Hartos
de los derrames de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos, la
firma petrolera estatal de México, pobladores de dos comunidades del
sudoriental estado de Tabasco acudirán a la justicia en busca de un
resarcimiento por los daños causados al ambiente y a la agricultura.
"Ha habido afectaciones varias; hicimos pruebas de suelo, sedimentos y agua, y ya están por entregarnos los resultados", explicó la directora de la no gubernamental Fronteras Comunes, Marisa Jacott.
Esa organización asesora, junto a la Asociación Ecológica Santo Tomás, a la población perjudicada por sucesos como derrames y explosiones y que se dedica esencialmente a la agricultura y a la pesca.
Su cobijo legal es la Ley de Acciones Colectivas, promulgada en 2011 y que permite a clientes descontentos con la prestación de bienes y servicios y a la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Consumidor querellar a empresas estatales y privadas. Sin embargo, la norma no contempla la reparación del daño.
La industria petrolera se instaló en la zona a comienzos de la década de 1950 y se expandió a partir de los años 70 con complejos petroquímicos, red de tuberías e instalaciones de almacenamiento, lo que suscitó un boom económico que, paradójicamente, no se tradujo en beneficios para la población local.
Al mismo tiempo, esa expansión desplazó a los tradicionales monocultivos de plátano y a la ganadería extensiva.
En 13 de los 17 municipios en que se divide Tabasco hay actividad petrolera, con una producción diaria de 500,000 barriles, según el Instituto Mexicano del Petróleo.
"Hay contaminación ambiental, destrucción de cultivos, tierras que ya no son tan fértiles. Eso ha causado que ya no puedan cosechar como lo hacían antes", dijo la activista Lorena Sánchez, directora del no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), que ha recibido quejas de los habitantes por esos hechos.
"Ha repercutido también en su alimentación y en problemas de salud respiratorios, en la sangre, y en la piel", enumeró.
El Codehutab ha presentado desde 2011 cuatro demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que solo han derivado en multas para Pemex, pero no en desagravios para las víctimas en las comunidades.
El último caso fue este año y se relaciona con la operación de siete quemadores de gas en el municipio de Paraíso, donde la organización tomó muestras de sangre a 50 niños de entre siete y 15 años de edad, 10 por ciento de los cuales presentaron alteraciones cromosómicas vinculadas por los epidemiólogos con la actividad industrial.
Lea PEMEX, Parte 2.
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