No se precisa más que mirar las arcas casi vacías del Fondo Verde para el
Clima para notar que los Estados industriales no cumplen lo que prometen cuando
se trata de dinero para que las naciones en desarrollo hagan frente a la crisis
climática que ellos crearon", añadió.
"Esto es especialmente cierto para Estados Unidos, históricamente el principal contaminador del clima, pero miserable cuando se trata de finanzas climáticas internacionales", dijo Orenstein.
Las potencias industriales aceptaron dotar 100,000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a los países pobres a mitigar y adaptarse al cambio climático.
"Esto es especialmente cierto para Estados Unidos, históricamente el principal contaminador del clima, pero miserable cuando se trata de finanzas climáticas internacionales", dijo Orenstein.
Las potencias industriales aceptaron dotar 100,000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a los países pobres a mitigar y adaptarse al cambio climático.
Yasuní enfrenta a ciudadanía y gobierno de Ecuador(2)
El Fondo estableció ya
una secretaría en Corea del Sur y entraría en operaciones a fines de 2014, pero
la recaudación de recursos va extremadamente lenta y la mayoría de los aportes
se han gastado en la puesta a punto de la iniciativa.
Aun así, algunos mantienen la esperanza de que se concreten aportes significativos a fines de año, durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Más allá de los cuestionables aspectos financieros, "extraer crudo del Yasuní será una bofetada a los movimientos sociales y ecologistas de Ecuador y del mundo que promovieron la iniciativa", agregó Orenstein.
Para
Lema, lo principal será la adecuación de las plataformas que ya existen en el
parque y la manera de introducir los equipos para la instalación. Luego vendrá
la perforación de los pozos y la construcción de la tubería.
“Hay que considerar que todo proyecto tiene
una alteración, el objetivo es reducirla al máximo con el uso de la mejor
tecnología”, dijo.
Wilson Pástor, exministro de Recursos no
Renovables del gobierno izquierdista moderado de Correa, en el poder desde
2007, cree que la alarma es infundada porque ya existe explotación de crudo en
el parque.
“El bloque 31 fue explorado por (la compañía
brasileña) Petrobras, hoy es de Petroamazonas y está dentro del parque”,
comentó.
Además, en Pañacocha se producen unos 18,000
barriles diarios, pero el crudo no se procesa ni se toca dentro del área,
recordó.
“Igual se va a hacer con el ITT, primero
porque ya hay siete plataformas realizadas”, y se perforarán pozos por racimos.
“Antes se hacía un pozo por plataforma, ahora se hace 25 pozos en cada lugar,
de manera que no se ocupa más espacio”, argumentó.
Lo más contaminante son las instalaciones de
tratamiento y separación del agua, el gas y del petróleo, lo que implicaría
“prácticamente hacer una refinería y esa refinería no se va a hacer en el ITT”,
por lo que “la afectación total de la intervención será de 190 hectáreas”,
aseveró.
Tampoco se va a generar electricidad en el
campo y el oleoducto pasará “totalmente” al margen del parque, en un sendero de
tres metros de ancho con material biodegradable para enterrar la tubería.
El exministro asegura que la explotación
tendrá un beneficio adicional para el parque. “Hoy el Yasuní no tiene
instituciones fuertes que controlen el acceso al parque, pero si Petroamazonas
entra habrá recursos para protegerlo”.
El gobierno prevé que el campo Tiputini
produzca sus primeros barriles en dos años, Tambococha, 12 meses después e
Ishpingo otro año más tarde.
Pero a los colectivos sociales no compran los
argumentos de Correa y su gobierno.
María Paula Romo, exconstituyente del partido
Ruptura 25, aseguró que el gobierno dejó de lado el artículo 57 de la
Constitución, que prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde vivan
pueblos aislados.
Ese artículo indica que “los territorios de
los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e
intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El
Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la
observancia de sus derechos”.
Y añade que “la violación de estos derechos
constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.
Por eso, dijo Romo, “antes de hablar de las
especificaciones de los pozos, lo primero es preguntarse cómo se va a
justificar frente a la Constitución entrar en un territorio vedado”.
El ministro de Justicia, Lenín Lara, aseguró
que no existen pueblos aislados en los campos donde se pretende extraer el
crudo, pero ambientalistas y antropólogos lo desmintieron.
“Los taromenanes están siendo cercados por
todas partes y, aunque los trabajos se hagan con la mejor tecnología, van a
generar presión en esos pueblos”, diojo el periodista y cineasta Carlos Andrés
Vera.
Correa decidió archivar su Iniciativa ITT porque de los 3,600 millones de dólares previstos desde su
apertura en 2007 se recolectaron apenas 13,3 millones de empresas, personas y
países en un fideicomiso administrado por la Organización de las Naciones
Unidas.
viernes, 13 de septiembre de 2013
miércoles, 11 de septiembre de 2013
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Dicen latinoamérica va por mayor equidad (1)
Los programas de transferencia de ingresos,
que ya existen con diversas modalidades en muchos países latinoamericanos,
resultan un arma más efectiva contra la pobreza y la desigualdad social que el
crecimiento económico por sí solo, aseguran en su estudio dos economistas
argentinos.
Con distintos nombres y alcance, estos planes sociales se
implementaban en 2010 en 18 países, abarcando entonces a 19 por ciento de los
alrededor de 600 millones de habitantes de la región, logrando “una disminución
sustancial de la pobreza extrema y una notable caída de la desigualdad”, según
el trabajo publicado por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales
(Cedlas) de la estatal Universidad
Nacional de La Plata en Argentina.
América Latina continúa siendo la región del
mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, el informe “Políticas
sociales para la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y
el Caribe”, hace un recuento de
las modalidades regionales de transferencia de ingresos a los más pobres y
recomienda ampliar estos programas para erradicar la indigencia.
Gasparini y Cruces, director y subdirector del
Cedlas respectivamente, consideran que los programas no contributivos “fueron
la principal innovación” de las políticas sociales en la última década en la
región.
“Las transferencias monetarias son
instrumentos muy útiles como parte de una estrategia global de reducción de la
pobreza y las desigualdades”, dijo Gasparini. “Son relativamente fáciles de
implementar, administrar y monitorear, y tienen un impacto directo sobre el
nivel de vida de los beneficiarios”.
Gasparini
también destacó las ventajas de los condicionamientos de estos planes para
“incentivar ciertos comportamientos, como una mayor asistencia de los niños,
niñas y adolescentes a la escuela o a controles más frecuentes de salud”. Si
bien “no son la solución a problemas distributivos profundos, su relevancia no
debería minimizarse”, agregó.
Según el estudio publicado en marzo, aun en un
escenario de crecimiento económico sostenido, programas como Asignación Universal
por Hijo, en Argentina, y Beca Familia, en Brasil, “tienen un papel fundamental
para lograr mejoras distributivas”.
“La región no puede depender solo del
crecimiento económico, incluso si se da con pleno empleo, pues hace falta la
protección social”, dice el estudio.
Con matices, los diversos planes apuntan a
transferir mensualmente recursos monetarios del Estado a familias pobres o a
retirados que se desempeñaron en la economía informal y, por tanto, carecen de
pensiones. Entre los pobres, la mayoría exigen a cambio la asistencia a la
escuela y controles sanitarios a los menores de 18 años.
El Bono de Desarrollo Humano, de Ecuador, es
el que tiene mayor alcance, ya que llega a 44 por ciento de la población total
de ese país. Pero Beca Familia es el más grande en términos absolutos, pues
protege a 52 millones de los 198 millones de habitantes de Brasil.
A ellos se agregan Oportunidades, de México,
Bono Juancito Pinto, de Bolivia, Chile Solidario, Familias en Acción, de Colombia, Avancemos, de
Costa Rica, Red Solidaria, de El Salvador, Mi Familia Progresa, de Guatemala,
Programa de Asignación Familiar, de Honduras, Red Oportunidades, de Panamá,
Tekoporâ/ProPaís II, de Paraguay, Juntos, de Perú, Solidaridad, de República
Dominicana, Plan Equidad y Asignaciones Familiares, de Uruguay, y similares en
Nicaragua y Venezuela.
El plan que parece tener peores resultados es Oportunidades, por
el avance de la pobreza en México, que afectaba hasta fines del año pasado a
53,3 millones de sus 118 millones de habitantes, según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ante ello, el gobierno revisa sus reglas de
operación.
“La debilidad de origen es la concepción de
que el problema de la pobreza es de falta de capacidades de la población y que
lo que hay que apoyar y financiar es su aumento”, criticó Clara Jusidman,
presidenta honoraria de la organización no gubernamental Incide Social.
Lea Equidad, parte 2.
Dicen latinoamérica va por mayor equidad(2)
Equidad, parte 2.
“Es típicamente un programa que ve el problema
del lado de la oferta, y los que tienen deficiencias para insertarse en el
mercado laboral y en el curso del desarrollo son las personas”.
Oportunidades, creado a fines de los años 90 y que adoptó su
formato actual en 2002, cuenta en 2013 con un presupuesto superior a los 5,000
millones de dólares y aspirar a cubrir a 5.8 millones de familias. El beneficio
está condicionado a que niños, niñas y adolescentes permanezcan en la escuela y
asistan a centros de salud.
Para Jusidman, “el plan produjo violaciones de
derechos y exclusión de personas y también hay paternalismo estatal, pues se
convierte a los beneficiarios en subordinados a la espera de ver qué dicen los
gobiernos y los funcionarios”.
Gasparini y Cruces recuerdan que en los años
90, paradójicamente, el crecimiento económico en la región estuvo asociado a
una mayor desigualdad. En cambio, desde fines de esa década y más decididamente
a partir del pasado decenio, los planes de transferencia de ingresos contribuyeron
a un avance acelerado de la reducción de la pobreza y muy especialmente de la
indigencia.
Así, quienes vivían con menos de 2.5 dólares
por día sumaban 27.8 por ciento de la población latinoamericana en 1992, se
redujeron a 24.9 por ciento en 2003, a 16.3 por ciento en 2009 y a 14.2 por
ciento en 2010, señala el estudio. Por eso recomienda ampliar la cobertura para
potenciar el impacto en un plazo más corto.
“En varios países la base (de población
beneficiada) todavía es muy chica y en otros el monto es exiguo. Hay margen
para ampliar esos programas”, comentó Gasparini. No obstante, consideró
innecesario pensar en programas universales. “No tiene sentido abarcar a la
población no vulnerable”, apuntó.
El estudio observa que, con un crecimiento más
lento, la lucha contra la pobreza será un proceso más largo. Por ejemplo, si se
crece a un promedio de 2 por ciento anual por persona, 5.5 por ciento de la
población viviría en la indigencia en 2025, mientras que, si la expansión es de
4 por ciento, casi 3 por ciento permanecería en esa situación extrema para ese
mismo año.
En cambio, con un “esfuerzo fiscal adicional
de 0.5 por ciento” del producto interno bruto (PIB) para estos programas
sociales, la región lograría la misma reducción de la pobreza extrema 10 años
antes, en 2015.
En base a datos de 2010 de la Comisión Economica para América Latina y
el Caribe, la región gastaba en promedio 0.4 por ciento
del PIB en las transferencias. Los autores estiman que algunos países podrían
incrementar ese esfuerzo, según las recomendaciones, y otros tendrían que tomar
créditos externos.
Los países que requieren mayores
transferencias son aquellos que mantienen un alto porcentaje de la población en
la informalidad y, por lo tanto, sin cobertura de salud ni previsional. En esa
situación se encuentran Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Ecuador,
detallan. Allí la protección social es insuficiente.
“Bolivia, Nicaragua y Guatemala son los que
requieren ayuda externa para programas que cubran a toda su población en la
pobreza extrema”, precisó Gasparini. El resto tienen los recursos para
financiar estos programas y aún ampliarlos, afirmó.
El director del Cedlas reconoció que el gasto
promedio actual parece relativamente menor en comparación con otros subsidios
económicos que benefician a las clases media y alta y consideró que, si bien
existe cierta crítica a estos programas, “el apoyo social es amplio en la
mayoría de los países y son muy pocos los candidatos (a cargos electivos) en la
región que proponen abiertamente eliminarlos”.
Gasparini también remarcó que el apoyo a estos
programas, empero, “no implica desconocer que pueden tener aspectos indeseados,
como el de ralentizar el proceso de formalización de la economía u otros
vinculados a la oferta laboral, sobre los cuales es necesario trabajar más
seriamente”.
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