Obama firmará en ONU tratado pro discapacitados(2)

Al ser consultados sobre su decisión de no firmar el tratado en 2006, funcionarios del gobierno de George W. Bush (2001-2009) respondieron que la ADA "es la ley que mejor protege los derechos de los discapacitados en el mundo".

"Creemos que la forma más constructiva de proceder es que cada país persiga este objetivo mediante medidas concretas locales", añadieron. Aun así participaron en las negociaciones.

"Durante casi una década, Estados Unidos quedó afuera de los nuevos tratados que se negociaban y de los existentes que ganaban apoyo internacional", indicó Amon, de HRW. "Con la firma de la CDPD, este país comienza a reafirmar su liderazgo internacional en materia de derechos humanos".

Con ésta decisión, Obama cumple una promesa electoral.

"La firma de la CDPD favorecerá un enfoque más enérgico e integral en Estados Unidos que permitirá hacer frente a las miles de injusticias que sufren las personas con discapacidades", subrayó James Felakos, de ACLU.

Burkina Faso y Haití se convirtieron el jueves en los últimos países en firmar la CDPD.

El tratado protege los derechos de unas 650 millones de personas con discapacidades, que constituyen 10 por ciento de la población mundial y la minoría más grande del planeta.

La cifra aumenta permanentemente con el crecimiento de la población mundial y su envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que vuelve más significativa la firma de Estados Unidos.

El Protocolo Facultativo de la Convención fue suscrito por 83 países. Éste abre la posibilidad de denunciar ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, de 18 miembros, violaciones a la CDPD después de haber agotado todos los recursos nacionales.

El tratado contribuyó a cambiar la percepción sobre las personas con discapacidades, señaló Jorge Ballestero, vicepresidente del comité especial que redactó durante cuatro años la Convención antes de que fuera adoptada por la Asamblea General, el 13 de diciembre de 2006.

"Antes de la Convención, la discapacidades solía ser considerada una enfermedad, pero ahora nos damos cuenta de que es una interacción entre cierta condición y la sociedad", explicó. "Ésta debe ayudar a eliminar la discapacidades mediante la accesibilidad, la no discriminación, la protección y el respeto de los mismos derechos para todos".

La comunidad internacional ansiaba que Estados Unidos suscribiera los tratados de derechos humanos para que su papel en la materia fuera más importante en el concierto mundial.

"Nada pudo ser más significativo para la celebración por la ADA, una de las leyes más importantes en materia de derechos civiles, que el anuncio del presidente Obama", subrayó Deborah J. Vagins, de ACLU.

"Todas las personas, en Estados Unidos y en el mundo, merecen igualdad de oportunidades, independencia económica y una plena participación en la sociedad", remarcó.

Obama firmará tratado en ONU pro discapacitados(1)

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmará una convención a favor de las personas con discapacidades, el primer tratado internacional sobre derechos humanos que suscribe este país en más de una década.

El anuncio fue hecho el viernes 24 de Julio al celebrarse el 19 aniversario de la aprobación de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Una vez que el presidente suscriba el tratado, éste será enviado al Congreso legislativo para su ratificación y su posterior promulgación.

Será el cuarto convenio internacional suscrito por Estados Unidos y el primero en este siglo.

Obama tiene previsto firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (CDPD) esta semana cuando visite la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales aplaudieron el compromiso de Obama con los derechos humanos.

"Es un gran día para los derechos de las personas con discapacidades y un avance para el movimiento de derechos humanos de Estados Unidos", señaló el director de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), Jamil Dakwar.

"Con la firma de la CDPD, Obama colocará de vuelta a Estados Unidos en el camino de la promoción y la defensa de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional", remarcó. "Este es un país muy importante como para quedar al margen de un asunto tan vital".

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, también aplaudió la decisión de Obama y consideró que el convenio internacional contribuye a la plena inserción social de las personas con discapacidades.

"Es un gran triunfo para las personas implicadas y para los activistas que trabajaron duro para lograrlo", señaló Joe Amon, director del programa de derechos humanos y salud de HRW.

La CDPD fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y abierta a la firma de los estados miembros el 30 de marzo del año siguiente. Fue suscrita enseguida por 82 países. En la actualidad, 140 naciones la firmaron y 61 la ratificaron.

Los signatarios del tratado deben prohibir toda forma de discriminación contra las personas con discapacidades y "promover la accesibilidad y el trabajo" para garantizar su pleno goce "de los derechos sociales, económicos y culturales", según la ACLU.

La CDPD tiene ocho disposiciones centrales que incluyen la prevención de la discriminación, la accesibilidad, el derecho a la educación, a la salud, a la participación y al voto.

Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha suscrito el convenio y el único de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Barreras legales a los delitos de odio(2)

También se incrementaron los delitos contra judíos, afroestadounidenses, asiáticos y originarios de las islas del Pacífico.

"Demasiadas veces, cuando se cometen atroces crímenes contra personas por sus discapacidades, estos delitos no se reportan o no son juzgados como tales, aun cuando las circunstancias claramente muestran que la víctima fue atacada" por su condición, dijo el presidente de la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades, Andrey Imparato.

Según el Centro Sureño de Derecho y Pobreza, una organización sin fines de lucro, el año pasado estuvieron activos 926 grupos de odio en este país, cuatro por ciento más que en 2007.

Además del debate inmigratorio, la recesión económica y la elección de Barack Obama como el primer presidente negro del país son factores que habrían contribuido a la proliferación de estos grupos.

Autoridades informaron que Obama recibió más amenazas de muerte que ningún otro candidato presidencial.

"Muchas comunidades negras han visto un pico en los delitos de odio, e incluso cuando hay leyes para proteger a víctimas del odio, algunas no son suficientes", afirmó la presidenta del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguia.

"Este proyecto de ley le dará al gobierno federal jurisdicción para juzgar delitos de odio en estados donde la actual ley es inadecuada. Al aprobarlo, el Congreso enviaría un fuerte mensaje de que los actos de intolerancia son inaceptables", añadió.

Los críticos del proyecto dicen que va en contra de los derechos a libre discurso y a libre asociación.

Sin embargo, la directora de la Oficina Legislativa en Washington de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles, Caroline Fredrickson, señaló que apoya el proyecto de ley "porque protege tanto los derechos civiles como los de libertad de discurso y de asociación".

"Hemos descubierto en nuestra experiencia que pelear por más fuertes protecciones a los derechos civiles y a la libertad de discurso y asociación son cosas que van de la mano", añadió.

Mientras se rumorea que el gobierno de Obama restringirá el derecho a portar armas, informes indican que cada vez más personas compran pistolas. Según el FBI, hubo 1,2 millones de solicitudes más de compra de armas entre noviembre de 2008 y febrero de 2009 que en el mismo periodo del año previo.

Por otra parte, se filtró un informe de inteligencia interna alertando sobre grupos extremistas que buscan nuevos reclutas, en medio de la crisis financiera.

Barreras legales a los delitos de odio(1)

Líderes de varias organizaciones religiosas y de derechos humanos de Estados Unidos pidieron la aprobación de un proyecto de ley para fortalecer la protección ante delitos de odio.

La Ley para la Prevención de Delitos de Odio y su Aplicación Local, es apoyada por más de 300 organizaciones defensoras de las libertades civiles y grupos religiosos.

Estos "son delitos contra todos nosotros, delitos contra nuestras comunidades", afirmó el director del Centro de Judaísmo Reformado para la Acción Religiosa, el rabino David Saperstein.

El proyecto de ley habilita la intervención de las autoridades federales y autoriza al Departamento de Justicia a investigar y juzgar la violencia contra una persona por razones, comprobadas o denunciadas, de raza, color, religión, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género o discapacidad.

Provee también a las autoridades locales más recursos para combatir estos delitos y le concede al gobierno federal jurisdicción en estados donde la ley actual es inadecuada.

Actualmente, un delito de odio sólo merece atención fuera de las fronteras estaduales si la víctima participaba de alguna actividad patrocinada por el gobierno federal, como integrar un jurado o asistir a una escuela pública.

"La violencia contra las personas por lo que son, lo que adoran o el color de piel que tienen es la antítesis de lo que entendemos por nación", afirmó Wade Henderson, presidente de la Conferencia sobre Derechos Civiles, que apoya el proyecto de ley.

El texto, que sus partidarios impulsan desde hace una década, había sido previamente añadido a otra legislación y aprobado en forma preliminar por ambas cámaras del Congreso, pero luego eliminado en los comités que lo analizaron.

Los delitos de odio siguen siendo un problema en Estados Unidos, según la más reciente información del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los ataques a personas de origen latinoamericano crecieron en 2007 por cuarto año consecutivo, mientras que los dirigidos a homosexuales aumentaron casi seis por ciento.

Honduras: Élites culpables de fragilidad democrática(2)

Además, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) analizó la situación en Nicaragua, con la presencia de Insulza y de representantes de México.

También desde el mismo país, los gobiernos integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América rechazaron el golpe en el marco de una reunión convocada de urgencia y en la cual participó el propio Zelaya. Honduras es miembro de estos dos bloques, al igual que, por supuesto, de la OEA, cuya Asamblea General se reúne este martes.

Simpatizantes de Zelaya, especialmente de integrantes del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), quemaron llantas y montaron una vigilia en los alrededores de la sede del gobierno.

Bertha Oliva, del no estatal Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que como parte de las secuelas del golpe al menos 14 dirigentes populares están siendo amenazados al trascender que existen órdenes de captura en su contra.

La canciller Patricia Rodas fue una de las detenidas y en la noche del 28 expulsada hacia México. Fue retenida por varias horas en la base militar aérea Hernán Acosta Mejía, aseguró el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desde Managua, donde finalmente recaló la funcionaria.

A su vez, el Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" hizo sentir su voz de protesta ante cualquier "confabulación que se realice entre los grupos o clases sociales para romper el estado de derecho que hemos venido construyendo durante largos años; bien o mal, pero es un esfuerzo del pueblo", dijo Gladys Lanza, coordinadora de esa organización de la sociedad civil.

Para los analistas consultados es factible entender el rol de los militares en estas crisis en Honduras, pero no así el de los partidos políticos. "Si jugaron a un golpe cívico-militar, de qué partidos democráticos hablamos. Parece entonces que carecemos de actores sociopolíticos democráticos y eso es preocupante para la sociedad y el país en general", dijo Sierra.

Todo indica, prosiguió, que falló toda la institucionalidad creada en los últimos 27 años. Honduras instaló a mediados de los años 90 el Foro Nacional de Convergencia, para dar espacio al diálogo político, que reúne a los más representativos sectores sociales, políticos y económicos. Pero ante el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, "esta instancia nunca funcionó, no se pronunció, se invisibilizó y esa es una crítica fuerte que debemos hacer".

El diputado Toribio Aguilera, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD), dijo que "ha sucedido un hecho lamentable, fue algo doloroso para la democracia, pero necesario".

"El ex presidente no dejó opción porque se trataron y plantearon todas las salidas, pero él quiso seguir violando la ley, y nadie está por encima de la ley ni de la Constitución", justificó.

Según el mandato legislativo del domingo 28 de junio, Micheletti ejercerá la presidencia de Honduras por seis meses y deberá garantizar los comicios generales para noviembre.

Honduras: Élites culpables de inestabilidad democrática(1)

El golpe de Estado perpetrado en Honduras el 28 de junio muestra que la democracia recuperada en 1982 aún sigue cercada por la alianza militar con el poder económico-político tradicional, según analistas. Las condenas y rechazos al derrocamiento de Manuel Zelaya parten desde todo el continente americano.

"La época de inestabilidad de los años 70 y 80 con regímenes militares parece no haber sido superada como pensamos, al ser nuevamente una alianza cívico-militar la responsable de este retroceso democrático con la salida del presidente Zelaya", dijo el historiador Rolando Sierra, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

La historia de los golpes militares en Honduras ha estado marcada por la connivencia de sectores políticos vinculados a los históricos partidos Liberal y Nacional, con más de un siglo de existencia.

El golpe se ejecutó el mismo día en que se debía realizar una consulta popular informal para que la ciudadanía hondureña respondiera si estaba a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental de elecciones presidenciales, y que, en caso de ganar, su integración se elegiría en simultáneo a las elecciones generales que estaban previstas para noviembre.

El Congreso legislativo, opositor en casi su totalidad, declaró que la convocatoria violaba la Constitución y sostuvo que Zelaya quería la reforma para poder aspirar a la reelección, hoy vedada. También la justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República habían dictaminado en igual sentido.

Zelaya, quien asumió el gobierno en 2006 como líder del Partido Liberal pero a poco de andar se enemistó con sus correligionarios y quedó apoyado por izquierdistas y organizaciones sociales y de derechos humanos, fue sacado de su casa en la madrugada del domingo por un centenar de efectivos militares y puesto en un avión de la fuerza aérea rumbo a Costa Rica.

Tras la expulsión de Zelaya del país, el Poder Legislativo lo sustituyó por quien hasta ese momento era el presidente del cuerpo y por tal el siguiente en el orden de reemplazos, Roberto Micheletti, también liberal pero enfrentado al mandatario derrocado.

"Parece que no fuimos capaces de llegar a otros estadios de mayor democracia, se tuvo que llegar al golpe de Estado y ello demuestra que seguimos siendo una democracia frágil y lo que estamos viendo es que estamos volviendo al pasado", apuntó Sierra.

El ambiente se caldeo cuando Zelaya removió de su cargo a un alto jefe militar, quien se nego a formar parte del dispositivo de seguridad y supervisión de la consulta popular. La Suprema Corte de Honduras le ordenó a Zelaya no removerlo de su puesto, lo que Zelaya ignoró.

A su vez, la socióloga Mirna Flores, comentó que "no se le puede dar salida a un conflicto político con las armas, esas eran las salidas del autoritarismo". "Estamos frente a una crisis del sistema de partidos políticos, donde los dirigentes no aceptan la más mínima apertura a la ampliación de espacios democráticos", añadió.

Honduras es visto hoy como la "antidemocracia de la región, porque lo acontecido revive la historia de los tristemente golpes militares en América Latina", acotó Flores.