Buscan en latinoamérica justicia por desaparecidos(2)

La justicia colombiana condenó en junio al coronel retirado Alfonso Plazas a 30 años de cárcel por la desaparición en 1985 de 11 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, en Bogotá, que fue atacado por militares para recuperarlo de manos del guerrillero Movimiento 19 de Abril, que lo había copado. Tras la operación, que dejó 55 muertos, nada más se supo del grupo de empleados que habían sobrevivido.

Los activistas esperan que con la entrada en vigor en 2011 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada en 2006, empuje la lucha contra ese delito. Mientras países como Argentina, Chile y Uruguay ya la ratificaron, otros como Guatemala y Colombia aún no lo hacen.

Al entrar en vigor ese instrumento internacional, los Estados parte deberán entregar un informe anual respecto de la desaparición forzada de personas, con datos duros y acciones legislativas y judiciales para enfrentarla.

El Senado de Argentina aprobó en septiembre la reforma al Código Penal para tipificar como delito específico la desaparición forzada y en las próximas semanas se pronunciará la Cámara de Diputados.

"Argentina ha encontrado su propio camino para enjuiciar (a los violadores de derechos humanos), pero es importante por lo simbólico condenar a los autores por desaparición forzada", explicó Cetrángolo.

Por una sentencia contraria de noviembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición del dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974, México está obligado a aprobar una ley contra ese hecho y a investigar a fondo los casos denunciados.

"El Estado no acepta denuncias por desaparición forzada y sólo las tramita como secuestro", resaltó Cerezo, quien estuvo encarcelado entre 2001 y 2009 por el ataque a tres agencias bancarias en la capital mexicana.

Desde 2007 se hallan desaparecidos los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Cruz y Edmundo Reyes y 38 trabajadores de la firma estatal Petróleos Mexicanos, sin que hasta ahora haya indicios de su paradero.

"En Colombia la historia ha sido la negación de la desaparición. Por eso queremos que el parlamento ratifique la Convención y que apruebe la ley de Víctimas", precisó Hoyos, hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado en 2001.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó el 27 de septiembre al parlamento el proyecto de ley de Víctimas, para resarcir a los afectados por la violencia ejecutada por la guerrilla, los paramilitares y agentes estatales.