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| La capital Buenos Aires sirve de casa a miles de personas con escasos recursos. |
Más allá de la
incertidumbre sobre el rumbo económico que tomará Argentina tras las elecciones
presidenciales en noviembre, los principales planes sociales que contribuyeron
a disminuir los niveles de pobreza en la última década llegaron para quedarse.
No existen fuentes oficiales unificadas sobre la cantidad
de beneficiarios, y en algunos casos la información se entrecruza entre
diversos ministerios, o individuos o familias, incluidos en más de un plan
social.
Pero según el Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ODSA) de la
Universidad Católica Argentina, al menos 28 por ciento de los hogares urbanos
(2.7 millones) recibe alguna transferencia monetaria de ese tipo, en un país
con una población que este año alcanzó 43 millones, según proyecciones
oficiales.
El de mayor alcance es la Asignación Universal por Hijo (AUH), con 3.6 millones de familias
beneficiarias, que otorga a jefes o jefas de hogar desempleados o
trabajadores informales un monto por cada hijo menor, bajo requisitos como
asistencia escolar y controles médicos.
“Las políticas sociales
implementadas desde 2003 sin duda contribuyeron de manera importante a la
reducción de la pobreza y la indigencia”, dijo Gala Díaz Langou, del Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
En particular, aseguró la especialista “desde 2009 con la
AUH, se logró garantizar un ingreso básico para muchas de las familias con
niños en situación de vulnerabilidad”.
Otros planes, entre ellos Progresar, benefician a unos 557,000
jóvenes entre 18 a 24 años para que estudien, con el requisito que tengan
empleo formal o informal, perciban un salario inferior al mínimo de 600 dólares
mensuales, y que su familia esté en las mismas condiciones.
Por su parte “Argentina trabaja”, es un conjunto de
programas destinados a la inserción laboral en trabajos en beneficio de la
comunidad, a través de cooperativas con capacitación en obra.
Mientras que las mujeres
embarazadas desocupadas, trabajadoras informales, del servicio doméstico, con
ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, o que están inscritas en otros
planes sociales, tienen derecho a un beneficio monetario a través del programa Asignación por Embarazo.
El requisito de este plan con 68,580 beneficiarias, según
datos de 2011, es el control prenatal.
Programas como estos y las pensiones contributivas,
“reducen la profundidad de la indigencia o evitan caer en la pobreza
extrema a familias de escasos recursos, sobre todo en un contexto como el
actual recesivo, inflacionario y de escasas posibilidades de acceder a un
empleo de calidad para los sectores de baja calificación”, declaró el coordinador
del ODSA, Agustín Salvia.
“Al mismo tiempo, estas transferencias tienen efectos
positivos al sostener a través del consumo de los sectores beneficiarios,
actividades informales que dan trabajo a mucha gente”, acotó.
Pero aunque favorecieron la retención escolar, Salvia
señaló que no mejoraron la proporción de quienes completan los estudios
obligatorios, por otros factores “que impiden que la escuela sirva realmente a
dar salida técnico-profesional a los adolescentes pobres”.
Por sus bajos montos, ya que el máximo aporte equivale a
unos 92 dólares, aunque redujeron el riesgo alimentario, consideró
que no contribuyeron a salir de la pobreza, aunque no “necesariamente” la
reproduzcan, como señalan otros.
“Se trata de un subsidio al desempleo o al subempleo
informal. Mientras no haya una demanda de mano de obra hacia buenos empleos no
tiene sentido eliminarlos”, propuso. Pero, a su juicio, “sí es posible transformarlos y
mejorarlos, para que faciliten y promuevan un puente con la formación, o con labores
sociales o económicas comunitarios, con el fin de promover una cultura del
trabajo y una acción cooperativa”.
Lea Programas, Página 2.
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