miércoles, 30 de noviembre de 2011

Feminicidio se incorpora a códigos penales (1)


Con 18 años, la argentina Vanina Alderete es una sobreviviente de la expresión más salvaje de la violencia machista. Cuando tenía 11, su padre asesinó a su madre y a sus dos hermanos y la dejó a ella gravemente herida.

Cinco veces había acudido su madre a la policía para denunciar las agresiones y amenazas del marido. "Ellos decían que no estaban para prevenir sino para reprimir, y le sugerían que no nos metiera a los niños en problemas de pareja", contó la joven.

Ahora Alderete, que vive en la nororiental provincia de Salta, ganó un juicio al Estado que deberá pagarle una indemnización de casi 250,000 dólares por haber faltado a su deber de protegerla de la tragedia.

El gobierno provincial adelantó que apelará la sentencia. "Todo lo que pregonan sobre los derechos de la infancia y la mujer queda en la nada con la apelación", criticó su abogado, Oscar Juárez.

La de Alderete es una expresión dramática de feminicidio, como se denomina a los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de tales. El padre, condenado a cadena perpetua, dejó a la joven sin familia.

Con un cuchillo de cocina el agresor mató a su esposa y a sus hijos de ocho y cinco años, y creyó haber asesinado también a la mayor, pero la niña logró huir. Estuvo tres meses hospitalizada con graves heridas y ahora vive con un abuelo.

El triple asesinato ejemplifica contra lo que se lucha en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que el viernes 25 abrió16 jornadas de actividades a nivel mundial para concienciar sobre lo que activistas califican como "un genocidio silencioso", que victimiza a la mitad de la humanidad.

Justamente, para dar visibilidad a estos casos de violencia brutal y forzar políticas que pongan fin a la agresión sistemática de la mujer, en los últimos cinco años la figura del feminicidio está siendo incorporada al código penal de países latinoamericanos.

Pero juristas expertas en derechos de género, convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), se manifestaron, en general, escépticas sobre la eficacia de la figura.

Mucho mejor que incorporar una nuevo tipo penal difícil de probar, las especialistas se inclinan por exigir un registro oficial de estas muertes y recomiendan mejorar la respuesta del Estado ante las denuncias de mujeres atacadas.

"Yo quisiera restarle neutralidad a la ley penal, pero el tema es cómo hacerlo porque en cinco países de la región donde existe el feminicidio la figura conduce más a la impunidad que a la sanción", dijo la abogada Susana Chiarotti.

Chiarotti integra el consejo consultivo de Cladem y el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El tratado, conocido como Convención de Belém do Pará, obliga a los Estados americanos a actuar "con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer". Pero el compromiso se incumple en casos como el de Alderete.

"Es vergonzoso que el Estado en lugar de reparar, apele el fallo", sostuvo la argentina Chiarotti.

El feminicidio fue incorporado a la legislación de Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador y México. "Para algunos estados este es el camino fácil, crear una nueva figura, pero el derecho penal aparece cuando la mujer ya murió", alertó.

A su juicio, sería mejor avanzar en la prevención, mejorando la participación del Estado desde el momento en que la mujer hace la denuncia inicial. Pero no todas las juristas están convencidas de renunciar a tener el nuevo delito en la ley.

Feminicidio se incorpora a códigos penales(2)


En la discusión convocada por Cladem en Buenos Aires y publicada en octubre con el título "Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio", algunas sostenían que la figura puede ayudar a crear conciencia entre los jueces.

Los funcionarios aún hoy consideran que los celos pueden ser un atenuante en estos casos, y se siguen utilizando conceptos como el de "crimen pasional", la "provocación" de la mujer o la "emoción violenta" para justificar la barbarie, recordaron.

No obstante, la mayoría de las expertas descree de esta vía. La viceministra de la Mujer de Perú, Rocío Villanueva, analizó en el debate la experiencia de su país, donde no existe el feminicidio pero se trabaja con eficacia para prevenirlo.

Perú creó un observatorio dependiente del Ministerio Público que registra cada año los homicidios por violencia sexista y detalla el proceso previo de denuncias de la víctima para identificar las fallas del Estado en la prevención.

Algunas expertas, por ejemplo, propusieron medidas alternativas como la de arrestar al agresor por desacato, si incumple la orden de exclusión del hogar dictada por la justicia luego de un primer ataque.

En cambio, entre los países que incorporaron el feminicidio, los resultados no son alentadores. Uno de los pioneros fue Guatemala donde organismos internacionales alertan de una epidemia de asesinatos por desigualdad de género.

De 2000 a 2010 más de 5,200 mujeres fueron asesinadas en ese país, según la policía. No obstante, desde que en 2008 se incorporó el feminicidio, el crimen persiste y la figura no parece efectiva ni para prevenir ni para sancionar.

"La mayoría de los agresores en Guatemala son condenados por homicidio agravado, porque es difícil probar el feminicidio que exige mostrar las relaciones desiguales de poder, la misoginia, o el odio de género", advirtió Chiarotti.

Familiares de las víctimas saben de estas dificultades. En julio, Cristina Siekavizza, una administradora de empresas, desapareció de su casa.

Un mes después, su esposo, Roberto Barreda, huyó con los dos hijos de ambos y se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Una empleada del hogar familiar atestiguó entonces que el hombre había golpeado a la mujer hasta matarla.

"La justicia de este país se mueve lenta cuando se mueve", dijo Juan Siekavizza, padre de la mujer presuntamente asesinada cuyo cuerpo aún no apareció. "Llevamos meses y seguimos igual", se quejó el hombre.

La madre de Barreda, Beatriz de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ahora presa por obstrucción de la justicia, por haber movido sus influencias para impedir la captura de su hijo y la ubicación de los nietos, en otro ejemplo de actuación del Estado contra las víctimas de delitos sexistas.

Siekavizza reconoció que Guatemala cuenta con una ley progresista que condena el feminicidio "pero que se aplique es otra cosa", ironizó.

¿Cómo se explica que, pese a las leyes contra la violencia en todos los países siga habiendo tantos hombres que golpean a las mujeres hasta desfigurarlas y las ultimen con cuchillos, armas de fuego, con sus propias manos o quemándolas con alcohol?

La argentina Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, intentó dar una respuesta. "Las leyes, en las que se avanzó mucho en América Latina, no son la respuesta a los problemas".

"Está claro que los estados no son indiferentes a esta forma extrema de violencia y que hay una condena bastante homogénea en la región, pero hay deudas pendientes que no pasan por el plano normativo", remarcó.

Gherardi mencionó la necesidad de contar con estadísticas sobre violencia. Hoy, salvo contados países, la mayoría de los registros de feminicidios están bajo responsabilidad de organizaciones de mujeres que recogen los casos que se publican en diarios.

"Una mejor información nos permitiría mejores políticas", concluyó.

También señaló que hay una segunda deuda del Estado con las mujeres que es el de garantizarles el acceso a la justicia. "La ley penal no es para prevenir; el derecho tiene que dar otras respuestas para que las muertes no sigan ocurriendo", advirtió.

lunes, 28 de noviembre de 2011

viernes, 25 de noviembre de 2011

Al estado azteca no le importan muertes de mujeres(1)


La situación de asesinatos de mujeres en la mexicana Ciudad Juárez no ha cambiado y el problema persiste, desde que en 2003 la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió diversas recomendaciones para investigar estos feminicidios, advierte el fiscal español Carlos Castresana.

En una entrevista durante una visita a México, el abogado penalista con destacada actuación en América Latina sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo.

"Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando", afirma.

Castresana lamenta que la impunidad prevalezca en México, después que en 2003 formó parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados.

El especialista, quien vino al país para participar en un seminario sobre justicia y género, asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.

Entre 2007 y 2010, Castresana dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo mandato de la ONU.

Hace ocho años el gobierno mexicano solicitó a la ONUDD que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.

Entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.

Tras la investigación los expertos realizaron un informe que, según el especialista en derechos humanos, reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. "Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal", critica.

Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque "si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal", apunta Castresana.

Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.

Como resultado, en julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el norteño y fronterizo estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como "de alto riesgo" para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.

En mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estadales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.

Tan solo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas en el estado, según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, pero el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones entre 2005 y ese año, cinco veces por año.

Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Al estado azteca no le importan muertes de mujeres(2)


Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.

Como resultado, en julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el norteño y fronterizo estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como "de alto riesgo" para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.

En mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estadales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.

Tan solo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas en el estado, según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, pero el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones entre 2005 y ese año, cinco veces por año.

Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

El fiscal recuerda: "En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)".

Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas.

En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la CorIDH, por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.

"Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados", abunda Castresana.

De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.

El fiscal advierte: "Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente".

"Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero", abunda.

El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.

"Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de derechos humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los derechos humanos importen".

Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: "No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas".

Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros países.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Estrategias en Ciudad Juárez para evitar violencia(1))


Convocada por la Fundación Heinrich Böll, la periodista italiana María Ficara participa en un intercambio de experiencias con organizaciones de México, al igual que lo hace con Argentina, El Salvador y Guatemala, sobre acciones ciudadanas para la prevención de la violencia y la inseguridad.

La preocupación central de las comunidades mexicanas es cómo organizarse para afrontar la violencia derivada de la guerra contra los narcotraficantes y cómo contrarrestar los incentivos sociales y económicos que estos ofrecen, especialmente a los jóvenes.

"Hay que invertir en procesos de organización social y fortalecer los proyectos micro en los barrios", dijo Imelda Marrufo, fundadora y coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

"Hemos copiado experiencias ciudadanas para hacer de Ciudad Juárez un lugar mejor", dijo, tras participar en México de un encuentro internacional para analizar el tema.

Ese colectivo, surgido a comienzos de los años 90 y que aglutina a 10 organizaciones, ha documentado casos de violencia contra las mujeres y otras violaciones a los derechos humanos en la zona de Juárez, considerada una de las más violentas del mundo.

El gobierno puso en marcha desde 2010 el proyecto "Todos somos Juárez", que incluye políticas de seguridad, salud, educación y desarrollo social, para disminuir los índices de violencia. Pero las organizaciones de la sociedad civil aseguran que esa iniciativa oficial no funciona.

Luego de asumir la Presidencia de México en diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón apeló a las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, campaña que dejó hasta ahora más de 50,000 asesinatos, según recuentos periodísticos, la mayoría de los cuales no están sujetos a investigación penal. Oficialmente se admiten 45,000 muertes, pero relacionadas con la guerra entre mafias.

De Europa a América
En 2006, la periodista Ficara convocó a estudiantes de 14 y 15 años para que aportaran relatos ficticios para un libro, con el objetivo de romper el silencio alrededor de la organización mafiosa N’drangheta, de la sureña región italiana de Calabria y una de las más poderosas de Europa.

"Los relatos nos dieron su percepción del grupo mafioso, y fue un éxito", dijo la reportera italiana, responsable de relaciones exteriores del Museo della N’drangheta, situado en la ciudad de Regio de Calabria.

El resultado fue la publicación "A mani libere" (Manos libres), editado por Ficara, basado en un proyecto piloto desarrollado en tres escuelas para fomentar la cultura de paz, la memoria y el reconocimiento a las víctimas de la violencia en la zona.

La N’drangheta tiene presencia en 30 países y es la organización que domina el tráfico de cocaína, negocio para el cual se ha aliado con el poderoso cartel mexicano de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán y uno de los siete grupos que se disputan el comercio de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

"Hay que construir una ética ciudadana, que contagie a los jóvenes, a la sociedad, para deslegitimar la guerra y la violencia y enaltecer el valor de la vida", señaló Teresa Bernal, presidenta de la colombiana Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) y presente también en el foro internacional.

"Es necesario construir redes y alianzas y combinarlo con propuestas alternativas", sugirió.

Estrategias en Ciudad Juárez para evitar violencia(2))


Desde los años 90, Bernal y la Red han sido partícipes en los procesos de paz impulsados en esa nación sudamericana y han propugnado por una solución negociada del conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad del Estado y las guerrillas izquierdistas.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado en marzo, busca dar visibilidad a las víctimas de la violencia en México y reclama una ley de Víctimas, similar a la aprobada por el parlamento colombiano en junio para restituir los derechos de los afectados y devolverles las tierras despojadas o abandonadas.

El camino comunitario
En algunos sitios en México, la comunidad ha buscado formas de responder a la violencia local. En el municipio de Cherán, en el sudoccidental estado de Michoacán, los pobladores instrumentaron rondas de vigilancia para controlar a miembros de bandas narcotraficantes y de taladores ilegales de árboles.

En 10 municipios del sureño estado de Guerrero funciona la denominada Policía Comunitaria, encargada de la seguridad en esa zona.

El Museo "es replicable en sitios como México, porque es el mismo modelo: recuperar la memoria y dar valor a los testimonios. Hay que desmitificar la violencia y deconstruir su cultura", planteó Ficara.

Esa institución funciona en un inmueble decomisado a la N’drangheta y ya lo han visitado miles de personas, especialmente estudiantes, con entrada gratuita.

La experiencia del primer volumen editado por Ficara impulsó la elaboración de un segundo con alrededor de 120 biografías de personas asesinadas por la mafia y en la cual participaron 120 estudiantes de 16 y 17 años de escuelas de la zona.

Ficara trabajó en los años 90 en la revista mensual antimafia I Sicialini, cuyo fundador Giuseppe Fava fue asesinado en 1984 por la organización siciliana Cosa Nostra.

I Sicialini publicó en 1993 un informe en le que se señalaban los presuntos vínculos mafiosos de un político por entonces emergente llamado Silvio Berlusconi, quien el sábado 12 renunció al cargo de primer ministro tras más de 15 años en los primeros planos de la política italiana.

"Hemos podido indagar y denunciar. Es falso que todos los asesinados por el narcotráfico hayan tenido nexos con el crimen. En el caso de las víctimas, las familias quieren contar su historia y ser escuchadas. Estamos siendo rebasados por la violencia", reconoció Imelda Marrufo.

La Red construye un movimiento de víctimas de violencia en los norteños estados de Chihuahua, al cual pertenece Juárez, Zacatecas y Coahuila, para documentar casos de asesinatos y desapariciones y denunciar la falta de investigación y la impunidad imperantes.

Sus datos indican que 310 mujeres fueron asesinadas en Juárez en 2010. Este año han muerto 200.

Un informe del Parlamento Europeo sobre la situación en México habla de 230,000 desplazados de sus hogares a causa de la violencia.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Ernesto y su vida con OI en Los Angeles(1)


Por Alfredo Santana

Al cumplirse el cuarto aniversario de que mi hermano Ernesto nos dejó en esta tierra, he recolectado datos valiosos en relación al trabajo que el atendía, y estadisticas relacionadas con personas en los Estados Unidos que viven con Osteogénesis Imperfecta (OI).

Ernesto trabajó por varios años como tutor de inglés como segundo lenguaje, (ESL) en el Centro Educativo de la Comunidad, adjunto al colegio comunitario de la ciudad de Pasadena, o Pasadena City College. Si la memoria me es fiel, Ernesto comenzó su labor como instructor/tutor allá entre los años 1997 o 1998. En ese entonces, el trabajaba a veces dos, o hasta tres veces por semana, con horarios de entre cuatro, hasta seis horas por día.

La mayoría de estudiantes con quien Ernesto trabajaba eran inmigrantes. Ellos eran, y siguen siendo aún hoy, 2 de noviembre del 2011, jovenes que tienen poco tiempo de haber inmigrado a Estados Unidos, en concreto a la zona metropolitana de Los Angeles, y personas adultas, algunos de ellos con altos grados educativos provenientes de varias partes del mundo.

De estos migrantes profesionales que acudieron a la ayuda de Ernesto, se encontraron ingenieros civiles, contadores públicos de latinoamérica, algunos ex-miembros que tuvieron trabajos públicos en países del antiguo bloque socialista europeo, y otros de origenes africanos y de Asia.

Estudiantes de Vietnam, Rusia, México, Armenia, El Salvador, de sudamérica, Corea, y muchos otros se enrolaban en programas de ESL, y Ernesto les ayudaba con sus tareas, a trabajar en computadoras, y los aconsejaba en cuestiones de trámites escolares.

En varias ocasiones, él y yo platicamos sobre un caso en particular: un señor indocumentado de México que había estudiado, y trabajado en la ciudad de Monterrey como contador público, o arquitecto de naves industriales, para empresas ligadas al comercio global. Esta persona quería legalizar su residencia en los Estados Unidos, pero no podía, al no calificar por ninguna ley existente inmigratoria que se lo permitiera. Ernesto me contó que esta persona estudiaba en PCC, y trataba de revalidar algunas clases, para poder trabajar en lo que el sabía, de este lado.

Pero como tenía poco tiempo de haberse mudado a Los Angeles, pues necesitaba mejorar su inglés, en particular terminos técnicos aplicados a su campo, y modismos del lenguaje coloquial. Para mi es un misterio si esta persona vivía con familia acá, o llegó solo; igualmente desconozco los detalles del porque quizo emigrar. Solo Ernesto supo a fondo del caso.

Lo que si mencionó Ernesto fue que esta persona tenía ofertas de salarios muy buenos en Monterrey, salarios de varias decenas de miles de dólares. Al pasar algunos años sin poder lograr siquiera un avance en su situación migratoria, esta persona decidió volver a su país. Eso fue entre el 2003 y el 2005.


Cambios forzados
A partir del 2001, los horarios de trabajo de Ernesto fueron cambiando a medida que los fondos públicos destinados para la educación en California fueron disminuyendo. Igualmente, los salarios de mi hermano fueron recortados, en particular del 2000 al 2007. En tiempos mejores, especificamente durante los años de la presidencia de Bill Clinton, Ernesto llegó a ganar hasta $11 y $12 dólares por hora. Lo máximo que hizo en el 2007, fueron unos $8 por hora.

Igualmente, conforme los horarios de trabajo se redujeron, a la par de los salarios, los horarios fueron cambiando para mal. Ernesto comenzó trabajando por las mañanas y tardes. Los últimos días de trabajo que él sostuvo, tuvo que lograrlos los lunes, y otro día de la semana a designar, de entre 6 y 10 p.m. Mi hermano tenía que viajar en el tren de pasajeros subterraneo (subway), rumbo al trabajo, y de vuelta a casa.

Lo importante del caso es que durante todo el tiempo que Ernesto laboró para el Community Educational Center de PCC, el siempre estuvo estudiando, ya sea en PCC, o en el Departamento de Español en la universidad UCLA, ubicada al oeste de Los Angeles. En otras palabras, Ernesto tuvo trabajo de tiempo completo, entre el ser estudiante, y servir como tutor de ESL, y logró ganarse su salario dignamente, a pesar de la adversidad de la OI.

Ernesto y su vida con OI en Los Angeles(2)


Este punto es muy importante para personas como Ernesto, y para muchas que viven con discapacidades motrices, en particular para los inmigrantes. Ernesto sabía que, a pesar de las dificultades a las que se enfrentó en cuestiones laborales en Los Angeles, en latinoamérica la constante discriminación y la falta de infraestructura pública y de acceso jamas le hubiesen permitido siquiera lograr la mitad de lo que hizo en este país. Tanto en la escuela, y con su trabajo.

Además, Ernesto construyó un network, o un grupo de amigos que tenían mucho en común: eran compañeros del trabajo, conocidos de PCC, y amigos para socializar. Uno de ellos en particular, Quy Tran, otro inmigrante de Vietnam, fue un gran soporte laboral, y muy buen amigo que lo acompañó a fiestas, conciertos musicales, graduaciones, etc., hasta su partida. Quy estuvo con Ernesto en las buenas y en las malas.

Honestamente, yo llegue a pelear con Ernesto varias veces porque, yo creo que el salir de noche en transporte público era mayormente riesgozo para una personas en condiciones frágiles como él. Ernesto rechazaba esta posición. Me reclamó que no tenía porque meterme en su vida, ni en la de sus amigos, ya que él era quien seleccionaba con quien salía, y con quien hacia amistad. Sí, tuvimos broncas al respecto, pero él salió avante en ellas, a pesar del estrés y tragos amargos que le cause.


Desafios urbanos
Yo, habiendo nacido, trabajado, y deambulado en centros urbanos complejos, tanto en Los Angeles, como en latinoamérica, varías veces le mencione sobre el peligro que existía, y aún existe para una persona con discapacidades, el viajar del trabajo a casa a tardes horas de la noche. Particularmente en una ciudad como Los Angeles, étnicamente tan diversa, con grandes diferencias sociales, y acediada en las noches por pandillas en barrios latinos.

Por ejemplo, después de llegar a la estación de la Linea Dorada, o Gold Line del tren urbano de pasajeros en el barrio de Highland Park, lugar donde vivimos en esta ciudad, Ernesto tenía que conducir solo, en silla de ruedas, unos tres largos bloques cuesta arriba, para llegar a casa.

Highland Park es un barrio que tiene cerritos y cuestas por doquier.

Rumbo a casa, él tenía que pasar por varios complejos de apartamentos, algunos de ellos viviendas de muchachos que son conocidos por ser pandilleros, o que tienen antecedentes policiacos de haber violado ordenanzas al verse asociados para delinquenciar, o consumir y vender drogas.

Highland Park fue fundado por judios, italianos, anglosajones, y algunos mexicoamericanos que tenían buen dinero por los años 1870s. Actualmente, es un barrio cuyos residentes son mayormente mexicoamericanos, inmigrantes mexicanos, y anglos jovenes de recursos moderados que se han reubicado a partir de la década del 2000.

A pesar de esas adversidades mencionadas, Ernesto logró sobreponerse a esas, y otras curvas que le tiro la vida. Aunque algunas estuvieron más alla de su control. Estuvo a unos meses de lograr su diploma profesional en español de UCLA, y de no haber sufrido ese fatidico accidente en el minivan de Access Paratransit el 16 de octubre del 2007, por lo menos hubiera sido becado para estudiar, y lograr un trabajo como intérprete legal en cortes angelinas.


Adultos con OI en Estados Unidos
Como Ernesto, existen al menos unas 50,000 personas entre niños, jovenes y adultos en los Estados Unidos que viven con Osteogénesis Imperfecta, según indica la Fundación para la Osteogénesis Imperfecta en su página de internet www.oifoundation.org.

Hasta hace un par de años, solo existían tres clasificaciones científicas de casos para personas con OI. Hoy se definen ocho clasificaciones de OI, dependiendo de que tan severa, o sintomática la debilidad y fragilidad osea este presente en cada individuo.

Si bien no existe aún un conteo exacto de cuantas personas adultas viven con esta enfermedad genética que causa huesos frágiles en el esqueleto humano, en Estados Unidos se calcula que cerca de una tercera parte de estos son adultos mayores de 21 años. A pesar de la enfermedad, algunas personas han tenido hijos, aunque el riesgo de pasar los genes a la siguiente generación es del 50 por ciento.