A pesar que el Partido de la Revolución Democratica (PRD) gobierna el estado mexicano de Chiapas, la violencia oficial sigue acechando a los indigenas de ese estado, ya que recientemente seis indigenas murieron y 17 fueron heridos por protestar el no ser participes en los fondos obtenidos por el mercadeo del turismo de un centro arqueológico local.
El 2 de octubre pasado, unos 40 policías ingresaron lanzando bombas lacrímogenas a la pequeña comunidad de Miguel Hidalgo, donde residen unas 750 familías de la etnia tojolabal. Los oficiales buscaban desalojar a los protestantes, quienes habían ocupado el 1 de septiembre una zona arqueológica adyacente. Los locales repelieron los ataques, despojaron a los policías de sus armas y los encerraron. Poco después, unos 300 policías contraatacaron, lo que desemboco en las muertes, y varios heridos de ambas partes.
Cuando menos cinco indigenas todavía se encontraban hospitalizados hasta la semana pasada. Treinta y seis personas fueron liberadas después de que entregaron las armas que tomaron de los agentes.
Jorge Luis Hernández, director del organismo Centro de los Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dijo que la violencia contra los indigenas locales es un patrón estrategico de criminalización por las protestas de parte del gobierno estatal de Juan Sabines, quien previamente fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sabines gobierna desde el 2006. Varios miembros del PRD en Chiapas también pertenecieron al PRI antes de la toma de poder de Sabines.
Hernández mencionó que el perfil estatal está más bien ligado al PRI, pues varios de sus participantes ocupan cargos públicos.
El gobierno de Chiapas se comprometio a castigar a los policías culpables, y a indemnizar a los dañados en los sangrientos enfrentamientos, otorgar becas a los hijos de las víctimas, pensionar a las viudas, y comenzar programas de desarrollo comunitario.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fue fundado por el obispo católico Samuel Ruiz en 1989, quien es seguidor de la Teología de la Liberación. Este organismo ha dado seguimiento a varios incidentes atribuidos a “practicas represivas” oficialistas ante indigenas este año. En julio, agentes armadas trataron de remover por la fuerza a indigenas que bloqueaban el ingreso a un sitio turistico llamado Cascada de Agua Azul.
En abril, varios indigenas acusaron a funcionarios de recibir amenazas de cárcel y multas por trabajar en tierras cercanas a una zona arqueológica.
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