sábado, 14 de septiembre de 2013

Yasuní enfrenta a ciudadanía y gobierno de Ecuador(1)


La decisión del gobierno de Ecuador de iniciar los pasos para explotar parte del petróleo de una de las zonas más biodiversas del planeta, el Parque Nacional Yasuní, desencadenó alarma general entre ambientalistas e indígenas, que demandan realizar un referendo al respecto.

El president Rafael Correa ordenó archivar el 15 de agosto la Iniciativa Yasuní-ITT, destinada a dejar en el subsuelo la riqueza hidrocarburífera del parque amazónico a cambio de una compensación económica internacional, por la falta de aportes al fideicomiso abierto con ese fin.
La decisión da luz verde a la empresa estatal Petroamazonas para que comience operaciones exploratorias en el parque, según el decreto que pone fin a la iniciativa.
Los opositores a la explotación alertan de la afectación que sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane) si se concreta la incursión petrolera en el área protegida más grande del Ecuador, con 982,000 hectáreas.
Por ello, el 22 de agosto, la Confederacion de Nacionalidades Indigenas (Conaie), (Conaie), la Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), y la Confederación de Estudiantes Universitarios y Acción Ecológica, entre otras organizaciones, presentaron ante la Corte Constitucional su propuesta de referendo que, para ser aceptada, requiere el respaldo de 584,116 firmas, cinco por ciento del padrón electoral.
La pregunta que se plantearía a la ciudadanía es “¿Está usted de acuerdo que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?”
Correa instó a la ciudadanía a recoger las firmas y dijo tener la seguridad de que su propuesta de extraer el crudo del Yasuní, con el propósito de incrementar la obra pública con esos fondos, resultaría vencedora.
El gobierno asegura que solo se intervendrá una extensión de menos de uno por mil de Yasuní, situado en el norte del país, y que no incidirá en la vida de los pueblos aislados, ya que los campos que se explotarían (Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ITT) están alejados de la llamada zona intangible, donde habitan esas nacionalidades.
José Lema, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos del Ecuador, dijo que es posible que la extracción se produzca como lo plantea el gobierno.
Como antecedente, citó los trabajos que Petroamazonas realiza en el campo Pañacocha, ubicado en otra norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por sus buenas prácticas ambientales.
“Petroamazonas viene desarrollando trabajos similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se realiza el oleoducto solamente” afirmó.
El experto considera que lo primero que se debe realizar es una nueva evaluación de la zona para rediseñar el plan de explotación.
“Puede cambiar, porque la metodología que se uso en un principio (1993) fue una sísmica 2D”, que “determinó un nivel de reservas de 920 millones de barriles” de crudo, analizó.
“Pero cuando se tenga una información más a detalle, con una valoración volumétrica, se conocerá un volumen más real y, con toda seguridad, será mayor a lo identificado”, adelantó.
"No sorprende" que países ricos no hayan cumplido su parte en esta iniciativa, dijo la analista de política internacional de Amigos de la Tierra, Karen Orenstein. "No se precisa más que mirar las arcas casi vacías del Fondo Verde para el Clima para notar que los Estados industriales no cumplen lo que prometen cuando se trata de dinero para que las naciones en desarrollo hagan frente a la crisis climática que ellos crearon", añadió.

"Esto es especialmente cierto para Estados Unidos, históricamente el principal contaminador del clima, pero miserable cuando se trata de finanzas climáticas internacionales", dijo Orenstein.

Las potencias industriales aceptaron dotar  100,000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a los países pobres a mitigar y adaptarse al cambio climático.


Lea Yasuní, Parte 2. 



Yasuní enfrenta a ciudadanía y gobierno de Ecuador(2)




Yasuní, Parte 2.
El Fondo estableció ya una secretaría en Corea del Sur y entraría en operaciones a fines de 2014, pero la recaudación de recursos va extremadamente lenta y la mayoría de los aportes se han gastado en la puesta a punto de la iniciativa. 

Aun así, algunos mantienen la esperanza de que se concreten aportes significativos a fines de año, durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Más allá de los cuestionables aspectos financieros, "extraer crudo del Yasuní será una bofetada a los movimientos sociales y ecologistas de Ecuador y del mundo que promovieron la iniciativa", agregó Orenstein.
Para Lema, lo principal será la adecuación de las plataformas que ya existen en el parque y la manera de introducir los equipos para la instalación. Luego vendrá la perforación de los pozos y la construcción de la tubería.
“Hay que considerar que todo proyecto tiene una alteración, el objetivo es reducirla al máximo con el uso de la mejor tecnología”, dijo.
Wilson Pástor, exministro de Recursos no Renovables del gobierno izquierdista moderado de Correa, en el poder desde 2007, cree que la alarma es infundada porque ya existe explotación de crudo en el parque.
“El bloque 31 fue explorado por (la compañía brasileña) Petrobras, hoy es de Petroamazonas y está dentro del parque”, comentó.
Además, en Pañacocha se producen unos 18,000 barriles diarios, pero el crudo no se procesa ni se toca dentro del área, recordó.
“Igual se va a hacer con el ITT, primero porque ya hay siete plataformas realizadas”, y se perforarán pozos por racimos. “Antes se hacía un pozo por plataforma, ahora se hace 25 pozos en cada lugar, de manera que no se ocupa más espacio”, argumentó.
Lo más contaminante son las instalaciones de tratamiento y separación del agua, el gas y del petróleo, lo que implicaría “prácticamente hacer una refinería y esa refinería no se va a hacer en el ITT”, por lo que “la afectación total de la intervención será de 190 hectáreas”, aseveró.
Tampoco se va a generar electricidad en el campo y el oleoducto pasará “totalmente” al margen del parque, en un sendero de tres metros de ancho con material biodegradable para enterrar la tubería.
El exministro asegura que la explotación tendrá un beneficio adicional para el parque. “Hoy el Yasuní no tiene instituciones fuertes que controlen el acceso al parque, pero si Petroamazonas entra habrá recursos para protegerlo”.
El gobierno prevé que el campo Tiputini produzca sus primeros barriles en dos años, Tambococha, 12 meses después e Ishpingo otro año más tarde.
Pero a los colectivos sociales no compran los argumentos de Correa y su gobierno.
María Paula Romo, exconstituyente del partido Ruptura 25, aseguró que el gobierno dejó de lado el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde vivan pueblos aislados.
Ese artículo indica que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”.
Y añade que “la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.
Por eso, dijo Romo, “antes de hablar de las especificaciones de los pozos, lo primero es preguntarse cómo se va a justificar frente a la Constitución entrar en un territorio vedado”.
El ministro de Justicia, Lenín Lara, aseguró que no existen pueblos aislados en los campos donde se pretende extraer el crudo, pero ambientalistas y antropólogos lo desmintieron.
“Los taromenanes están siendo cercados por todas partes y, aunque los trabajos se hagan con la mejor tecnología, van a generar presión en esos pueblos”, diojo el periodista y cineasta Carlos Andrés Vera.
Correa decidió archivar su Iniciativa ITT porque de los 3,600 millones de dólares previstos desde su apertura en 2007 se recolectaron apenas 13,3 millones de empresas, personas y países en un fideicomiso administrado por la Organización de las Naciones Unidas.


miércoles, 4 de septiembre de 2013

Dicen latinoamérica va por mayor equidad (1)


Los programas de transferencia de ingresos, que ya existen con diversas modalidades en muchos países latinoamericanos, resultan un arma más efectiva contra la pobreza y la desigualdad social que el crecimiento económico por sí solo, aseguran en su estudio dos economistas argentinos.
Con distintos nombres y alcance, estos planes sociales se implementaban en 2010 en 18 países, abarcando entonces a 19 por ciento de los alrededor de 600 millones de habitantes de la región, logrando “una disminución sustancial de la pobreza extrema y una notable caída de la desigualdad”, según el trabajo publicado por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de la estatal Universidad Nacional de La Plata en Argentina.
América Latina continúa siendo la región del mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres.
Elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, el informe “Políticas sociales para la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe”,  hace un recuento de las modalidades regionales de transferencia de ingresos a los más pobres y recomienda ampliar estos programas para erradicar la indigencia.
Gasparini y Cruces, director y subdirector del Cedlas respectivamente, consideran que los programas no contributivos “fueron la principal innovación” de las políticas sociales en la última década en la región.
“Las transferencias monetarias son instrumentos muy útiles como parte de una estrategia global de reducción de la pobreza y las desigualdades”, dijo Gasparini. “Son relativamente fáciles de implementar, administrar y monitorear, y tienen un impacto directo sobre el nivel de vida de los beneficiarios”.
Gasparini también destacó las ventajas de los condicionamientos de estos planes para “incentivar ciertos comportamientos, como una mayor asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la escuela o a controles más frecuentes de salud”. Si bien “no son la solución a problemas distributivos profundos, su relevancia no debería minimizarse”, agregó.
Según el estudio publicado en marzo, aun en un escenario de crecimiento económico sostenido, programas como Asignación Universal por Hijo, en Argentina, y Beca Familia, en Brasil, “tienen un papel fundamental para lograr mejoras distributivas”.
“La región no puede depender solo del crecimiento económico, incluso si se da con pleno empleo, pues hace falta la protección social”, dice el estudio.
Con matices, los diversos planes apuntan a transferir mensualmente recursos monetarios del Estado a familias pobres o a retirados que se desempeñaron en la economía informal y, por tanto, carecen de pensiones. Entre los pobres, la mayoría exigen a cambio la asistencia a la escuela y controles sanitarios a los menores de 18 años.
El Bono de Desarrollo Humano, de Ecuador, es el que tiene mayor alcance, ya que llega a 44 por ciento de la población total de ese país. Pero Beca Familia es el más grande en términos absolutos, pues protege a 52 millones de los 198 millones de habitantes de Brasil.
A ellos se agregan Oportunidades, de México, Bono Juancito Pinto, de Bolivia, Chile Solidario, Familias en Acción, de Colombia, Avancemos, de Costa Rica, Red Solidaria, de El Salvador, Mi Familia Progresa, de Guatemala, Programa de Asignación Familiar, de Honduras, Red Oportunidades, de Panamá, Tekoporâ/ProPaís II, de Paraguay, Juntos, de Perú, Solidaridad, de República Dominicana, Plan Equidad y Asignaciones Familiares, de Uruguay, y similares en Nicaragua y Venezuela.
El plan que parece tener peores resultados es Oportunidades, por el avance de la pobreza en México, que afectaba hasta fines del año pasado a 53,3 millones de sus 118 millones de habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  Ante ello, el gobierno revisa sus reglas de operación.

“La debilidad de origen es la concepción de que el problema de la pobreza es de falta de capacidades de la población y que lo que hay que apoyar y financiar es su aumento”, criticó Clara Jusidman, presidenta honoraria de la organización no gubernamental Incide Social.
Lea Equidad, parte 2.



Dicen latinoamérica va por mayor equidad(2)

Equidad, parte 2.
“Es típicamente un programa que ve el problema del lado de la oferta, y los que tienen deficiencias para insertarse en el mercado laboral y en el curso del desarrollo son las personas”.
Oportunidades, creado a fines de los años 90 y que adoptó su formato actual en 2002, cuenta en 2013 con un presupuesto superior a los 5,000 millones de dólares y aspirar a cubrir a 5.8 millones de familias. El beneficio está condicionado a que niños, niñas y adolescentes permanezcan en la escuela y asistan a centros de salud.
Para Jusidman, “el plan produjo violaciones de derechos y exclusión de personas y también hay paternalismo estatal, pues se convierte a los beneficiarios en subordinados a la espera de ver qué dicen los gobiernos y los funcionarios”.
Gasparini y Cruces recuerdan que en los años 90, paradójicamente, el crecimiento económico en la región estuvo asociado a una mayor desigualdad. En cambio, desde fines de esa década y más decididamente a partir del pasado decenio, los planes de transferencia de ingresos contribuyeron a un avance acelerado de la reducción de la pobreza y muy especialmente de la indigencia.
Así, quienes vivían con menos de 2.5 dólares por día sumaban 27.8 por ciento de la población latinoamericana en 1992, se redujeron a 24.9 por ciento en 2003, a 16.3 por ciento en 2009 y a 14.2 por ciento en 2010, señala el estudio. Por eso recomienda ampliar la cobertura para potenciar el impacto en un plazo más corto.
“En varios países la base (de población beneficiada) todavía es muy chica y en otros el monto es exiguo. Hay margen para ampliar esos programas”, comentó Gasparini. No obstante, consideró innecesario pensar en programas universales. “No tiene sentido abarcar a la población no vulnerable”, apuntó.
El estudio observa que, con un crecimiento más lento, la lucha contra la pobreza será un proceso más largo. Por ejemplo, si se crece a un promedio de 2 por ciento anual por persona, 5.5 por ciento de la población viviría en la indigencia en 2025, mientras que, si la expansión es de 4 por ciento, casi 3 por ciento permanecería en esa situación extrema para ese mismo año.
En cambio, con un “esfuerzo fiscal adicional de 0.5 por ciento” del producto interno bruto (PIB) para estos programas sociales, la región lograría la misma reducción de la pobreza extrema 10 años antes, en 2015.
En base a datos de 2010 de la Comisión Economica para América Latina y el Caribe,  la región gastaba en promedio 0.4 por ciento del PIB en las transferencias. Los autores estiman que algunos países podrían incrementar ese esfuerzo, según las recomendaciones, y otros tendrían que tomar créditos externos.
Los países que requieren mayores transferencias son aquellos que mantienen un alto porcentaje de la población en la informalidad y, por lo tanto, sin cobertura de salud ni previsional. En esa situación se encuentran Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Ecuador, detallan. Allí la protección social es insuficiente.
“Bolivia, Nicaragua y Guatemala son los que requieren ayuda externa para programas que cubran a toda su población en la pobreza extrema”, precisó Gasparini. El resto tienen los recursos para financiar estos programas y aún ampliarlos, afirmó.
El director del Cedlas reconoció que el gasto promedio actual parece relativamente menor en comparación con otros subsidios económicos que benefician a las clases media y alta y consideró que, si bien existe cierta crítica a estos programas, “el apoyo social es amplio en la mayoría de los países y son muy pocos los candidatos (a cargos electivos) en la región que proponen abiertamente eliminarlos”.
Gasparini también remarcó que el apoyo a estos programas, empero, “no implica desconocer que pueden tener aspectos indeseados, como el de ralentizar el proceso de formalización de la economía u otros vinculados a la oferta laboral, sobre los cuales es necesario trabajar más seriamente”.