En su informe anual, el CELS reporta avances y demoras en estos juicios reabiertos en 2006, luego de que el parlamento, a instancias del gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner (2003-2007) anuló las leyes de amnistía, dictadas a fines de los años 80, y de que la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales junto a los indultos que habían beneficazo a los jefes de la dictadura. "En nuestro próximo informe vamos a decir que 2010 fue el año de los juicios. En 2009 hubo 11 que finalizaron y este año culmina con 15 concluidos y 10 que se definirán en los próximos meses", dijo Balardini.
Para la abogada, si estos procesos fueran más ágiles habría el doble de condenados. En ese sentido recordó que son unos 1,600 los responsables o involucrados de distintas formas en la represión dictatorial y sólo 1,200 de ellos están bajo investigación judicial.
Remarcó que han finalizado 30 de las 350 causas abiertas en distintos tribunales del país y 10 más están a punto de culminar. Pero eso implica que aún hay más de 300 que todavía no llegaron a juicio oral, apuntó.
"Es necesario acumular casos por centro de detención ilegal o por otros criterios que disponga el juez, porque sino va a ser difícil resolver tantos en el corto plazo, y en esto hay un límite biológico que es la edad de los imputados", advirtió la abogada del CELS.
Sólo este año murieron 30 imputados, entre ellos el ex almirante Emilio Massera, integrante de la primera junta militar de la dictadura y máximo responsable de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el emblemático y mayor centro ilegal de detención del régimen por donde pasaron más de 2,000 prisioneros, mucho de los cuales fueron arrojados vivos al Río de la Plata.
Pero si se cuenta desde que se cometieron los delitos, el número de presuntos responsables que fallecieron sin sentencia asciende a 256. Hay además 16 declarados incapaces y 40 prófugos.
También los testigos de los crímenes contra la humanidad y familiares más conspicuos de víctimas tienen una avanzada edad y exigen que se aceleren los plazos. Este mes murió Adriana Calvo, la primera sobreviviente que se animó a declarar en el juicio de 1985 en el que Videla y otros ex comandantes militares fueron condenados a cadena perpetua.
"En Tucumán y en Mendoza se sumaron varios procesos en una misma causa para agilizar, pero también tuvimos otra provincia, La Rioja, que hizo un juicio con un solo acusado y una sola víctima", cuestionó la abogada.
Balardini también destacó que por primera vez la justicia consideró como un delito de lesa humanidad el ataque sexual a una prisionera ilegal, además de que se esté actuando contra civiles cómplices de la dictadura, como empresarios, religiosos y otros implicados en la represión.
Del mismo modo, Jorge Auat, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, recordó que los jueces tienen potestad para unificar los procesos si así se lo proponen.
Auat valora que hubo una aceleración este año de las sentencias y que hay muchos más procesados que cuando comenzaron los juicios, pero también advirtió que hay una mayoría de encausados sin prisión preventiva.
Ante este panorama de avances, fallas y demoras, la sentencia a Videla, un símbolo de la dictadura, fue celebrada por familiares de víctimas, sobrevivientes de la represión, y también por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que nunca cejaron en su lucha por justicia.
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