viernes, 22 de mayo de 2009

Los abusos laborales de Wal-Mart en México(2)

"No sé si el fallo de la Suprema Corte vaya a influir en la manera que Wal-Mart se conduce", Shaila Toledo, investigadora de Prodesc.

Para ilustrar el nulo respeto a los derechos laborales de mujeres y menores de edad, Prodesc efectuó una investigación sobre la situación en Wal-Mart, la mayor cadena mundial de tiendas por departamentos y la mayor empleadora privada en México.

El informe "Lo barato sale caro: violaciones a los derechos humanos laborales en Wal-Mart México" concluyó que la empresa violenta derechos en materia de salarios, salud, seguridad, horarios, pagos de horas extras y prestaciones laborales. También impide la creación de sindicatos, bajo la argucia de considerar como "asociados" a sus empleados.

El estudio hace referencia al lema del conglomerado: la tienda de los precios bajos ,y De León subrayó que en un mercado muy concentrado como el mexicano, el comportamiento de Wal-Mart causa un daño especial porque otras empresas, para competir con ella, imitan sus prácticas negativas, bajan sus condiciones laborales y refuerzan la discriminación de género.

Shaila Toledo, investigadora de Prodesc, indicó que las trabajadoras sufren discriminación y explotación, al solicitarles al momento de ingreso una prueba de embarazo y obstaculizarles posibilidades de ascenso.

El reporte da luz a las condiciones en que laboran unos 130,000 empleados de esa firma, que llegó a México en 1991 y que opera 895 tiendas en 141 ciudades.

La investigación se realizó entre junio y julio de 2007 entre 247 trabajadoras en ocho de los 32 estados. Uno de los temas centrales hallados fue el de los bajos salarios, pues 52% de las encuestadas respondieron que su sueldo es insuficiente para cubrir sus necesidades más elementales.

A pesar de que la cadena minorista registra ganancias anuales superiores a los 20,000 millones de dólares, las trabajadoras ganan mensualmente, en promedio, entre 200 y 350 dólares. El salario mínimo en México es de unos cuatro dólares diarios.

Wal-Mart paga a sus "asociados" con dos tarjetas plásticas. Una sirve para retirar el depósito de una parte del salario de un banco, en un sistema que obliga al uso de la red interna de cajeros automáticos de las tiendas, y la otra sólo sirve para adquirir productos en sus propias tiendas mediante los llamados "vales de despensa".

La Suprema Corte de Justicia declaró en septiembre de 2008 inconstitucional la segunda modalidad, al compararla con el sistema de "tiendas de raya", que se aplicaba en las fincas mexicanas en el siglo XIX.

En aquella época, los trabajadores del campo mexicano sólo podían adquirir bienes en la tienda de su patrón y a precios muy altos, lo que propiciaba una semiesclavitud.

El fallo del tribunal sólo beneficia al trabajador que demandó a Wal-Mart y no a todos los empleados de la transnacional. La legislación mexicana no contempla la figura de la acción colectiva, al contrario de Estados Unidos y otros países.

"No sé si el fallo de la Suprema Corte vaya a influir en la manera que Wal-Mart se conduce", dijo Toledo.

Al conocerse el estudio, la empresa lo descalificó al alegar que no era objetivo ni veraz. Además, la firma aseguró que sus "asociados" ganan salarios y prestaciones superiores a los pautados por las leyes mexicanas.

También afirmó que más de 11,600 trabajadoras fueron ascendidas de puesto en 2008, pese a que las encuestas mostraron que las mujeres son discriminadas en su ascenso frente a los hombres y reciben menos salario que ellos por igual trabajo.

La directora de Semillas recordó que muchas empresas internacionales, especialmente del ramo textil, han cortado la entrega de materias primas a firmas que violan los derechos laborales. "Con Wal-Mart se podría proceder de la misma manera", planteó.

En Estados Unidos, donde Wal-Mart opera unos 3,400 establecimientos y emplea a 1.6 millones de personas, enfrenta una demanda colectiva por discriminación de género, el mayor caso en la historia de esa nación.

Aunque Paulina ignoraba cuando entró a trabajar en Wal-Mart que preguntar por un posible embarazo era ilegal, se sintió vejada por esa y otras preguntas personales a las que debió contestar, al igual que al menos la mitad de las trabajadoras de la empresa, indica el estudio.

También ha sabido de mujeres que fueron despedidas, bajo el pretexto de problemas de seguridad, cuando se supo que esperaban un hijo.

Paulina también ha sufrido el ventajismo de los hombres a la hora de los ascensos. "Tengo un expediente perfecto, pero hace cuatro meses eligieron para supervisor a un colega, que ya ganaba más que yo como cajero". "Las mujeres somos mayoría, pero los hombres son los privilegiados", criticó.

Prodesc y Semillas han puesto en marcha programas de información en maquilas y en explotaciones mineras, para que las trabajadoras conozcan sus derechos y se disminuya la proporción de infracciones a sus derechos laborales.

La investigación sobre Wal-Mart descubrió también violaciones a los derechos de los 75,000 menores trabajadores, encargados de empacar los productos adquiridos por los clientes a cambio de propinas, conocidos en México como "cerillos".

Los abusos laborales de Wal-Mart en México(1)


Cuando Paulina tuvo su entrevista para trabajar en una de las tiendas de la cadena minorista estadounidense Wal-Mart en la capital de México, lo primero que le preguntaron fue si estaba embarazada, lo que entonces no sabía que era ilegal.
"Tuve que presentar un certificado de mi estado de salud para poder obtener el trabajo", relató Paulina en el estacionamiento de uno de los grandes almacenes de la transnacional, situado en el sur de la capital.

Paulina es el nombre ficticio de una cajera de 31 años, que sólo así aceptó contar su experiencia, temerosa de represalias si era vista hablando con un periodista.

El caso de Paulina es una muestra de la persistencia de prácticas discriminatorias que violan los derechos laborales de las mujeres en México, pese a que ellas representan ya 42 por ciento de la población económicamente activa de la segunda economía latinoamericana, que casi alcanza 46 millones de personas.

Valeria Scorza, directora del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), explicó que los sectores del trabajo doméstico, la maquila, la minería y la agricultura son los que presentan graves situaciones de atropello a los derechos laborales, en particular para las mujeres.

"En esos trabajos existen riesgos para la salud, exposición a tóxicos, no hay acceso a seguridad social", enumeró Scorza, cuya organización surgió en 2005 para promover el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales.

Datos oficiales indican que unos 14 millones de mujeres trabajan en actividades remuneradas en México. Según el oficial Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 94 por ciento de las que laboran en el sector agropecuario y 33 por ciento de las que lo hacen en la construcción carece del servicio de salud.

"En las labores agrícolas y maquiladoras, las grandes marcas se desentienden de la responsabilidad social en toda la cadena laboral", señaló a IPS Emilienne De León, directora ejecutiva de la no gubernamental Semillas, organización que impulsa los derechos de género en México.

Los empleadores actúan con impunidad, explicaron las expertas, porque conocen que la Secretaría (ministerio) del Trabajo cuenta con sólo 200 inspectores para monitorear el respeto a las leyes laborales en un país con una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados y dividido en 32 estados.

De acuerdo con Inmujeres, sólo 43 por ciento de las mujeres ocupadas en México cuentan con algún tipo de protección laboral y sólo 35 por ciento gozan del derecho a acceder a instituciones de salud y otros beneficios. El sector donde la mujer percibe en mayor proporción todas las prestaciones a las que legalmente tiene derecho por su trabajo, es el de los servicios, con una tasa de 27,6 por ciento.

En las maquilas, especialmente en las que operan en el norte de México cerca de la frontera con Estados Unidos, la situación es preocupante, denunció Beatriz Luján, dirigente del sindical Frente Auténtico del Trabajo, con unos 35,000 afiliados.

"En las maquilas no hay movilidad laboral. En algunas, los puestos de alto nivel están vedados para las mujeres. Además, el acoso sexual es muy general y la mayoría de las veces no se denuncia", declaró.

En los estados norteños trabajan más de 500.000 mujeres en maquilas de textiles y productos para la industria automotriz, como sillones y alfombras.

El término maquila fue rescatado precisamente en México del castellano medieval, para describir a las empresas que fabrican para marcas de otros países, a cambio de una porción del beneficio, sin que la producción llegue al mercado local y con exenciones impositivas para la materia prima importada.

Desde su surgimiento en los años 60, la maquila ha sido criticada por organismos internacionales y fuerzas sindicales de los países donde se instala, por ser un sistema que se presta a la explotación laboral gracias a los limbos legales de su funcionamiento.

La Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo prohíben la discriminación laboral por razones de edad, sexo, embarazo, religión, raza o color de piel, entre otros aspectos. Además, está prohibido el despido de mujeres encintas.

lunes, 18 de mayo de 2009

Poca ayuda legal en vivienda para discapacitados(3)


Quejas por viviendas
Representantes del Departamento para los Disabilitados en Los Angeles, un organismo encargado de manejar programas, pólizas y dar seguimiento a las leyes establecidas en el Acta para los Discapacitados Americanos (ADA), mencionaron que en el 2008 el organismo manejo cientos de llamadas y quejas por problemas de vivienda accessible. Algunos tuvieron que ver con desalojos, y otros con reacondicionamiento necesario para hacer las unidades accesibles.

El departmento ofrece consejería e informa sobre los mecanismos legales disponibles para solventar conflictos. Algunos organismos para la vivienda sin fines de lucro, DRLC, HACLA y Community Redevelopment Agency (CRA) son algunos de los centros que ayudan a dar seguimiento legal y público a los casos por falta de acceso a vivienda para los discapacitados.

Ralph Acuña, especialista en referencia e información del departamento, indicó que existen al menos cuatro centros especificos de colocación para la vivienda de personas con discapacidades en la ciudad. Ellos se encuentran ubicados en Venice, en el Este de Los Angeles, en Van Nuys, y en el centro de la ciudad.

“Las personas con necesidades de vivienda especial acuden a estos centros, y se les trata de conseguir lugares que ellos consideren propicios para sus necesidades, y que se encuentren relativamente cerca de donde estudian, trabajan o tienen sus enlaces sociales”, dijo Acuña.

Viviendas en propiedad

Denise Barnes, agente de bienes raices especialista en conseguir unidades y casas accesibles para discapacitados, dijo que es muy duro encontrar apartamentos construidos, o modificados de renta. Esto a pesar de agencias como HACLA, departamentos de vivienda de ciudades independientes y organismos sin fines de lucro existentes en la zona metropólitana son las mejores opciones para la obtención de apartamentos. Barnes opera el sitio de internet www.adahomematch.com.

“Es muy, muy difícil. Muchos lugares dicen que son accesibles, pero la realidad es que no lo son”, dijo Barnes.

Esto incluye a unas 3,600 unidades manejadas por el condado de Los Angeles como vivienda pública, tipo vivienda asequible, y a unas 21,000 unidades en propiedad privada, del tipo Sección 8.

El sitio www.adahomematch.com brinda información y ayuda a las personas con discapacidades interesadas en obtener préstamos y planes de financiamiento para comprar casas o apartamentos de costo módico, y construidos con aditamentos de acceso especiales.

Mientra tanto, Patricia Gómez planea seguir con sus estudios de español, y permanecer en el hotel hogar donde aún vive en Reseda. Dijo que los inquilinos allí suelen rentar por temporadas largas.

“Sí, ha sido una experiencia difícil. Nunca me imagine que un problema así me ocurriría a mi,” concluyó Gómez.

Poca ayuda legal en vivienda para discapacitados(2)


Poco y difícil acceso a vivienda Sección 8.
La Autoridad para la Vivienda de la ciudad de Los Angeles, o HACLA, asiste con planes de vivienda asequible y accesible, como de la conocida Sección 8. HACLA es propietaria de 825 unidades de vivienda asequible en 13 sitios donde opera la Sección 8. En la Sección 8, los inquilinos que califican pagan alrededor del 30% de sus ingresos en renta, mientras que el Departamento de Vivienda Urbana (HUD) federal se hace cargo del resto.

Para calificar a estas viviendas, personas solas deben de ganar un máximo de $15,980. Si son dos personas, ellas deben de ganar no más de $18,200 al año. Algunos de estos salarios son considerados como bajos, y de muy bajos ingresos por el HUD desde febrero del 2008.

HACLA también supervisa a más de 60 sitios de vivienda pública en Los Angeles. Entre ellos se encuentran complejos habitacionales grandes, esparcidos y para las personas jubiladas. El portal de HACLA en la internet menciona que el organismo asiste con vivienda a más de 6,500 familias de ingresos bajos. En total la agencia cuenta con unas 7,400 unidades en Los Angeles. Las viviendas van desde cuartos sencillos, hasta apartamentos y casas de cinco habitaciones.

Una gran cantidad de estas unidades no son accesibles, o no estan diseñadas para personas discapacitadas que usen sillas de ruedas, o scooters.

Además, la demanda por viviendas Sección 8 es tan alta, que agencias públicas locales con frecuencia desisten en recibir peticiones por falta de disponibilidad de casas o departamentos.

Privados en la Sección 8
Apartamentos asequibles y accesibles también se obtienen de propiedades privadas que han recibido dinero federal y/o de municipios locales para su construcción, modificación o reconstrucción. Leyes federales y municipales indican que es una obligación de los dueños y corporaciones ofrecer al menos un 5% y hasta 10% de las unidades, o una porción cercana a ella, como vivienda asequible o accesible de un edificio, propiedad, complejo o multicomplejo que recibe dinero federal o local.

Por lo regular, la vivienda Sección 8 se establece cuando dueños privados establecen contratos con HACLA para proveer vivienda con rentas “rasonables” a individuos de bajos ingresos. Inspectores de HACLA checan las viviendas, y hacen recomendaciones, o dan el visto bueno para que las habitaciones sean puestas en el mercado.

El HUD envía pagos a los dueños de las unidades como subsidio a la vivienda asequible en forma de vouchers, o pagarés.

Existen complejos habitacionales que son 100% catalogados como vivienda asequible, aunque no son de propiedad pública. En estos, grandes porciones de la construcción o remodelación han sido respaldadas por fondos federales o municipales. A veces hasta 35 millones de dólares van a respaldar reconstrucciones totales de cientos de apartamentos, como el caso de un edificio antaño que dará cabida a unas 135 unidades en Chinatown. Aqui todas las unidades serán asequibles, o en su caso accesibles.

Muchos complejos habitacionales privados operan bajo este modelo de vivienda en la región. La regla del 5% y hasta 10%, o unidades cercanas a estos porcentajes solo aplican a las construcciones que reciben fondos públicos, y suelen variar entre ciudades y regiones. Estas regulaciones tienden a ser de por vida, a menos que los fondos públicos sean pagados de regreso de acuerdo a los contratos pre-establecidos.

A pesar de recibir estos fondos, muchos gerentes y corporaciones muy agresivas han puesto trabas a discapacitados en épocas recientes para hacer difícil el acceso a este tipo de viviendas.

Poca ayuda legal en vivienda para discapacitados(1)


Por Alfredo Santana

La vivienda de Patricia Gómez se vio inundada de agua cuando una camioneta Ford SUV dañó una tubería de su apartamento rentado de Sylmar. La gerencia del complejo habitacional donde vivió Gómez, trató de reparar el desperfecto. Al poco tiempo, Gómez tuvo que evacuar el sitio, ya que el agua volvió a anegarlo.

Ella encontró un apartamento de vivienda asequible, tipo hotel en Reseda, cerca del campus de CSUN. Esto sucedió mientras se efectuaban las composturas de la maltrecha tubería. Meses después, en abril 2009, las fallas en su vivienda no habían cambiado. Gómez, quien vive con una discapacidad que le impide caminar, no había considerado consular a un experto legal para obtener consejería sobre su situación de vivienda.

Gómez es estudiante de tiempo complete en el colegio comunitario Mission, y piensa graduarse con un diploma en artes en español. También es madre de una hija de siete años.

“Repararon una vez la tubería. Pero no quedo bien, y al poco tiempo empezó a minarse el agua de nuevo”, dijo Gómez, quien se mueve en una silla manual negra. “Por eso tuve que mudarme. Si vuelvo, solo será hasta que las composturas queden bien arregladas, y no se vuelva a inundar mi apartamento. Para una persona discapacitada es bien dificil tener que mudarse por estos problemas.”

Gómez es una de miles de personas con discapacidades en Los Angeles y sus alrededores que sufren problemas de vivienda accesible, y experimentan situaciones fuera de su control estando establecidas en su hogar, o al buscar hogar. Estos casos las imposibilitan a seguir viviendo en sus hogares regulares.

A veces tienen que lidiar con daños causados por terceros, no tienen fácil acceso a apartamentos cerca de las puertas en edificios multihabitacionales, o no encuentran viviendas disponibles con puertas y caminos de acceso y egreso, o construidas para dar estancia a personas con sillas de ruedas o scooters.

A pesar de estar pagando unos $700 en renta, Gómez indicó que la gerencia de su apartamento regular le prometio iba a componer permanentemente el desperfecto de las tuberías.

Referencia legal
Lani Woltmann, directora del programa pro-bono del Centro Legal para los Derechos de los Disabilitados, (DRLC), mencionó que este organismo refiere a individuos con problemas legales a abogados particulares para que manejen casos relacionados con la vivienda, como el de Gómez. Por lo regular, DRLC solo maneja casos de varias personas que se ven afectadas por un mismo problema, o class actions lawsuits.

Uno de estos casos se refiere al Hotel Alexandria. Este hotel, ubicado en el 501 S. Spring St., en el centro de Los Angeles, fue el centro de una batalla legal donde DRLC obtuvo un fallo a favor para que no desalojaran a más de 100 personas discapacitadas y jubiladas debido a planes de renovación para hacer departamentos y condominios de renta elevada, o gentrification.

El fallo del juez Margaret M. Morrow se dio en mayo del 2008. Todos los inquilinos eran pobres.

Ruben Islas y sus socios, dueños y renovadores del edificio Alexandria, fueron acusados de poner trabas de acceso al hotel, cortar la luz y cerrar suministros de agua para que los residentes evacuaran sus viviendas. Además, ellos estaban recibiendo fondos de la ciudad para asegurar vivendas disponibles y especiales para personas pobres y con discapacidades. Islas y sus socios compraron el edificio en el 2006.

“Ciertamente, nosotros estamos muy interesados en saber de casos grupales donde los derechos de los inquilinos discapacitados hayan sido violados”, dijo Woltmann. “Sin embargo, aún no sabemos de muchos de este tipo de casos”.

Woltmann indicó que ultimamente DRLC se ha enfocado en casos criminales donde personas con discapacidades son encarceladas, y maltratadas por los policías y carceleros al no saber como tratar sus discapacidades, como a los paraplégicos, y a individuos con problemas cognitivos. Woltmann dijo que demandas por violaciones a los derechos civiles de los presos han sido procesadas, ya que ni sus sillas de ruedas son permitidas en sus celdas.

viernes, 1 de mayo de 2009

Virus gripal surgió en poblado de Veracruz, México


El virus gripal A/H1N1, que ha causado 1070 infecciones y matado a cuando menos 42 personas en México, primero surgió en el municipio de Perote, en el estado de Veracruz, a unos 800 kilometros de la ciudad de México.

La empresa estadounidense de biovigilancia Veratect presume de haber identificado el 30 de marzo los primeros brotes del nuevo virus. En su sitio web, la empresa fundada en 2007 y con sede en el noroccidental estado de Washington, sostiene que avisó desde el 6 de abril de estos casos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y a la Federación Internacional de la Cruz Roja.

La industria porcina de las Granjas Carroll, cuya propiedad en un 50% pertenece a la corporacion estadounidense Smithfields, se encuentra en Perote. Smithfields es el mayor productor de carne de cerdo en el planeta.

La Secretaría (ministerio) de Salud de México confirmó el miércoles que el primer caso de la influenza porcina se registró en esa comunidad, aunque la primera víctima mortal, el 12 de abril, fue una empleada de la oficina nacional de impuestos del sureño estado de Oaxaca.

Investigadores y activistas acusan a la industria porcina de sostener instalaciones superpobladas y de escasa higiene, y de contaminar el suelo y el agua de las zonas donde está instalada.

La activista Silvia Ribeiro, portavoz en América Latina del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, con sede en Canadá, cree que esta situación sanitaria obedece al sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales, y se repetirá mientras existan instalaciones agropecuarias que son criaderos de enfermedades como la influenza porcina.

Las empresas rechazaron estos señalamientos. Alejandro Ramírez, director adjunto de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, negó que la cría de cerdos fuera la causa de la epidemia y estimó en 80 por ciento la caída del consumo en este país. Los mexicanos consumen unos 13 kilogramos anuales de carne de cerdo por persona.

"Es una situación crítica y buscamos soluciones. Queremos determinar qué hacer con la carne detenida", dijo Ramírez

Tras una visita al establecimiento de Perote el 30 de junio de 2007, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, determinó que Granjas Carroll incurrió en irregularidades en materia de riesgos ambientales, residuos peligrosos, aire, agua, suelo y subsuelo.

La Procuraduría estableció un plazo hasta el 30 de junio de este año para que Granjas Carroll corrigiera esas fallas y obtuviera el certificado oficial de empresa limpia.

Unos 6,000 porcicultores producen más de un millón de toneladas de carne por mes, con una cabaña de 14 millones de animales, entre ellos 900,000 hembras en producción. La densidad es de 500 vientres por granja.

El virus A/N1H1 contiene material genético de influencia humana, porcina y aviar.

Respaldados por la OMS, los productores mexicanos quieren que la infección cambie de nombre, de fiebre porcina a fiebre norteamericana, para evitar la satanización de este alimento.

Ante el umbral de la sospecha, vecinos centroamericanos, Ecuador y China vetaron el ingreso de cerdo mexicano a sus territorios. Y Egipto optó por exterminar a las 300,000 cabezas de su cabaña porcina.

El Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, o CDC, informó que el virus H1N1 ha causado 86 muertes más de las reportadas por la secretaría de salud en México. Esto elevaría el gran total de fallecimientos a 128. La mayor parte de las actividades sociales, gubernalmentales y educativas se restablecieron en México a partir del miércoles 6 de mayo, tras cinco dias de paro ordenadas por el gobierno de Felipe Calderón.