La detención de la líder magisterial y operadora
política mexicana Elba Esther Gordillo muestra el peor rostro de un
sindicalismo que creció en alianzas corruptas con partidos y Estado. Pero las
organizaciones de trabajadores de hoy enfrentan otros desafíos en América
Latina.
"Las
prácticas democráticas no vendrán del gobierno. Hay un panorama bastante espeso
en el ámbito laboral. El nuevo gobierno ha avanzado aceleradamente con las
reformas, que amenazan al trabajo" mismo, advirtió Héctor de la Cueva, del
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.
Precisamente a este ámbito se dirigen las miradas por la investigación judicial que llevó, por orden de la Procuraduría (fiscalía) General de la República, a la detención de Gordillo el martes 26 de febrero, por cargos de evasión fiscal, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Gordillo, dirigente desde los años 70 y máxima líder desde 1988 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se opone a la reforma, es acusada del desvío de unos 200 millones de dólares de las cuotas de 1.6 millones de afiliados, que hacen a esta organización la mayor de su tipo en América Latina.
La "maestra", como se la conoce, fue senadora y diputada y, entre 2002 y 2005, secretaria general del PRI, que gobernó México casi todo el siglo XX y acaba de retornar al poder. Tras su expulsión de esa fuerza política, apoyó e hizo pactos con el Partido de Acción Nacional (PAN), en cuyas manos estuvo el Poder Ejecutivo entre 2000 y 2012.
Con Gordillo, Peña Nieto repite golpes de otros mandatarios, como Carlos Salinas (1988-1994), también del PRI, quien impulsó en 1989 una investigación judicial contra el dirigente petrolero Joaquín "La Quina" Hernández, al parecer por no apoyarlo en una puja partidaria interna.
Hernández fue condenado a más de 30 años de prisión por asesinato, contrabando y acopio de armas y evasión fiscal. Pero el gobierno lo amnistió en 1997. Salinas desplazó, además, al líder magisterial Carlos Jonguitud por una huelga de educadores y lo sustituyó por Gordillo.
Pero al margen de estos desplazamientos forzados, el recambio de dirigentes en el movimiento sindical mexicano es generalmente cosmético con el ascenso de dirigentes del mismo sector enquistado en la estructura tradicional creada por el PRI.
Desde 2009, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene activos al menos cinco casos de México sobre libertad sindical y contratos colectivos de protección patronal.
Este país aún no ratifica el Convenio 98 sobre contratación colectiva de la OIT.
El sindicalismo en Colombia afronta un tipo muy distinto de problemas. Ese país ostenta el nefasto título de campeón mundial de dirigentes asesinados y la menor tasa de afiliación de América del Sur, al bajar de 9.3 por ciento de los empleados en actividad en 1984 a 4.2 por ciento en 2009.
El principal vicio es el divisionismo. Existen distintas centrales y sindicatos acusados de seguir los lineamientos empresariales y otros de tendencia izquierdista.
Es un movimiento débil, ante lo cual "la patronal puede implantar más fácilmente sus modelos neoliberales", dijo el exdecano de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad Nacional de Colombia, Ricardo Sánchez.
En ese marco contradictorio, el sector más perseguido es el magisterial, por su formación académica e influencia en las comunidades. Le siguen los trabajadores y trabajadoras del banano, del cemento, del ramo alimentos y bebidas, de la salud pública, de la palma aceitera y del petróleo.
En los últimos 26 años Colombia tiene un promedio anual de 115 asesinatos de sindicalistas, sobre todo a manos de militares, policías, la inteligencia civil, paramilitares de ultraderecha aliados de las fuerzas gubernamentales y la Fiscalía General de la Nación, según el estudio "Reconocer el pasado, construir el futuro: Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011", publicado en 2012 con auspicio de Naciones Unidas.
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