martes, 28 de mayo de 2013
sábado, 25 de mayo de 2013
Malos tiempos para prensa latinoamericana(1)
El director ejecutivo
del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el periodista hondureño Héctor
Becerra, amenazado de muerte en su país, dijo que “necesitamos romper el
silencio. No es posible que haya lugares donde los periodistas, por el hecho de
sobrevivir, se autocensuren. Tenemos que cambiar eso”.
Honduras México y Colombia son los países de los que más se
habló en los dos días de la conferencia internacional "Hablar sin
Riesgo", que finalizó el sábado 4 de mayo en San José de Costa Rica,
organizada para conmemorar los 20 años de celebración cada 3 de mayo del Día Mundial de
la Libertad de Prensa.
El encuentro se desarrolló con un mal
precedente, pues en 2012 fueron asesinados en el mundo 121 periodistas, una
cifra tal que la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura ha calificado ese año como el "más mortífero para
los medios". Según su escala, Siria, México y Honduras son los lugares más
peligrosos para el ejercicio de la profesión.
Además, en la víspera de iniciar los trabajos
en San José, el periodista Ricardo Calderón sufrió un atentado en Bogotá, lo
cual hizo regresar viejos fantasmas al gremio de Colombia, donde prácticamente
se erradicaron los asesinatos a periodistas en la última década.
A eso se suman las amenazas que recibieron
Becerra en abril en Honduras y la organización internacional Artículo 19 en
México, así como el asesinato y desaparición, en menos de una semana de dos
reporteros en el norteño estado mexicano de Coahuila.
"Los países que encabezan
desgraciadamente la lista de naciones en donde más periodistas se asesinan son
México y Honduras ", dijo en la inauguración Janis Karlins, subdirector de
Comunicación e Información de la Unesco.
Periodistas y activistas participantes en la
conferencia admiten que la prensa en América Latina "no vive sus mejores
momentos", ya sea por la violencia o porque enfrenta a gobiernos que han
implementado políticas o legislaciones que buscan limitarla.
"La diferencia con México u Honduras es
que en Colombia tiene un costo político muy fuerte matar a periodistas",
dijo el director de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP),
Andrés Morales.
Sin embargo, alerta Morales, si bien han
disminuido y prácticamente se han eliminado los asesinatos de periodistas, no
han disminuido las amenazas ni los hostigamientos. "Lo que ahora prevalece
es la autocensura, pues los periodistas, sobre todo del interior de los países,
tienen mucho miedo", dice.
El caso mexicano es más complejo, coinciden
los analistas, pues por un lado hay importantes avances legislativos y de
políticas públicas, pero por otro hay es evidente el interés del gobierno priísta
de negar el grave problema que tiene.
El viernes 3 fue aprobado un paquete de
reformas legislativas en ese país que, entre otras cosas, permitirán que los
asesinatos de periodistas sean investigados por el gobierno federal. Pero ese
mismo paquete de normas dejó en suspenso la permanencia de la fiscalía
especializada de protección a periodistas, creada durante la administración del
conservador Felipe Calderón (2006-2012).
Además, el gobierno actual de Enrique Peña
Nieto no se sumó al pilotaje del Plan de Acción de Naciones Unidas para la
seguridad de los periodistas, como sí lo hicieron Nepal, Pakistán, Sudán del
Sur e Iraq, aunque sí participó en las reuniones preparatorias, según
confirmaron funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lea Prensa, Parte 2.
Malos tiempos para la prensa latinoamericana(2)
Prensa, Parte 2
También fue notoria la ausencia de la
delegación del gobierno mexicano que, sin embargo, había anunciado su
participación en la conferencia de Costa Rica.
"El gobierno mexicano no quiere
involucrarse en nada que tenga que ver con un escrutinio internacional y
recurre a tecnicismos diplomáticos, como decir que no tuvo una invitación
formal, para evadirse. Su ausencia aquí es una señal clara de cómo van a actuar
con este tema", evaluó Ricardo González, oficial de Protección y Seguridad
de Artículo 19."Me parece que es equivocado”.
La
conferencia de San José lanzó un enérgico pronunciamiento contra de los actos
de violencia hacia los periodistas y contra la impunidad e hizo un llamado a
los gobiernos de los países que la integran para apoyar el Plan de Acción de la
ONU.
"En los últimos 10 años, más de 600
periodistas han sido asesinados, muchos no cuando trabajaban en situaciones de
conflicto, sino luego de hacer denuncias locales de corrupción, y nueve de cada
10 casos quedan en la impunidad", lamentó la directora general de la
Unesco, Irina Bokova.
"La violencia y la impunidad no pueden
seguir así", sentenció.
Más tarde, en una conversación con
periodistas, Bokova habló de la relación fundamental entre democracia y
libertad de prensa. "Los medios son indispensables para la promoción de
los derechos humanos, el desarrollo y la democracia", insistió.
En ese contexto, la organización estadunidense
Freedom House dio a conocer su ranking anual de Libertad de Prensa, en la que
considera "no libres" a seis países de América Latina, entre ellos
México.
También la no gubernamental Reporteros sin
Fronteras lanzó su lista de "predadores de la libertad de informar"
de 2013, entre los que incluye al cartel mexicano conocido como los Zetas.
La Unesco entregó el premio de Libertad de
Prensa a la periodista etíope Reeyot Alemu, encarcelada desde 2011.
"Me preocupan aquellos que solo son
escuchados a través de las voces de los periodistas. ¿Quién va a exponer sus
verdades?", leyó en nombre de Alemu Alana Barton de la Fundación
Internacional Femenina de Prensa (International Women's Media Foundation)
Ana María Busquets, viuda de Cano, colocó la
medalla sobre una fotografía de Alemu, quien desde la cárcel envió un mensaje a
los periodistas para que "hagan lo que puedan para detener la opresión a
la prensa".
El premio fue creado en 1997 en memoria de
Guillermo Cano, director del diario colombiano El Espectador, quien fue
asesinado el 17 de diciembre de 1986 por órdenes del hoy desaparecido jefe
narcotraficante Pablo Escobar. En la ceremonia se presentó el documental
"Sin Censura", sobre lo que vivieron los reporteros del diario en
esos días.
viernes, 24 de mayo de 2013
miércoles, 22 de mayo de 2013
miércoles, 15 de mayo de 2013
Demandan a Pemex en Tabasco por contaminaciones(1)
Hartos
de los derrames de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos, la
firma petrolera estatal de México, pobladores de dos comunidades del
sudoriental estado de Tabasco acudirán a la justicia en busca de un
resarcimiento por los daños causados al ambiente y a la agricultura.
"Ha habido afectaciones varias; hicimos pruebas de suelo, sedimentos y agua, y ya están por entregarnos los resultados", explicó la directora de la no gubernamental Fronteras Comunes, Marisa Jacott.
Esa organización asesora, junto a la Asociación Ecológica Santo Tomás, a la población perjudicada por sucesos como derrames y explosiones y que se dedica esencialmente a la agricultura y a la pesca.
Su cobijo legal es la Ley de Acciones Colectivas, promulgada en 2011 y que permite a clientes descontentos con la prestación de bienes y servicios y a la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Consumidor querellar a empresas estatales y privadas. Sin embargo, la norma no contempla la reparación del daño.
La industria petrolera se instaló en la zona a comienzos de la década de 1950 y se expandió a partir de los años 70 con complejos petroquímicos, red de tuberías e instalaciones de almacenamiento, lo que suscitó un boom económico que, paradójicamente, no se tradujo en beneficios para la población local.
Al mismo tiempo, esa expansión desplazó a los tradicionales monocultivos de plátano y a la ganadería extensiva.
En 13 de los 17 municipios en que se divide Tabasco hay actividad petrolera, con una producción diaria de 500,000 barriles, según el Instituto Mexicano del Petróleo.
"Hay contaminación ambiental, destrucción de cultivos, tierras que ya no son tan fértiles. Eso ha causado que ya no puedan cosechar como lo hacían antes", dijo la activista Lorena Sánchez, directora del no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), que ha recibido quejas de los habitantes por esos hechos.
"Ha repercutido también en su alimentación y en problemas de salud respiratorios, en la sangre, y en la piel", enumeró.
El Codehutab ha presentado desde 2011 cuatro demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que solo han derivado en multas para Pemex, pero no en desagravios para las víctimas en las comunidades.
El último caso fue este año y se relaciona con la operación de siete quemadores de gas en el municipio de Paraíso, donde la organización tomó muestras de sangre a 50 niños de entre siete y 15 años de edad, 10 por ciento de los cuales presentaron alteraciones cromosómicas vinculadas por los epidemiólogos con la actividad industrial.
Lea PEMEX, Parte 2.
Demandan a Pemex en Tabasco por contaminaciones(2)
PEMEX, Parte 2.
La Profepa calcula un promedio
anual de 20 vertidos de crudo en Tabasco. Entre 2008 y 2012, la Secretaría
(ministerio) de Medio Ambiente registró 102 sitios contaminados por emergencias
ambientales en el país, cuyo responsable fue Pemex y de los cuales tres
ocurrieron en Tabasco.
Además de ese territorio, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla, en el este y sudeste, y sus rutas hacia la Ciudad de México son considerados vulnerables a la actividad petrolera.
Esta industria genera en la zona metales pesados, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, sulfuro de hidrógeno, sales, amonio, cadmio y ácidos, todos nocivos para el ambiente y la salud humana, según las organizaciones.
Los académicos Manuel Pinkus-Rendón y Alicia Contreras, de la estatal Universidad Autónoma de Yucatán, concluyeron en un estudio publicado el año pasado que "el sistema socioambiental tabasqueño refleja un potencial de desarrollo regional bastante disminuido en relación con el que existía hace más de 60 años, como resultado del deterioro ambiental".
Para la investigación "Impacto socioambiental de la industria petrolera en Tabasco: el caso de Chontalpa", los autores entrevistaron a 200 habitantes de cuatro comunidades del municipio de Cárdenas, 65 por ciento de los cuales expresaron una percepción negativa de la explotación de hidrocarburos, especialmente de la contaminación y destrucción que produce.
"Es un caso que no ha sido atendido. Queremos que los jueces tengan los menos elementos para rechazarlo", declaró Jacott.
Los comuneros afectados presentaron en abril una queja ante la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, en 2004 entablaron una querella contra Pemex ante la Procuraduría General de la República, sin que el expediente avanzara.
Las organizaciones y los pobladores, que han tardado dos años en armar este proceso de demanda, luego proseguirán para denunciar los daños sufridos en el sudoriental estado de Veracruz, otro escenario importante de las actividades de la petrolera mexicana.
"Queremos que cumplan con las medidas de prevención. Lo único que Pemex hace es supuestamente reparar los daños, pero no invierte en el mantenimiento de tuberías y en vigilar la zona", reclamó Sánchez.
Las organizaciones piden la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de los ecosistemas en Tabasco, la difusión de políticas y lineamientos de Pemex para programas de prevención de derrames, contingencias ambientales, remediación de sitios contaminados y la sustitución progresiva de hidrocarburos por energías alternativas, así como la medición de los principales contaminantes atmosféricos en el territorio.
sábado, 11 de mayo de 2013
martes, 7 de mayo de 2013
viernes, 3 de mayo de 2013
miércoles, 1 de mayo de 2013
Barrios de lujo causan inundaciones argentinas(1)
Los barrios cerrados en el Delta del Paraná, que crecieron
descontroladamente en los últimos años con el lema de ofrecer mejor calidad de
vida, están taponando el ecosistema y el escurrimiento de aguas que amortiguan
las inundaciones en una vasta zona próxima a la capital argentina.
El
problema cobró especial relevancia luego de las trágicas inundaciones ocurridas
a comienzos de Abril en Buenos Aires y
sobre todo en La Plata, capital de la contigua provincia homónima, donde
lluvias torrenciales provocaron la muerte de casi 60 personas.
El boom inmobiliario, la falta de infraestructura de desagües para contener precipitaciones, cada vez más frecuentes e intensas, y la ausencia de planes de contingencia frente al desastre están en estos días en el centro del debate en Argentina.
El Delta del Paraná es un inmenso humedal de 17,500 kilómetros cuadrados en el tramo final del curso de agua dulce del mismo nombre que, tras recorrer casi 5,000 kilómetros, desemboca en el Río de la Plata a través de múltiples brazos.
La construcción tradicional en las islas de este delta son casas altas sobre palafitos con muelles de madera, rodeadas de juncos, que conviven armoniosamente en un ecosistema preparado para recibir periódicamente grandes excedentes de agua.
Se trata de un sistema de alta biodiversidad que ofrece, además, múltiples servicios. Entre los más destacados está la provisión de agua y la capacidad de regulación de las crecidas, que se tornan más frecuentes e intensas debido al cambio climático provocado por el recalentamiento del planeta.
Sin embargo, en los últimos tiempos, en sus planicies de inundación se construyeron 229 urbanizaciones de diverso tamaño, la mayoría con viviendas de gran confort, canchas de golf y de tenis, paseos de compras, escuelas y centros de equitación.
Urbanistas explicaron que alrededor de 90 por ciento de estos proyectos se extendieron sobre llanuras continentales, que deberían absorber los desbordes de ríos y arroyos, y 10 por ciento en islas que se rellenaron artificialmente para sostener los complejos de viviendas.
El director de la Fundación Humedales, Daniel Blanco, advirtió que "el avance fue muy agresivo". Ahora la región está en riesgo de perder su capacidad natural de absorber agua, justo cuando las tormentas son más intensas.
Expertos de esta organización no gubernamental sostienen que, bajo el argumento falso de que son tierras improductivas, los proyectos inmobiliarios avanzaron con el rellenado, el drenado y el desvío de cursos de agua, afectando las funciones naturales del humedal.
"Se busca convertir el lugar en un sistema terrestre", indican, críticos, los autores de "Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales del Delta de Paraná”, una investigación que alerta sobre el riesgo de inundación en áreas vecinas.
El trabajo, llevado a cabo por Patricia Kandus, Natalia Morandeira y Facundo Schivo, de la Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, señala que este tipo de sistemas no impide las inundaciones, pero hace más lentas las crecidas, retiene el excedente de la escorrentía, lo filtra y lo libera despacio gracias a su cobertura vegetal que funciona como una esponja.
Las advertencias de ambientalistas y vecinos sobre estos temas, sumadas al impacto muy severo que están teniendo las lluvias en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, lograron detener proyectos de inversión y avanzar en la regulación de nuevas construcciones sobre islas.
El boom inmobiliario, la falta de infraestructura de desagües para contener precipitaciones, cada vez más frecuentes e intensas, y la ausencia de planes de contingencia frente al desastre están en estos días en el centro del debate en Argentina.
El Delta del Paraná es un inmenso humedal de 17,500 kilómetros cuadrados en el tramo final del curso de agua dulce del mismo nombre que, tras recorrer casi 5,000 kilómetros, desemboca en el Río de la Plata a través de múltiples brazos.
La construcción tradicional en las islas de este delta son casas altas sobre palafitos con muelles de madera, rodeadas de juncos, que conviven armoniosamente en un ecosistema preparado para recibir periódicamente grandes excedentes de agua.
Se trata de un sistema de alta biodiversidad que ofrece, además, múltiples servicios. Entre los más destacados está la provisión de agua y la capacidad de regulación de las crecidas, que se tornan más frecuentes e intensas debido al cambio climático provocado por el recalentamiento del planeta.
Sin embargo, en los últimos tiempos, en sus planicies de inundación se construyeron 229 urbanizaciones de diverso tamaño, la mayoría con viviendas de gran confort, canchas de golf y de tenis, paseos de compras, escuelas y centros de equitación.
Urbanistas explicaron que alrededor de 90 por ciento de estos proyectos se extendieron sobre llanuras continentales, que deberían absorber los desbordes de ríos y arroyos, y 10 por ciento en islas que se rellenaron artificialmente para sostener los complejos de viviendas.
El director de la Fundación Humedales, Daniel Blanco, advirtió que "el avance fue muy agresivo". Ahora la región está en riesgo de perder su capacidad natural de absorber agua, justo cuando las tormentas son más intensas.
Expertos de esta organización no gubernamental sostienen que, bajo el argumento falso de que son tierras improductivas, los proyectos inmobiliarios avanzaron con el rellenado, el drenado y el desvío de cursos de agua, afectando las funciones naturales del humedal.
"Se busca convertir el lugar en un sistema terrestre", indican, críticos, los autores de "Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales del Delta de Paraná”, una investigación que alerta sobre el riesgo de inundación en áreas vecinas.
El trabajo, llevado a cabo por Patricia Kandus, Natalia Morandeira y Facundo Schivo, de la Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, señala que este tipo de sistemas no impide las inundaciones, pero hace más lentas las crecidas, retiene el excedente de la escorrentía, lo filtra y lo libera despacio gracias a su cobertura vegetal que funciona como una esponja.
Las advertencias de ambientalistas y vecinos sobre estos temas, sumadas al impacto muy severo que están teniendo las lluvias en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, lograron detener proyectos de inversión y avanzar en la regulación de nuevas construcciones sobre islas.
Lea Inundaciones, Parte 2.
Barrios de lujo causan inundaciones argentinas(2)
Inundaciones, Parte 2.
Uno
de los proyectos frenados fue Colony Park, que prometía una "isla privada
de seguridad y tranquilidad" en 300 hectáreas del Delta del Tigre, el
tramo final de estos humedales, en el noreste de la provincia de Buenos Aires.
Se planificaba construir 1,000 viviendas "de lujo", según la
promoción.
A raíz de la polémica que generó el proyecto y de la demanda judicial de vecinos, el municipio de Tigre, con asistencia técnica de organizaciones ambientalistas, elaboró en 2012 una normativa más estricta para autorizar la construcción en las islas ubicadas en ese distrito.
Reconociendo la fragilidad del humedal, la nueva ordenanza exige ahora que se construya sobre palafitos, prohíbe la alteración de la cota natural, que solía elevarse mediante acumulación de sedimentos, y el rellenado artificial en el centro de las islas.
Normalmente las islas del delta tienen un relieve de cuenco, con una depresión en el centro que contribuye a retener el agua excedente. Pero estos hoyos se tapaban para elevar el terreno y repeler la inundación.
También en la zona de Campana, otro municipio bonaerense, la asociación Vecinos del Humedal consiguió la postergación de una urbanización junto al río Luján, tributario del mismo delta, que prometía viviendas para 40,000 personas.
Alejandro Fernández, miembro de la asociación, contó que los habitantes locales se agruparon para resistir el avance de ese proyecto en una zona donde los barrios cerrados ya crecieron mucho y provocan inundación de áreas aledañas.
A fines de octubre, un fuerte temporal elevó en casi cinco metros el nivel del río Paraná y causó una inundación severa no solo en las zonas ribereñas sino en el casco urbano de la ciudad de Luján. El agua llegó hasta la basílica, atractivo turístico internacional.
"En todo el cauce del río Luján permitieron estos negocios sobre planicies de inundación que alteran el desborde natural del curso. Si taponan con cemento en una zona donde prácticamente no hay pendiente, el tema se pone muy serio", dijo Fernández. "Después, cuando se inunda, los dirigentes políticos se agarran la cabeza, pero son ellos los que firman las autorizaciones para estos proyectos inmobiliarios sin hacer un verdadero planeamiento urbano".
A raíz de la polémica que generó el proyecto y de la demanda judicial de vecinos, el municipio de Tigre, con asistencia técnica de organizaciones ambientalistas, elaboró en 2012 una normativa más estricta para autorizar la construcción en las islas ubicadas en ese distrito.
Reconociendo la fragilidad del humedal, la nueva ordenanza exige ahora que se construya sobre palafitos, prohíbe la alteración de la cota natural, que solía elevarse mediante acumulación de sedimentos, y el rellenado artificial en el centro de las islas.
Normalmente las islas del delta tienen un relieve de cuenco, con una depresión en el centro que contribuye a retener el agua excedente. Pero estos hoyos se tapaban para elevar el terreno y repeler la inundación.
También en la zona de Campana, otro municipio bonaerense, la asociación Vecinos del Humedal consiguió la postergación de una urbanización junto al río Luján, tributario del mismo delta, que prometía viviendas para 40,000 personas.
Alejandro Fernández, miembro de la asociación, contó que los habitantes locales se agruparon para resistir el avance de ese proyecto en una zona donde los barrios cerrados ya crecieron mucho y provocan inundación de áreas aledañas.
A fines de octubre, un fuerte temporal elevó en casi cinco metros el nivel del río Paraná y causó una inundación severa no solo en las zonas ribereñas sino en el casco urbano de la ciudad de Luján. El agua llegó hasta la basílica, atractivo turístico internacional.
"En todo el cauce del río Luján permitieron estos negocios sobre planicies de inundación que alteran el desborde natural del curso. Si taponan con cemento en una zona donde prácticamente no hay pendiente, el tema se pone muy serio", dijo Fernández. "Después, cuando se inunda, los dirigentes políticos se agarran la cabeza, pero son ellos los que firman las autorizaciones para estos proyectos inmobiliarios sin hacer un verdadero planeamiento urbano".
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