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| El juez neoyorquinoThomas Griesa. |
Fondos,
parte 2.
Y en un nivel más fundamental, la culpa recae
en un plan monetario mundial cuya base es la deuda y que obliga a la quiebra de
algunos países como una necesidad matemática. Como en el juego de las sillas
musicales, algunos jugadores deben quedar afuera.
La mayor parte del dinero actual entra en
circulación como crédito o deuda bancaria. La deuda con intereses siempre crece
más rápidamente que la oferta de dinero, ya que siempre se debe devolver más de
lo que el préstamo original había generado. Nunca hay dinero suficiente para
todos, a menos que se acreciente lo adeudado.
Como señala el economista Michael Hudson, el
sobreendeudamiento crece exponencialmente hasta que el pago se hace imposible.
El país se ve obligado al default.
¿Mala gestión fiscal o deuda odiosa?
Además de la imposibilidad del cumplimiento,
existe otra defensa que Argentina podría argumentar ante la corte
internacional: la “deuda odiosa”.
También denominada deuda ilegítima o
execrable, esta teoría jurídica sostiene que la devolución de la deuda externa
que un gobierno contrajo contra los intereses del país no debe ser exigible.
Varios países emplearon con éxito ese
argumento, entre ellos Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa declaró en
diciembre de 2008 que la deuda ecuatoriana había sido contraída en el pasado
por gobiernos corruptos y despóticos. El argumento de la deuda odiosa permitió
que el país sudamericano redujera la suma adeudada en 70 por ciento.
En un artículo publicado en Global Research en
noviembre de 2006, Adrián Salbuchi realizó una defensa similar de Argentina.
Rastreó el origen de los problemas del país a 1976, cuando su deuda externa era
un poco menos de 6,000 millones de dólares y representaba una pequeña parte del
producto interno bruto (PIB).
El 24 de marzo de ese año una dictadura
cívico-militar derrocó al gobierno elegido constitucionalmente de la presidenta
María Estela (Isabel) Martínez de Perón y nombró ministro de Economía a José
Martínez de Hoz, que tenía estrechos vínculos con poderosos intereses de la
banca privada internacional.
Con el respaldo de la dictadura, Martínez de
Hoz aplicó sistemáticamente políticas y leyes económicas y financieras de alto
poder destructivo, especulativas, ilegítimas e incluso ilegales, que
multiplicaron la deuda pública casi por ocho a 46.000 millones de dólares en
unos pocos años.
Todo esto estuvo íntimamente vinculado a los
intereses de los grandes círculos bancarios y petroleros internacionales que,
en ese momento, necesitaban con urgencia reciclar enormes volúmenes de
“petrodólares” generados por las crisis petroleras de 1973 y 1979.
Esos capitales no se invirtieron en la
producción ni en la infraestructura industrial, sino que alimentaron la
especulación en el mercado financiero argentino de los bancos y corredores
locales e internacionales que aprovecharon las altísimas tasas de interés en
pesos argentinos ligadas a un tipo de cambio del dólar a medio plazo estable y
poco realista.
Salbuchi describe la posterior caída de
Argentina en lo que se convirtió en una trampa de deuda por 200,000 millones de
dólares, de la cual gran parte era “deuda odiosa” y no debería pagarse.
“Hacer que el Estado argentino – es decir, el
pueblo de Argentina – soporte todo el peso de esta tormenta equivale al
genocidio y el terrorismo financiero”, según Salbuchi.
“Argentina experimenta actualmente graves
dificultades, con más de 50 por ciento de la población sumergida en la
pobreza”, añade.
“El Derecho universal básico le otorga al
pueblo argentino el derecho de defender legítimamente sus intereses frente a
los diversos actores multinacionales y supranacionales que, abusando del enorme
poder que ejercen, directa y/o indirectamente impusieron complejas acciones y
estrategias que condujeron al problema de la deuda pública”, sostiene.
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