sábado, 31 de marzo de 2012
viernes, 30 de marzo de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
viernes, 23 de marzo de 2012
miércoles, 21 de marzo de 2012
sábado, 17 de marzo de 2012
jueves, 15 de marzo de 2012
En Chihuahua ocultan reportes de forenses(1)
Un reporte forense sobre restos identificados de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, revela que la fiscalía del norteño estado mexicano de Chihuahua oculta información a las familias de las víctimas.
En 2004 llegó a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para brindar asistencia técnica a las autoridades de Chihuahua en la identificación de restos de mujeres desaparecidas y asesinadas.
La iniciativa correspondió a la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas. Ante la incapacidad o "negligencia" de funcionarios locales para esclarecer el feminicidio en la entidad, la CMDPDH y Justicia para Nuestras Hijas recurrieron al EAAF, reconocida agrupación ciudadana y sin fines de lucro, creada en 1984 para identificar los miles de cadáveres de personas desaparecidas durante la dictadura militar en el país sudamericano.
El EAAF estuvo seis años en México y realizó un informe detallado de 83 restos de mujeres recuperados entre 1993 y 2005, en Ciudad Juárez.
El mismo reporte fue entregado en dos ocasiones a las autoridades de Chihuahua: el 1 de octubre de 2010 a la entonces procuradora de Justicia, Patricia González, y el 11 de diciembre de 2011 a la Fiscalía General del estado, recordó en entrevista la coordinadora del EAAF, Mercedes Doretti.
La antropóloga forense advierte que su equipo "nunca recibió respuesta" por parte de los funcionarios de Chihuahua respecto al informe. Al parecer "no lo han revisado", insiste la experta.
El reporte del EAAF cobra relevancia en momentos en que las autoridades estadales aseguran que el equipo especial "abandonó" sus investigaciones, y no dejó documentación e información alguna.
A lo anterior, se suman las contradicciones en la información que brinda el gobierno de Chihuahua a las familias de las víctimas, sobre el número de restos óseos de mujeres asesinadas en poder de las autoridades.
En Chihuahua ocultan reportes de forenses(2)
Desinformación
Mercedes Doretti señala que los datos que dan las autoridades sobre el número de restos sin identificar por el EAAF es "incorrecta y nos da la impresión de que no han leído nuestros informes".
Y es que el director de Servicios Periciales de la Fiscalía de Chihuahua, Daniel Jaramillo Vela, ha señalado que de 51 restos óseos en el Servicio Médico Forense (Semefo), 35 son de mujeres no identificadas y que estaban bajo el resguardo del EAAF.
Según el reporte del Equipo Argentino, los restos analizados en total fueron 83 y no 35.
Cundo el EAAF llegó a México fue contratado para trabajar sólo en Ciudad Juárez, pero las autoridades regionales solicitaron que sus labores se extendieran a la ciudad de Chihuahua, la capital del estado del mismo nombre.
En mayo de 2005, el equipo forense firmó un contrato con la entonces procuradora estadal, Patricia González, para iniciar trabajos en junio de ese mismo año.
Luego de una ardua investigación, el EAAF logró ubicar y recuperar un total de 83 restos femeninos no identificados.
En su reporte, el equipo especial asienta que algunos de estos restos estaban almacenados en el Semefo de Ciudad Juárez y en el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones de la ciudad de Chihuahua, más conocido como el C4.
Otros cuerpos fueron exhumados de fosas comunes por el EAAF, tras una investigación en libros de panteones y cementerios locales, o recuperados de la osteoteca y la sala de embalsamamiento de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y de la antigua sede del Semefo de Juárez.
Antes de salir del país, en 2010, el EAAF logró identificar 33 restos, 26 de ellos provenientes de Ciudad Juárez y áreas vecinas, y siete de la ciudad de Chihuahua y sus alrededores. Los restos fueron entregados a las familias con todos los dictámenes correspondientes.
El EAAF también entregó los dictámenes a las autoridades. Varios de los documentos sobrepasan las 150 fojas, debido a su "complejidad", explica Doretti.
La antropóloga subraya que las autoridades de Chihuahua han generado una "confusión muy grave" entre las familias de las víctimas, a pesar de contar con la información sobre los restos identificados.
Doretti precisa que del total de 83 restos estudiados por el EAAF, 50 no coincidieron con ninguna de las 75 familias que forman parte de la base de datos que las antropólogas crearon con muestras genéticas de 195 familiares.
La experta detalla que al no coincidir con las familias de Chihuahua, el equipo especial consideró que los restos eran de personas de otros estados del país o centroamericanos.
El informe del EAAF consta de 17 fojas y en él se precisa que el 1 de noviembre de 2006 se entregó a las autoridades de Chihuahua una base de datos, con perfiles genéticos de los restos analizados y de los familiares de mujeres y niñas desaparecidas que habían donado sangre.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
martes, 13 de marzo de 2012
miércoles, 7 de marzo de 2012
martes, 6 de marzo de 2012
En Argentina, abortos son legales, negados(1)
Desde hace más de 90 años en Argentina existe una ley que permite a las mujeres acceder al aborto en casos de violación sexual. Sin embargo los hospitales se niegan a realizarlos y derivan los casos a la justicia.
En Argentina, la ley penaliza a médicos que practiquen abortos y a las mujeres que se sometan a esa práctica, con excepciones en las que la interrupción del embarazo está permitida y debe ser garantizada por el Estado.
El código penal de 1921 sostiene que el aborto "no es punible" cuando el médico lo practica porque está en peligro la vida o la salud de la madre, o "si el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente".
No obstante, periódicamente se conocen casos de niñas, adolescentes y mujeres abusadas o violadas que son derivadas a los jueces, para que decidan ellos sobre una práctica que no requiere autorización.
"El aborto es una práctica médica. El que debe decidir si corresponde hacerlo es el médico, no el juez", dijo la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Pese a no estar permitido, en este país se practican entre 460,000 y 600,000 abortos por año, según datos de organizaciones no gubernamentales, y se estima que 100 mujeres mueren al año por esta práctica realizada en condiciones de clandestinidad e insalubridad.
Conscientes de las dificultades para sancionar una ley de despenalización en general, los colectivos que promueven los derechos de las mujeres insisten desde hace tiempo en que, al menos, se reconozca el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos amparados por la ley.
Gherardi afirmó que "hay una gran incertidumbre entre los médicos sobre cómo interpretar el artículo" que establece los casos en los que el aborto inducido no es punible. Y esa incertidumbre se explica por lo que ocurre cuando el tema se deriva a la justicia.
Algunos jueces autorizan el aborto, otros sostienen que la autorización no es necesaria y están los que fallan en contra del derecho e impiden la práctica.
Para evitar que estos casos se deriven a la justicia, el Ministerio de Salud elaboró en 2007 una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles.
El texto oficial parte de reconocer que "por muchas décadas" las mujeres fueron impedidas de ejercer un derecho reconocido en el código penal, "de acceder al aborto en circunstancias que lo autorizan".
"El Estado está obligado a garantizar su ejercicio", remarca la guía y sostiene que el hospital "tiene la obligación legal de practicarlo" y "no está obligado a requerir la intervención y/o autorización judicial" para actuar, aun en el caso de menores.
No obstante, se suceden periódicamente casos de niñas que acuden con sus padres al hospital y se les niega el aborto. El último conocido ocurrió en enero en la nororiental provincia de Entre Ríos, con una niña abusada de 11 años que quedó embarazada.
En Argentina, abortos son legales, negados(2)
Los médicos del hospital público le exigieron la autorización de un tribunal y el juez le negó el derecho a la práctica. Más aún, el ministro de Salud provincial, Hugo Cettour, declaró que si la niña estaba embarazada, estaba en condiciones de ser madre.
Frente a estas presiones, a las que se suman las de organizaciones religiosas y cúpulas de las iglesias católica y evangélica, las familias renuncian al derecho al aborto no punible.
"Esto les pasa casi siempre a mujeres pobres o marginales", dijo la abogada Gabriela Filoni, responsable regional del Programa Litigio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que junto a otras entidades logró llegar con uno de estos casos a una instancia internacional.
Como resultado de esa intervención, en 2011 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino a adoptar "medidas de reparación que incluyan una indemnización" a una joven discapacitada a la que se le negó el aborto.
"El plazo del Estado para responder se venció. Sabemos que pidieron una prórroga, pero lo que más queremos es una política pública o una medida legal que permita que estos casos no vuelvan a suceder", subrayó Filoni.
El caso es el de una joven que tenía 20 años en 2006 y que es identificada en la causa por las siglas LMR. Tiene una discapacidad mental permanente y una edad mental de entre ocho y 10 años, según certifican los médicos que la asisten.
La joven, de la localidad de Guernica, en la oriental provincia de Buenos Aires, fue violada por un tío ese año y quedó embarazada. Pero cuando su madre la llevó al hospital para que le practicaran un aborto, los médicos se negaron y la derivaron a otro sanatorio.
En el otro centro se convocó a un comité de bioética que derivó el caso a la justicia. En primera instancia, el tribunal negó la autorización, y más tarde una cámara superior confirmó el fallo.
En la Corte Suprema de Justicia provincial, la madre de LMR consiguió una sentencia favorable que reconoció a su hija el derecho de ser sometida al aborto. Más aún, el tribunal reconoció que el pedido de autorización ni siquiera correspondía.
Pero aun así el hospital se volvió a negar a la práctica, esta vez por considerar que el proceso de gestación ya estaba muy avanzado. La familia debió recurrir entonces al circuito clandestino para la interrupción de un embarazo de 20 semanas.
Para entonces la madre y una hermana de la damnificada habían perdido el empleo por acompañar a la joven en todo el proceso, y habían sufrido el acoso de grupos católicos que presionaban para que desistiesen de la interrupción del embarazo.
"La autorización no era necesaria en este caso, pero los efectores de salud se lavan las manos, y el problema aquí es que al ingresar el caso a la justicia se pierde tiempo y el embarazo sigue", advirtió Filoni.
Según una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro, siete de cada 10 personas consultadas a raíz del caso de la niña de 11 años en Entre Ríos, consideraron que encuadraba en la figura de aborto no punible y que debió practicarse.
Cuando se consulta en general por la despenalización del aborto, el porcentaje de apoyos es menor, pero sigue siendo alto. Sesenta por ciento de los encuestados sostienen que la práctica debería ser un derecho de la mujer y ser garantizado por el Estado.
domingo, 4 de marzo de 2012
G-20 no aprueba planes contra crisis globales(1)
El Grupo de los 20 países industrializados y emergentes (G-20) abandonó México sin definir mecanismos para afrontar la amenaza de otra recesión mundial o la crisis de la deuda europea, y además siguió sin abordar temas urgentes como el cambio climático o la emergencia alimentaria.
En una declaración de 12 párrafos, los ministros de Finanzas y presidentes de los bancos centrales, reunidos sábado 25 y domingo 26 de febrero en la Ciudad de México, no aludieron a la crisis alimentaria de África y dedicaron solo dos menciones a la energía y el clima.
Ello, pese a los llamados de organizaciones de la sociedad civil a que la agenda fuese ampliada a la crisis climática y alimentaria y a otros temas que impactan a la población mundial.
"Vimos una indisposición para tomar decisiones de fondo. Es una especie de derrota e indisposición para cambiar las cosas en el ámbito internacional. Quedó claro de que no quieren hacer cambios de fondo. El problema es que esos países son determinantes en todos los organismos", señaló el presidente de El Barzón, Alfonso Ramírez.
La institución pertenece a una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) centrada en los temas del G-20 y surgió a raíz de la crisis financiera que golpeó a México en 1994, pulverizó los ahorros de millones de personas, acabó con miles de puestos de trabajo y generó temblores en la economía global.
Los ministros y funcionarios congregados en la capital mexicana sí acordaron elaborar un reporte sobre el impacto de la volatilidad de los precios de las materias primas en el crecimiento económico.
El reporte "debe evaluar opciones de política que los países pueden considerar que reducirían la excesiva volatilidad de las materias primas o bien mitigar sus efectos sobre el crecimiento y el bienestar de los segmentos vulnerables", indica el documento final.
Ello para "aprovechar las oportunidades de crecimiento económico que esos mercados presentan", añade.
Un colectivo de 56 ONGs de 14 naciones planteó antes del cónclave financiero una serie de asuntos que debían ser incluidos en su debate, como inclusión financiera, seguridad alimentaria, transparencia y combate a la corrupción y lucha contra el cambio climático.
De hecho, las ONG consideran que esos temas deben estar presentes en la agenda de los jefes de Estado y de gobierno del G-20, que sesionarán en junio en la noroccidental ciudad mexicana de Los Cabos.
El G-20 reúne a los países industrializados del Grupo de los Ocho (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia y Rusia) y a las potencias emergentes Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. También participa la Unión Europea (UE).
Los ministros acordaron mejorar el diálogo entre los productores y consumidores de energía, mediante una mayor transparencia de los mercados del gas y el carbón, el funcionamiento y supervisión de las agencias que reportan los precios del petróleo y la limitación y cese a mediano plazo de subsidios ineficientes a combustibles fósiles.
"Hay que reducir los subsidios a los combustibles fósiles a mediano plazo, es necesario ante el cambio climático", dijo al concluir la reunión la ministra danesa de Finanzas, Margrethe Vestager.
"Hay un amplio consenso sobre la economía verde y la transición (a menor dependencia de combustibles fósiles). Tenemos que encontrar formas de fortalecer el crecimiento, la investigación y la inversión", planteó la ministra de Dinamarca, el país que ostenta la presidencia de la UE este semestre.
G-20 no aprueba planes contra crisis globales(2)
Pero, precisamente, la pugna de Estados Unidos y otros países occidentales con Irán por su programa nuclear ha encarecido el petróleo, lo cual representa a su vez una amenaza para la alicaída economía mundial, en puertas de una nueva recesión, según subrayaron especialistas financieros al comentar el encuentro del G-20.
Además, los delegados solicitarán a organismos como el Banco Mundial y las Naciones Unidas la elaboración de un informe que presente al grupo diferentes opciones para insertar políticas de crecimiento verde y desarrollo sustentable en sus "agendas de reformas estructurales".
Mientras la UE quiere que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporte más dinero para ese fin, naciones emergentes, como México y Brasil, plantean contraprestaciones para que eso se haga.
El encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales evidenció las diferencias dentro del G-20 frente a los paquetes financieros destinados a encarar la crisis mundial.
Pero durante los dos días de reunión en México no quedó claro qué puede ofrecer la UE a cambio de más aportes del FMI, dirigido por la francesa Christine Lagarde, además de acelerar las lentas reformas de ese organismo y del Banco Mundial.
"Continuaremos con el proceso de revisión de la fórmula que determina las cuotas del Fondo, para que estas reflejen adecuadamente el peso relativo de las economías dentro del sistema global", sostuvo el secretario (ministro) mexicano de Finanzas, José Meade, al concluir el encuentro.
Las naciones emergentes quieren que el bloque europeo instaure más barreras financieras o "cortafuegos" para que la crisis no se propague, como ocurrió en 2008 cuando comenzó en Estados Unidos una crisis que después se extendió mundialmente.
El nuevo paquete anticrisis estará sobre la mesa de debate en la reunión conjunta de la primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial, que tiene lugar habitual en abril en Washington.
Entonces, los representantes del G-20 volverán a verse las caras para definir los montos de los aportes destinados a conjurar una crisis que ahora irradia desde la UE.
Hasta ahora, la llamada eurozona ha ofrecido un aporte al FMI por unos 200,000 millones de dólares, pero el organismo retruca que necesita al menos unos 500,000 millones para encarar los efectos de la crisis.
"Hay un entendimiento amplio de que los cortafuegos tienen que ser fortalecidos para lograr estabilidad financiera. Creemos que los recursos del FMI deben asegurarse pronto. Acordamos con el FMI que los retos no se limitan a Europa y por eso creemos que debe haber cortafuegos efectivos", planteó Vestager.
Para Ramírez, de El Barzón, los resultados de la cita de Ciudad de México pueden ser un anticipo de lo que ocurrirá en junio en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno.
"La reunión va por una senda diferente a las resoluciones que tomamos (dentro de la sociedad civil). Está totalmente ausente de nuestros planteamientos y tememos que lo esté en los resultados de la cumbre del G-20", remarcó el activista.
En Los Cabos, según la agenda prevista, los gobernantes del grupo abordarán en junio políticas contra la crisis financiera, la seguridad alimentaria, el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático y otros asuntos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
